En pie de guerra

 

                        Entre el 5 y el 12 de marzo, el General Mola se había entrevistado con Orgaz, Goded, Kindelán, Saliquet, Franco, Varela, Galarza y Fanjul, entre otros, anunciándoles que estaba tramando una insurrección para el 19 de abril. Sin embargo José Díaz, Secretario General del PCE, dio cuenta en el Congreso de lo que conocía, obligando al Gobierno a tomar algunas medidas, como el arresto de Varela y Orgaz. Los liberales del Bloque Popular no tenían ningún interés en hacer tabla rasa de los represores, que eran también los golpistas, como exigía el PCE, puesto que estaban indecisos sobre si no les serían de utilidad para sofocar un nuevo intento de huelga general revolucionaria, como la de octubre de 1934. El 25 de mayo Mola envió la “Instrucción reservada nº 1”, en la que informaba que la insurrección no sólo sería militar, sino que contaría con los civiles afectos a la causa. Se supone que se refería a las escuadras terroristas de la Falange, a los carlistas, de los que Mola contaba con 8.000 requetés, completamente armados por Oriol, que formarían las columnas navarras durante la guerra civil, a los monárquicos y a la CEDA. “El Debate”, publicación periódica de Acción Católica, en la que participaba Gil-Robles, editó que, durante la República, se habían quemado 170 iglesias, asesinado a 269 personas, herido a 1.287, y se habían declarado 133 huelgas generales y 216 parciales, concluyendo que la situación era insostenible. En realidad, se computaban como iglesias incendiadas aquellas en las que se había chamuscado alguna de sus puertas, o quemado algunos montones de “ABC” o “El Debate” en sus escalinatas, junto con aquellas en las que ardió su mobiliario, incluyendo tallas y retablos, e incluso su artesonado.

 

    Se incluían entre los homicidios los producidos por delincuentes comunes, los asesinatos de los somatenes, la Guardia Civil, los pistoleros a sueldo de los empresarios o de los Sindicatos Católicos (“amarillos” o “libres”, según quienes los denominasen, que seguían la estrategia de asesinar a 10 por cada una de sus bajas, proporción de las represalias fascistas de Mussolini, que continuarían Queipo de Llano, Franco, Hitler y los israelitas hasta la actualidad; recibían apoyo del General Martínez Anido, Gobernador “civil” de Barcelona, que, como los 3.000 cargos designados por Primo de Rivera, añadían, a su salario de militar, una gratificación por los mismos, más las que se hacían aprobar por los organismos que controlaban; es lógico que tales militares odiasen a la República, que les había eliminado tales sobresueldos, reducía el máximo escalafón al que podían aspirar, e incluso los juzgó por colaboración con las dictaduras; y también del cardenal de Zaragoza, Soldevilla, que, además, los financiaba, hasta que los anarquistas acabaron con él) o los ataques terroristas de la Falange. Sin embargo no computaban los asesinatos de los obreros que participaron en la huelga general revolucionaria de octubre de 1934, que casi decuplicaban dicha cifra. Se sumaban las huelgas declaradas sin diferenciar el seguimiento que habían tenido, las que habían resultado un fracaso, una mera quijotada, con las que obtuvieron apoyo de los trabajadores. Todo ello suponiendo unos cálculos adecuados y no una mera invención. Parece increíble que aún haya quien continúe “justificando” la destrucción de cientos de miles de viviendas, fábricas, edificaciones empresariales, campos de cultivo, edificios públicos y monumentos, entre los que había iglesias, como en Guernica y Barcelona, por la exagerada cifra de 170 iglesias incendiadas. El 16 de junio Gil-Robles repitió dichas cifras en el Congreso.

