De la estrategia del terrorismo manifiesto a la del exterminio soterrado, oculto, disfrazado, vergonzante

 

 

Al mismo tiempo que Franco desplazaba del protagonismo a Queipo de Llano, que la ocultación exterminadora sustituía a la propaganda terrorista, que se prohibía la entrada de periodistas a Badajoz, ocurrió un fenómeno absolutamente contradictorio. Badajoz está sumamente cerca de Portugal. Hasta entonces, los medios de desinformación masiva internacionales habían encontrado una audiencia sorprendentemente ávida de las macabras y sádicas noticias, que llegaban desde España. El Gobierno legítimo había mantenido una posición triunfalista, restando importancia a lo que ocurría, negándose a hacer propaganda del terrorismo fascista y, lógicamente, de los actos violentos, de venganza, de multitudes, grupúsculos o individuos enfurecidos, que tanto podían desprestigiar la causa republicana. De modo que Franco era la única fuente de este tipo de noticias, utilizando para ello los contactos de Luis Bolín, y los Luca de Tena en Marruecos, Gibraltar, Sevilla y Londres. Y se despacharon a su gusto. Fue un mes decisivo. El 21 de julio el Presidente Giral solicitó comprar armas, especialmente municiones, al Gobierno francés. Su respuesta, influida por los británicos, fue el cierre de fronteras: así es como las “democracias occidentales” respondían al fascismo, que veían más como un aliado contra la presunta “amenaza” comunista. La Historia ha demostrado la miopía, la ceguera, sobre la realidad palpable. Que el auténtico enemigo era muy distinto, sigue siendo muy distinto, del que se planteaban. Las publicaciones periódicas republicanas, sorprendidas por el inesperado avance fascista en Extremadura, mientras se congratulaban por la contraofensiva de los milicianos en pueblos de Jaén, Granada, Córdoba y Málaga, asumieron el macabrismo y el sadismo.

 

Así publicaron que, a la masacre de la Plaza de Toros de Badajoz, habían acudido caballeros respetables, damas y señoritas, eclesiásticos, frailes y monjas. Lógicamente los franquistas lo desmintieron: no que habían masacrado a los supervivientes, sino que había sido una fiesta pública. Esto contribuyó a desprestigiar la propaganda republicana. Pero, simultáneamente, atrajo una mayor atención sobre los auténticos hechos. Mario Neves (que, en 1985 recopiló sus artículos en el libro “A chacina de Badajoz”, que podría traducirse como “carne picada”, “butifarra” o “morcilla de sangre”) Berthet de Temps, Brut, fotógrafo de Pathé Newsreels, Allen, del Chicago Tribune, y Whitaker, del New York Herald Tribune, entre otros, pudieron editar su visión objetiva. De inmediato la opinión pública internacional comprendió que había sido engañada, por la propaganda fascista y por sus propios Gobiernos, desarrollándose un clima favorable a la República, en compensación por la credulidad anterior, con manifestaciones públicas y exigencia de apoyo a la democracia española, que, aunque no iban a cambiar la actitud diplomática internacional, sí iban a influir, a consecuencia de ello, en el alistamiento voluntario de una considerable cantidad de defensores de la misma, dispuestos a unirse a los milicianos españoles. No es extraño que, cuando los franquistas llegaron a Toledo, se prohibiese el paso a los periodistas. Así se tardaron muchos años en saber que los cien rehenes tomados por Moscardó no sobrevivieron el asedio del alcázar. O que doscientos milicianos heridos fueron degollados en el hospital. Los “liberadores” de Toledo llenaron sus calles de cadáveres. Se cuenta el caso de un vecino al que fusilaron por encontrársele leyendo “El Socialista”. En su progresión hacia Madrid se entretuvieron, dando tiempo a que las tropas de Mola fuesen derrotadas, arrasando pueblos, sembrándolos de horror y muerte, y escribiendo en sus paredes: “vuestras mujeres parirán fascistas”.