 

    Calvo Sotelo no sólo le apoyó, sino que hizo apología de un futuro Estado español fascista, y vaticinó que los militares patriotas salvarían a España de la anarquía. En realidad no serían los patriotas, y, más que salvarla, lo que hicieron fue hundirla más en ella. El presidente del Congreso, Diego Martínez Barrios, le advirtió que tales manifestaciones podían ser malinterpretadas fuera del hemiciclo. Le respondió Calvo Sotelo enumerando injusticias que soportaban los militares, y de las que las publicaciones periódicas no se hacían eco en base a una supuesta censura. Entre tales casos incluyó al degüello de un guardia civil en una Casa del Pueblo de un pueblo de Córdoba, que no especificó. Al parecer se produjo entonces un intercambio de insultos entre Wenceslao Carrillo y éste, que el presidente del Congreso ordenó eliminar del diario de sesiones. Posiblemente tratando de sacar provecho político a la debilidad de Casares Quiroga, Calvo Sotelo le dijo que se compadecía de la carga que pesaba sobre sus espaldas, y le llamó burgués dirigente sindical, que lanzaba a los obreros soflamas revolucionarias. El Presidente del Consejo de Ministros le hizo responsable de cualquier conjura de militares, que, en base a lo que había dicho, debían ser amigos suyos, y señaló la mejora en el orden público, alegando que ya no había manifestaciones fascistas, brazo en alto, injuriando a los Ministros o pegando tiros. Algunas intervenciones mostraron la división irreparable a la que se había llegado, al entender las palabras del Jefe del Gobierno como partidistas, pidiendo su imparcialidad en una situación que podía llevar al país a la catástrofe.

 

    Replicó Calvo Sotelo que tenía anchas espaldas para soportar cualquier responsabilidad, interpretó que el Presidente del Consejo de Ministros lo había amenazado, aludiendo a la frase que atribuyó a Santo Domingo de Silos, de que la vida le podía quitar pero no más, que era preferible morir con gloria que vivir con vilipendio, y que la situación española podía asemejarse a la de la revolución soviética o a la revolución húngara. Indudablemente estaba teniendo contactos con los militares confabuladores y con Mussolini para, mediante un golpe de Estado, imponer el fascismo en España. Pero la debilidad de su partido político, Renovación Española, hacía difícil que fuese apoyado por éstos como futuro Presidente del Gobierno, por lo que aprovechaba la oportunidad para conseguir protagonismo, desbancando a Gil-Robles. Las fugas de las Juventudes de Acción Popular hacia la Falange le alentaban en dicha línea. Se ha repetido que “Pasionaria” gritó: “Este hombre ha hablado por última vez”. Ella siempre lo negó y no consta en el diario de sesiones, lo que tampoco significa nada, puesto que todo lo que resultara inapropiado o malsonante se acostumbraba a eliminar. Pilar Urbano publicó, en 1985, que Tarradellas le había dicho que se sentaba próximo a Calvo Sotelo y oyó tales palabras. Tanto el entrevistado como la entrevistadora siempre fueron anticomunistas. Aunque hay numerosas pruebas de la incontinencia verbal de Dolores Ibárruri. Dirigentes del PCE visitaron al Presidente de Gobierno y a varios Ministros para presentar pruebas de los preparativos golpistas, incluyendo a militares carlistas en Navarra, por lo que exigían una depuración el ejército. Casares Quiroga le respondió que veían sublevaciones hasta en la sopa, que Mola era leal a la República, y que los militares se mantenían en la más estricta disciplina, en la obediencia a su deber y al Gobierno legalmente constituido.

 

    Los mayores errores de Azaña los cometió en sus análisis respecto de los militares. Ni las advertencias del General Núñez del Prado ni de Prieto, en el que confiaba, le hicieron comprender el peligro de la sedición que se tramaba. Las escuadras falangistas recorrían en sus automóviles los barrios obreros de Madrid, disparando contra los transeúntes, mientras se atribuía a la izquierda los actos terroristas cometidos por ellas. Los carlistas publicaban falsos panfletos anarquistas, siguiendo la táctica de la Guardia Civil con el invento de la “Mano Negra”, de sesenta años antes. Se propagó que las monjas daban a los niños caramelos envenenados, tratando de excitar el anticlericalismo. José Antonio Primo de Rivera se dirigía a los militares, recordándoles lo que había ocurrido con los oficiales zaristas (se refería a los que iniciaron la guerra civil tras las elecciones de 1917 y 1921) y les prevenía que, si una juventud enérgica (lo que parece extraído del himno fascista italiano) decidía acabar con el Parlamento y tomar el poder, no cumplieran con la formalidad del deber, malogrando la única esperanza de acabar con el atraso, la vida miserable y la injusticia (sólo un mes después los militares que cumplieron tal deseo, y no su deber, así como la Falange, demostrarían qué consideraban acabar con el atraso, la vida, la miseria y la injusticia) sino con el otro deber, glorioso, de presentar las armas a las banderas de la mejor España. De los 100.000 hombres que contaba el ejército español, sólo los 30 ó 40.000 desplegados en Marruecos, fogueados en combate y endurecidos a fuerza de soportar miserias, tenían verdadero adiestramiento, preparación militar y armamento adecuado. Sólo la mitad del ejército vestía el uniforme reglamentario. Muchos reclutas no conocían el manejo de los fusiles y ejercían como asistentes de los oficiales o mano de obra forzada, incluso en Africa, a pesar del peligro de los ataques de los resistentes a las fuerzas de ocupación. España no tenía una industria militar digna de tal nombre.