 

Queipo de Llano, que ya sabía el interés sexual que sus sádicas descripciones despertaba en su audiencia radiofónica, añadía a ellas la promesa al ejército africano de entregarles las mujeres de Madrid. Por Dios, el honor, la Patria, la justicia y el nacional-catolicismo. Comenzaba a equivocarse: pasada la etapa del golpe de Estado, en un ambiente de guerra, tales amenazas se volvían en contra de los fascistas, impelían a una defensa a ultranza. El periodista John T. Whitaker protestó al Comandante (que llegaría a ser Teniente General del ejército español) Mujammed Ben Missian, en Navalcarnero, porque sus mercenarios “regulares” estaban violando sexual y salvajemente a dos jóvenes, a lo que le respondió que no se enfureciera tanto, porque la iban a fusilar en menos de cuatro horas. El 19 de julio Franco prendió, lógicamente sin tener derecho a hacerlo, al Gran Visir de Tetuán, Sidi Ajmed El Gandia, la Cruz Laureada de San Fernando, la máxima condecoración militar española. En octubre decretó un aumento de la soldada para los mercenarios indígenas de Marruecos y a la Legión Extranjera, que “con tanto entusiasmo” se habían unido al “Movimiento”. De asesinos, habría que añadir. Tras la guerra, los mercenarios “regulares” marroquíes fueron declarados “cristianos honorarios”, quizás sin su petición ni consentimiento. Ya se comentó la activa participación de la intelectualidad en la llegada de la República. Si bien más tarde muchos de ellos se demostraron derechistas, incluso conservadores, como el propio Presidente Alcalá-Zamora, y llegaron a criticar lo que consideraron una deriva errónea de la República, los falangistas sentían por ellos un tremendo desprecio. En Granada fusilaron a cinco profesores de su universidad.

 

García Lorca, que tanto había colaborado con las “misiones pedagógicas” de la República, y había criticado la opresión de las fuerzas reaccionarias sobre los habitantes del mundo rural, se encontraba aquel verano en la casa familiar de la Huerta de San Vicente. Se sintió amenazado, por lo que pidió refugio al poeta falangista Luis Rosales, en la casa de su familia. Al parecer, sin que esto disminuya la responsabilidad de ninguno de los implicados, fueron los fascistas, desde Italia, quienes pidieron la muerte de García Lorca, conocido internacionalmente. Queipo de Llano lo comunicó al jefe de las escuadras terroristas de la Falange, Comandante Valdés, Interventor Militar, que se había hecho con el poder en Granada y autodenominado Gobernador “Civil” y Delegado de Orden Público, y ordenó fusilar al Gobernador Militar, General Campins. Quizás sea momento de hacer recapitulación sobre el comportamiento de la alta oficialidad. Seis de los ocho Capitanes Generales, 17 de los 21 Generales de División, 42 de los 59 Generales de Brigada, y los 6 Generales de la Guardia Civil, permanecieron leales al Gobierno. Dieciséis Generales fueron fusilados por los que decían representar el sentir del ejército, pero que tuvieron de su parte ni a la mitad del mismo. Mola se proclamó Jefe de la VI Región Militar, en Burgos, tras fusilar a Batet, su superior, y a Mena Zueco. Lo mismo hizo Queipo de Llano en la II Región Militar, en Sevilla, con Fernández Villa-Abrille y con López Viota. Saliquet, que estaba en la reserva, con Molero Lobo, en VII Región Militar, en Valladolid. También fue fusilado el Capitán General Salcedo Molinuelo, en la VIII Región Militar, en Galicia, que fue sustituido por un Coronel.

 