 

    Quizás por miedo a los levantamientos militares, en la península no había munición ni para un día de combate. No había artillería anti-tanque ni anti-aérea. Los pocos tanques que había, suministrados por Francia, sin el debido análisis, evidentemente de modelos antiguos, ya obsoletos para ella, cuando, en 1925, Abd el-Krim inició un devastador ataque, que extendió, imprudentemente, a las zonas de ocupación francesa, esperando decidir a las potencias europeas al abandono de dichos territorios, y que tuvo el efecto contrario, se encontraban en Marruecos. El General Mola planificaba meticulosamente, dada su personalidad, todos los detalles de la insurrección que ultimaban. Llegó a la conclusión, dada su personalidad, y así lo comunicó al resto de los conjurados, que la rebelión debía ser brutalmente violenta, sanguinaria, desde el primer momento. Todas las Armas del ejército, la aviación y la marina debían colaborar en ella. Todo el que se rezagara en ello, esperase a ver qué pasaba, se consideraría traidor y se tomarían represalias contra él. Sin embargo tal decisión no se le aplicó a Franco, que tardó un día en incorporarse a la sedición, o a Queipo de Llano, que se tomó unas cuantas horas. Pero ni Mola ni nadie estaban en situación de exigirles cuentas. Además, la fecha prevista, el día de Santiago, fue anticipada, porque habían sido descubiertos determinados participantes en Marruecos. Consideraba imprescindible que todos cometieran delitos de sangre para que no pudieran volverse atrás, para que no esperasen clemencia, como hubo con Sanjurjo y sus secuaces, para que persistiesen en el intento incluso si fracasaba inicialmente, como ocurrió. Era como el asesinato de Cayo Julio César, en el que todos los conspiradores debían hincar sus puñales, y enseñarlos, ensangrentados, a Bruto.

 

    En realidad era difícil que hubiera habido misericordia, después de la mortífera represión, con ensañamiento, torturas y violaciones, y la ejecución de 20 de las sentencias de muertes, habidas contra los participantes en la huelga general revolucionaria de octubre de 1934. En las comunicaciones secretas que se intercambiaban los conjurados, el General Mola se denominaba “El Director”; el General Sanjurjo, descendiente de militares carlistas, era “El Jefe”, porque estaba previsto que se convirtiese en dictador, si bien Calvo Sotelo esperaba que Mussolini y Hitler, que no tenían ninguna intención de apoyar un Gobierno de militares reaccionarios, le situaran, al menos, como Jefe del Gobierno; y el Tenientecoronel Valentín Galarza, “El Técnico”. El único que no parecía contar para nada era Gil-Robles, el que tanto había hecho por “crear ambiente” para una intervención militar. Siempre ocurre así: los que confían en los sables para que les ayuden se encuentran con que, si deben hacer el esfuerzo y correr el riesgo, terminan quedándose con la recompensa, no compartiéndola con los que se quieren pasar de listos. Y aún así, no terminan de entenderlo. Siempre hay algún tonto que pretenda que le ayuden los militares, sin dilucidar qué es lo que se arriesga ni quiénes serán los que saquen verdadero provecho. Lo mismo podría aplicarse a José Antonio Primo de Rivera, por mucho que contara con las simpatías de Mussolini y Hitler. Mola había estado destinado en Marruecos, donde preparó al ejército allí destacado para la insurrección. Por estas fechas se convenció a Queipo de Llano que se uniera a la conjura. Fue el penúltimo en hacerlo. Sólo Franco se retrasó más que él. Nadie podía esperar que Queipo de Llano hiciese algo así. Tenía antecedentes familiares liberales. Es cierto que había hablado mal del Gobierno, por lo que fue sustituido en la jefatura de la guardia personal y la Casa Militar de Alcalá-Zamora, del que era consuegro.