Como regla general fusilaron a todos los militares que se mantuvieron leales al Gobierno legítimo, lo que incluye a siete Generales y un Almirante, y encarcelaron a los que se mostraron dudosos, reos de “rebelión militar”, y a los marinos que obedecieron las órdenes del Ministerio de Marina, como amotinados: el mundo del revés, los sediciosos, los traidores asesinando a rebeldes y amotinados a los leales. Queipo de Llano informó a Valdés del domicilio donde estaba localizado García Lorca, sin saber que se trataba de la residencia de los Rosales. Valdés dio la orden al Tenientecoronel Velasco, de la Guardia Civil, tan denostada por García Lorca, y éste encomendó su detención al ultracatólico Ramón Ruiz Alonso, anterior diputado de la C.E.D.A., para quien García Lorca había hecho “más daño” con su pluma que otros con su pistola ¿Se referiría a los falangistas? El 16 de agosto fusilaron a Manuel Fernández Montesinos, alcalde de Granada y cuñado de García Lorca. Poco después, Ruiz, que tenía resquemor por allanar el domicilio de los Rosales, se entrevistó con Miguel, Jefe de la Falange. Este habló con García Lorca y le aseguró él que le acompañaría todo el tiempo que estuviese en el Gobierno Civil. Tanto es así que, cuando llegó Ruiz, que se había afincado en Granada en 1932, encomendado por Herrera Oria, futuro Cardenal, para fundar el diario Ideal, acompañado por Luis García Alix, Secretario de Acción Popular, Partido integrado en la CEDA, y el abogado latifundista de la Falange, Juan Luis Trescastro de Medina, García Lorca, en presencia de Miguel Rosales, le apretó las manos efusivamente, como si fuese su salvador. Ruiz comentó al historiador Ian Gibson que sabía quién era el responsable de la detención, pero que no lo delataría, ya que él era muy católico.

 

Mientras permaneció secuestrado un Guardia Civil le pidió un pagaré de mil pesetas (más de tres meses de un buen sueldo) por tratarle bien, que su padre atendió. Valdés tenía dudas sobre la determinación que debía tomar respecto del poeta, por lo que pidió confirmación telefónica a Queipo de Llano. Así lo hizo: “que le den café, mucho café”. Para algunos corresponde a las siglas de “Camaradas: Arriba Falange Española”. Yo creo que es parte del chiste “hay c’afeitarlos” referido a los toros enchiquerados. García Lorca pasó sus últimas horas con el maestro cojo Dióscoro Galindo González, otra víctima del odio fascista a la cultura, y los banderilleros anarquistas Joaquín Arcollas y Francisco Galadí. Un cura les informó que iban a ser fusilados, y les recomendó que se confesaran: sólo García Lorca lo hizo, en presencia de los demás. No podía haber imaginado el que colaboró con Luis Buñuel y Salvador Dalí en Un chien andalu, que iba a terminar en un ambiente tan surrealista: fusilado por la espalda, de noche, a la luz de los faros de un automóvil, por un camino entre olivos, cerca de un barranco, un poeta surrealista, después de haber confesado, flanqueado por un maestro cojo, llamado Dióscoro, que se desplazaba balanceándose sobre sus muletas, y dos banderilleros anarquistas, uno de ellos apellidado Galadí, con similitud con Gala y Dalí. El 18 de agosto Trescastro comentó en una taberna que acababa de matar a García Lorca, que le metió dos tiros por el culo, por maricón. Debió ocurrir en el barranco en el camino entre Víznar y y Alfacar, en Fuente Grande, donde fueron fusilados unos dos mil demócratas. En el crimen también estuvieron implicados el Capitán Fernández, Manuel Luna y los hermanos Roldán, que eran familiares de García Lorca, al que odiaban porque, al parecer, La Casa de Bernarda Alba refleja algún antecedente de su familia. Su certificado de defunción no indica la fecha, sino que murió por heridas causadas “por hecho de guerra”.

 

La intelectualidad, desorientada por la propaganda franquista, callada hasta entonces, se conmovió por este crimen como no lo habían hecho por otras docenas de miles de “seres insignificantes”: la muerte de García Lorca produjo la mayor reacción antifascista que nunca se había dado, preparando un cambio de tendencia que se materializaría tres años más tarde, tras la invasión alemana de Polonia. Ruiz murió en 1978 en Estados Unidos, en casa de su hija Mari Juli. Muchas veces se ha repetido que dejó un manuscrito, “Así se escribe la historia”, en el que relataba todos los detalles del asesinato y los orígenes de tal orden. Sin embargo, sus otras hijas, las actrices Enma Penella, Terele Pávez y Elisa Montés, siempre lo negaron. La población civil que huyó de Málaga por la carretera a Motril, ante el asalto fascista, fue bombardeada por la aviación y la marina de guerra. Pero, como prueba del plan de exterminio, lo que no lo hicieron no corrieron mejor suerte: en la primera semana asesinaron a 3.500 personas, que, cuando funcionaron los consejos de guerra, se juzgó a 20.000 personas en 100 días, fusilando a 3.000 de ellas. Pero ni siquiera esta pantomima de “juicio” colmaba el plan exterminador: hasta la fecha se han identificado 7.000 cadáveres, pero la cifra final puede triplicarlos. El cónsul británico de Málaga, basándose en estadísticas franquistas, informó, tardíamente, a su Gobierno, 1.005 ejecuciones perpetradas por los republicanos, 3.500 por los fascistas recién entrados en la ciudad, y 16.952 entre el 15 de febrero de 1937 y el 25 de agosto de 1944. En Valladolid se hacinó a los secuestrados en las cocheras de los tranvías, fusilando, diariamente, a decenas de ellos, a la vista de gentes de buena posición, de familias distinguidas, educadas, religiosas. Se instalaron cafeterías y puestos de churros, para que pudiesen comer, beber y hacer negocio mientras presenciaban el espectáculo.

 

Algo así como las viejas que se divertían haciendo punto o calceta mientras contemplaban, riéndose, la acción de la guillotina y cómo izaban al público las cabezas, que aún movían sus bocas, sin poder ya emitir sonidos, durante la Revolución Francesa. A finales de septiembre, el Gabinete de Censura y Prensa del Gobierno Civil de dicha ciudad, posiblemente por indicación eclesiástica, recomendaba a las personas piadosas que no formaran tal concurrencia de gentes, mientras la “justicia militar” procedía a la “vindicta (venganza) pública”, ni mucho menos llevasen a sus esposas e hijos. Aparte de ellos, las “patrullas del alba” falangistas perpetraron no menos de 914 asesinatos. Por todas las zonas ocupadas por los fascistas, en la retaguardia, los falangistas, en los coches de sus padres, muchas veces con ayuda de sus novias y hermanas, organizaban cacerías de “rojos”. Pero, en realidad, todos los criminales tenían ocasión de satisfacer sus instintos: bastaba disfrazarse con una camisa azul, con o sin el “cangrejo”, el yugo y las flechas rojas. Conforme la opinión pública internacional iba cambiando de criterio, de bando, crearon “tribunales militares de urgencia”. Lo que no significa que aportaran ninguna “justicia”, sino, simplemente, “justificación”. En Valladolid se “juzgó” a 448 acusados en menos de seis horas. El 29 de agosto el ABC de Sevilla publicaba un juicio masivo en el que se pedieron varias cadenas perpetuas, pero que “lo más seguro es que los fusilen a todos”, es decir, sentencias más graves (y económicas: una bala cuesta menos que el alojamiento) que las solicitadas.

 

En fecha tan tardía como 1967 el periodista Luis Bolín escribió que, habitualmente, los culpables “confesaban”, y que su defensa solía ser la misma: que habían sido engañados por agitadores “rojos” que les hacían creer que, eliminando a todos los que nos estuviesen de acuerdo con ellos (¿no era eso lo que hicieron los sediciosos?) quemando cosechas (¿cuántas cosechas se quemaron antes de la sedición militar, a cuántas cabían por fusilado?) y dedicándose al pillaje se establecería un nuevo orden en el que  no tendrían que trabajar. Si dichas “confesiones” existieron masivas no se las consideró atenuantes para evitar su fusilamiento. Se dice que el sacerdote que daba la extrema unción de los enfermos al General Narváez le preguntó si perdonaba a sus enemigos, a lo que respondió que no tenía ninguno, porque los había matado a todos. El franquismo estuvo muy próximo a conseguirlo. Sólo que la injusticia puede conseguir el amedrantamiento, el terror, el acobardamiento, la sumisión, pero no la convicción: la democracia resurgiría sobre la sangre de los martirizados, por más que, los que se oponen al curso de la Historia, siguen, al mismo tiempo, añorando y ocultando el pasado, “santificando” a los suyos al tiempo que niegan la justicia, el resarcimiento, a sus víctimas, sin insertarse en un mundo democrático, si arrepentirse de sus crímenes ni pedir que se les perdone por ellos, disfrutando de la amnistía y la negociación que se les concedió. Las investigaciones sobre la recuperación de la memoria histórica realizadas en 25 provincias, más otras cuatro parcialmente, en base a los Registros Civiles de los juzgados, de los ayuntamientos y de los cementerios, y, en algún caso, los que han sido accesibles militares y de la Guardia Civil, se ha llegado a computar 80.000 asesinados por el franquismo.