 

    Pero todo el mundo sabía que era un deslenguado, un bohemio, y que el vino se le subía a la cabeza. Tal vez la destitución del Presidente de la República, a mi entender plenamente constitucional, políticamente justificada, pero con argumentos tan absurdos como que no era necesaria la convocatoria de elecciones de febrero, tan inexplicable, precisamente por los que la habían exigido en las calles y sus publicaciones periódicas, le llevó a tomar la decisión. Se le adjudicó el objetivo de sublevar Valladolid, que, aunque no conocía su ambiente, era facilísimo de cumplir, si bien era de escasa relevancia. Tal vez porque no terminaban de fiarse de él. Para ayudarle a planificar tal acción encargó la colaboración al Tenientecoronel Cuesta Monereo, al capitán legionario Díaz Criado, que había fusilado, extrajudicialmente, a cuatro comunistas, afiliados a la CNT, por los sucesos de “Casa Cornelio”, en Sevilla, que permaneció escondido hasta que fue amnistiado durante el “bienio negro”, del que el PCE pedía depuración del ejército, y que sería cesado por Franco, tal vez para dificultar la eficacia represora de Queipo de Llano, que le convertía en un destacado rival (o porque se enterase que dejaba vivos a los presuntos demócratas si sus esposas o hijas se acostaban con él) y los auditores Felipe Acedo Colunga y Francisco Bohórquez. El 23 de junio Franco envió al Presidente del Gobierno una extrañísima carta, en la que le advertía que se tramaba un golpe de Estado, aunque sin delatar nombre ni circunstancias, y, en parte lo justificaba, indicando las condiciones en que podría evitarse. La interpretación de la misma es realmente rocambolesca. Quizás dudaba qué partido tomar, y pretendía que la respuesta de Casares Quiroga le empujara en un sentido u otro. Muy “a la gallega”. Tal vez esperaba que entrase en negociación con él, y quizás le pidiese el ministerio de la Guerra como precio por traicionar a sus compañeros.

 

    O por justificarse a sí mismo sobre lo que estaba tramando. O, posiblemente, para dejar una puerta abierta, si todo salía mal, para demostrar que él estaba del otro lado, que era el Gobierno el culpable por no haber seguido sus recomendaciones. Como ocurría siempre, cuando no recibía órdenes expresas: la duda, la indecisión, la incapacidad para afrontar riesgos. Apostar siempre sobre seguro. Que fuesen otros quienes los corrieran. Una ruta de escape siempre asegurada, como los más hábiles delincuentes. Franco, un hombre de muy escasa formación, estaba muy influido por los boletines de la Entente contre la Troisième Internationale, que leía, tomándose como ciertas las conjuras comunistas que permanentemente se inventaban. El estúpido Casares Quiroga ni contestó la carta, ni se puso en contacto con él, ni le exigió que formalizase una denuncia, ni lo apresó por no hacerlo, ni prestó mayor interés por lo que unos y otros coincidían en indicar. El General Mola remitió las órdenes detalladas para la insurrección, indicando que ocurriría entre el 10 y el 20 de julio. El 29 de junio, José Antonio Primo de Rivera, desde la cárcel, dio orden a la Falange, bajo la consigna “Covadonga”, de integrarse en la rebelión. Julio comenzó con una interpelación parlamentaria sobre la situación del campesinado. Era una nueva maniobra para atraérselos al bando fascista. Calvo Sotelo tomó la palabra atacando la reforma agraria y el reparto de tierras, enfrentando al campo contra la ciudad, que hizo ver que vivía a su costa. Es la estrategia de siempre de la derecha: dividir incluso cuando habla de la unidad, exacerbar la lucha de clases cuando habla de eliminación de la lucha de clases, exacerbar el independentismo cuando defiende la unidad, cuando defiende el colonialismo, o exacerbar el terrorismo haciendo responsables a otros de una derrota en la que ellos fracasaron.

 

    Añadió Calvo Sotelo que Marx se equivocó al enunciar el crecimiento constante del proletariado, hasta que una sola persona dominase todo el mundo, en cuyo caso la revolución socialista sería la única alternativa posible, porque lo que estaba creciendo era la clase media (¿qué es clase media? ¿es propietaria, rentista, o es trabajadora, asalariada?) que, al contrario de la antigua burguesía, que era liberal en lo político y autoritaria en lo económico, aquella era autoritaria en lo político y liberal en lo económico (aunque no se esté de acuerdo con semejantes planteamientos, son motivo de reflexión sobre el auténtico, profundo, fascismo, y cómo existe actualmente, aunque camuflado, sin uniformes, sin saludos identificables) y que en eso estribaban las “revoluciones” fascistas, al contrario que la revolución soviética, que hacía descansar en la compra de trigo barato a los campesinos y venta caro a los obreros. Les decía que el remedio para los campesinos no estaba en el Parlamento ni en los partidos políticos, sino en un Estado corporativo. Es decir, fascista. El Presidente del Congreso lo llamó al orden, respondiendo Calvo Sotelo, con un “he terminado”, con el que volvió a su escaño. La extrema derecha aplaudió el desplante, a lo que Martínez Barrio replicó, un tanto aturrullada y farragosamente, en el sentido de que si tales aplausos suponían corroborar que había que terminar con el parlamentarismo, que reflexionaran sobre cómo se produce dicho fin. Un diputado de la CEDA contestó que significaban un homenaje a la valía del orador, lo que originó un escándalo que el “ABC” “informó” como que la mayoría parlamentaria saltó de sus escaños para agredirlo, lo que impidieron los taquígrafos. El Presidente del Congreso ordenó la expulsión del diputado. Pero Gil-Robles amenazó con que la extrema derecha, en tal caso, abandonaría el Parlamento.

 

    Así que Martínez Barrio dio marcha atrás: una victoria de la violencia que los envalentonaría aún más. Según escribió Gil-Robles en “No fue posible la paz”, el socialista Angel Galarza tomó la palabra para hacer ver que, quien se había erigido como jefe del fascismo, pretendiendo acabar con el Parlamento y los partidos políticos, se hacía merecedor de la violencia, a lo que “Pasionaria” añadió “hay que arrastrarlos”. El Presidente del Congreso le reprendió indicándole que la violencia nunca es legítima, y menos aún en el Parlamento, por lo que se eliminarían sus palabras del diario de sesiones. El General Mola se impacientaba porque ni Franco ni los carlistas terminaran de decidirse. Sanjurjo llegó a decir que el golpe se daría “con Paquito o sin Paquito”. En parecidos términos (con ellos o sin ellos) en una carta conminatoria a los carlistas, Mola obtuvo resultado. Al parecer, Franco había pedido los nombres de todos los conjurados, había entrado en contacto con cada uno de ellos, les había obligado a reconocer su implicación y su compromiso de no volverse atrás, exigió una cuenta en Suiza para sufragar su “retiro” y un avión con autonomía suficiente para volar directamente a Londres, a donde envió a su familia, o con escala en Lisboa, si todo salía mal. Es decir, se consideraba la estrella, un “fichaje” para la conjura, un mercenario. Su hermano Ramón había pilotado hidroaviones De Havilland en Marruecos, comentándole sus envidiables características, especialmente la fiabilidad de sus motores, no muy frecuente en aquella época. Así que el periodista Luis Bolín, que había sido corresponsal en Londres, Luca de Tena y Juan De La Cierva se desplazaron a dicha ciudad para efectuar el alquiler, con dinero de Juan March. Se decidieron por un De Havilland modelo DH 89 Dragon, que no era hidroavión, pero en la versión Rapide, que alcanzaba más velocidad y autonomía. El 6 de julio firmaron el contrato.

 