 

La mayoría son andaluces: casi 10.000 en Córdoba, donde apenas hubo resistencia, 8.000 en Sevilla (estudios posteriores apuntan a casi el doble) o 7.000 en Málaga, aunque, según algunos testimonios de la época y estudios estadísticos, podrían ser el triple. La provincia con menor represión fue Soria, con “sólo” 281 asesinados, casi tantos como en el ataque terrorista a los trenes de cercanía Atocha, en el año 2.004. Fue siempre una provincia conservadora, con muchos ricos, pero de comportamientos austeros, ascéticos, conservadores, de gran interiorización cristiana. Gentes silenciosas, que no gustan alardear de nada, que temen provocar la envidia en los demás, expresar sus opiniones políticas o ninguna otra cosa. Rehuyen las concentraciones urbanas y prefieren los disgregados y reducidos núcleos de población, donde todos puedan conocerse y saber qué puede esperarse de cada uno. Ni tampoco tener muchos empleados a su servicio: sólo en aquellos en cuya lealtad puedan confiar. Es lógico que, en semejante ambiente, quienes deseen emociones, nuevas oportunidades, terminen emigrando, lo que, a su vez, refrena la demografía y los cambios de comportamiento. Teniendo en cuenta que muchos asesinatos no constan en ningún registro, los desaparecidos, y una cifra semejante para las provincias en las que se ha eludido cualquier recuperación de la memoria histórica, se puede llegar a los 200.000 asesinados. Gonzalo Queipo de Llano y Sierra comprometió su palabra de honor y de caballero (¿un caballero que azuzaba a violar sexualmente a mujeres prometiendo la impunidad de los desalmados que lo hicieran?) que produciría, por lo menos, diez víctimas demócratas por cada una de los sediciosos, en un artículo publicado en La Unión, el 26 de julio. Es decir, pura represalia terrorista, fascista, como la que Israel comete, casi a diario, con la población palestina invadida y sojuzgada.

 

En la zona republicana la situación era muy distinta. La hija del anterior Jefe del Gobierno, María Casares, que trabajaba, junto con su madre, en un hospital en Madrid, escribió que una mañana encontró su automóvil manchado de sangre. Le preguntó al joven conductor que tenían empleado, quien se encogió de hombros mientras sonreía, como sin darle importancia, como divirtiéndose por lo que habían hecho, como si fuera lo más normal del mundo, como si le hubieran pillado en una travesura, en cierta medida considerándose superior al estupor de la actriz, y reconoció que, de madrugada, habían “paseado” a uno y no habían tenido tiempo de limpiarlo. Sin embargo la mayoría de los fascistas sobrevivieron a todo ello y, dos años y medio después, constituirían la “quinta columna”, que, según Queipo de Llano, se sumaría a las otras cuatro que se dirigían contra Madrid, para actuar desde dentro de la ciudad. La gente rica se escondía, se vestían de obreros para salir de Madrid, o se refugiaban en las embajadas, en las que, a comienzos de 1937, se hacinaban unas 8.500 personas. Llegaron a habilitar un edificio asemejando una embajada, que, en realidad, era una “Ch.K.”, en la que asesinaban a los que pedían refugio. El 22 de agosto llegó a Madrid la noticia del exterminio de 1.200 republicanos en la plaza de toros de Badajoz. Aquél mismo día Madrid fue bombardeada por los nazis, y los falangistas de la cárcel Modelo se amotinaron y la incendiaron, junto a un grupo de presos comunes. Los milicianos se dirigieron allí para imponer “orden”, lo que hicieron fusilando a 30 de los amotinados. Entre ellos a los falangistas Julio Ruiz de Alda y Fernando Primo de Rivera, y al conservador Melquíades Alvarez González-Posada, que en 1917 había colaborado con la huelga general revolucionaria para conseguir una nueva Constitución democrática, pero también con Primo de Rivera, aunque aconsejó a Alfonso XIIIº el retorno a la democracia, y participó en varias conspiraciones para acabar con la dictadura.

 

Aquella noche Azaña escribió en su diario privado que, a consecuencia de ello, estaba pensando dimitir. Ningún fascista albergó nunca ningún pensamiento semejante. Ni siquiera por los crímenes que ellos personalmente habían estudiado, maquinado y ordenado. En Barcelona se persiguió a los pistoleros terroristas de los “Sindicatos Libres” (católicos) y los somatenes, que habían asesinado a dirigentes sindicalistas, desde dos décadas antes, y a los patronos que los habían contratado, pero también a los encargados de fábrica, a los técnicos, a los esquiroles, sobretodo los de las huelgas del puerto y de los tranvías, y hasta a trabajadores católicos, tal vez afiliados a tales sindicatos “Libres”. Los anarquistas crearon “grupos de investigación” y “patrullas de control”, que, lógicamente, acabaron dirigiendo mentes criminales, predispuestas a ello, como Dionisio Eroles o Manuel Escorza, que crearon sus propias cárceles y confeccionaron listas de fusilables. También fueron anarquistas los que asesinaron a Desiderio Trillas, Secretario General de estibadores de UGT, que había impedido que se contratase en el puerto a afiliados a la CNT. Los directivos ácratas comprendieron las consecuencias que podría acarrear, por lo que se comprometieron a ejecutar de inmediato a cualquiera de los suyos que tomase venganza de tipo personal, aunque ésta de los estibadores era más bien colectiva. Los fascistas, en cambio, no hicieron el menor esfuerzo por evitarlo, en las zonas que tenían ocupadas. Así, cuando José Gardenyes, dirigente de la construcción, que pudo salir de la cárcel el 19 de julio, y Manuel Fernández, Secretario General del sindicato de alimentación, ambos de la FAI, se vengaron de quienes los denunciaron a la policía de Primo de Rivera, fueron ejecutados por sus correligionarios.

 

No se entendía por qué la República continuaba con formalismos procesales, jurídicos, que los anarquistas consideraban burocráticos, mientras los fascistas estaban exterminando en masa. No comprendían la diferencia entre un bando y otro, igual que actualmente los nuevos fascistas no comprenden que no se pueden utilizar métodos terroristas para pretender acabar con el terrorismo, porque lo que están haciendo es fomentarlo, justificarlo. Y, efectivamente, aún hoy en día los fascistas siguen “justificando” las atrocidades del franquismo por los crímenes que ellos mismos estimularon. Angel Ruiz, apodado “Luzbel”, organizó el ataque al buque-prisión Uruguay, fusilando a todos los dirigentes golpistas que allí había entre el 29 y el 31 de agosto. También se asesinó a unos 150 militares sospechosos de simpatizar con los sediciosos, a empresarios, al obispo Irurita y a 100 maristas, y otros 63 fueron entregados a la policía. La mitad de los asesinatos consecuencia de la rebelión militar, en Cataluña, se produjeron antes del 30 de septiembre. No obstante, entre septiembre de 1936 y abril de 1937, aún hubo 1.500 asesinatos más. A partir de los “sucesos de mayo”, cuando los anarquistas perdieron todo protagonismo, se suprimieron las “patrullas de control”, y la mayoría de las ejecuciones fueron causadas por sentencias de los tribunales populares constituidos para controlar la furia ciudadana: en Barcelona sólo se dictaron 40. Gran parte de los desmanes fueron consecuencia de que los anarquistas sacaran de la cárcel a delincuentes comunes, convencidos de que era un método represivo que no los rehabilitaba, sino que lo haría el ejemplo de la ética revolucionaria: podían quemar billetes de Banco intentando acabar con la ambición, pero la reeducación social es mucho más difícil, y sus resultados, comparables.

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