A Franco se le encomendó la insurrección del ejército colonial en Marruecos, lo que no cumplió, como se comentará más adelante. Poco después replicó que de nada serviría la sublevación de las tropas de Africa si no se tomaba Sevilla, indispensable para que la amenaza desde Marruecos tuviese virtualidad, fuese operativa. Todos los conjurados consideraban que era un objetivo imposible, tras el fracaso de Sanjurjo por la reacción sindical. Es posible que fuese Franco quien exigiese que se le encargase a Queipo de Llano. El interesado refirió que “le habían largado el mochuelo”. Con tal premura de tiempo pidió a sus colaboradores que preparasen un nuevo plan para conquistar Sevilla. En 1935 se había creado la Unión Militar Republicana Antifascista por simpatizantes del PSOE. Se extendió, sobretodo, por la Guardia de Asalto y la Escolta Presidencial. Unos 200 de ellos tramaron la “operación Romerales”, y, a principios de julio de 1936, se desplazaron a Marruecos para secuestrar o asesinar a los golpistas. Pero fue descubierta y desmontada por Casares Quiroga el día 8. Los dirigentes de la U.M.R.A. le hicieron ver lo erróneo de su comportamiento, que Goded, Mola, Fanjul, Varela, Franco, Alonso Vega, Yagüe y García Valiño, entre otros, preparaban un golpe de Estado para el día 16. Aunque la fecha no era exacta, en conjunto no podían estar mejor informados. El Presidente del Gobierno volvió a repetir que eran sospechas infundadas. Entre el 11 y el 13 de julio los conjurados habían organizado unas maniobras militares en Marruecos. Con tal motivo se reunieron todos para ultimar detalles. Se ha repetido que fue en esas reuniones, o por el asesinato de Calvo Sotelo, cuando Franco se decidió a unirse a la conjura. Pero el alquiler del Dragon Rapide demuestra que tales sucesos no influyeron en absoluto, que ya había tomado su decisión.

 

El 12 de julio el Teniente de la Guardia de Asalto, José Castillo, miembro de la UMRA, cuando salía de misa de la iglesia de los Jerónimos, del brazo de su esposa, en pleno Paseo del Prado, recibió un tiro en la nuca. Era el segundo atentado terrorista contra un oficial del PSOE. Al parecer los falangistas se la tenían jurada desde los violentos enfrentamientos de mediados de abril. Algunos historiadores ponen sus sospechas en los carlistas, aunque no era habitual en ellos este tipo de terrorismo. El cuerpo fue expuesto en la Dirección General de Seguridad, donde numerosos amigos del difunto exigieron al Ministro de la Gobernación que se apresara a todos los miembros de la extrema derecha que pudiesen ser sospechosos. Como el Ministro se negó, aquella madrugada una camioneta de guardias de asalto, y algunos miembros de la “Motorizada” -organización militar de la parte de la Juventudes Socialistas proclives a Indalecio Prieto, que se negaban a integrarse en la Juventud Socialista Unificada- bajo el mando del capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, miembro de la UMRA e instructor de la “Motorizada”, se dirigieron a casa de Antonio Goicoechea, jefe de Renovación Española, y, por tanto, de la coalición Bloque Nacional, que no estaba en su domicilio. Era un objetivo erróneo, puesto que, al haber anulado el Congreso su acta de diputado, por irregularidades habidas en su elección, había sido completamente desbancado por su segundo, Calvo Sotelo, de mayor prestigio, elocuencia, decisión, más fascista, apoyado por Mussolini, y que al que “ABC” estaba haciendo una intensísima propaganda, tal vez porque los Luca de Tena, dueños de dicha editorial, preveían que fuese Jefe del Gobierno que reimpondría a Alfonso XIII, o a su hijo Juan, en el trono. Ante aquel primer fracaso se dirigieron a casa de Gil-Robles.

 

Era otro error, porque, por entonces, había sido completamente rebasado por Calvo Sotelo, que, aunque no contaba con un número significativo de diputados, se definía como fascista y encabezaba, ante la opinión pública, a la extrema derecha. Pero Gil-Robles estaba en Biarritz, Francia. Semejante cúmulo de errores y desinformación sólo puede demostrar que los organismos institucionales no estaban implicados, que todo obedecía a la improvisación y la ciega venganza de algunos individuos, influidos por el ambiente de violencia creados. Así que, finalmente, se dirigieron al domicilio de Calvo Sotelo, comunicaron a sus escoltas, que vigilaban en la calle, que iban a efectuar un registro, y a él que les acompañase a la Dirección General de Seguridad. Calvo Sotelo alegó el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio y a la inmunidad parlamentaria, a pesar de que, menos de dos semanas antes, había cuestionado el parlamentarismo y, por lo tanto, la Constitución. Una vez en la camioneta recibió dos tiros en la cabeza y lo dejaron bajo unos cobertizos, en el interior del cementerio. Algunos historiadores sostienen que fueron distintas camionetas, al menos dos, las que se dirigieron a los distintos domicilios de políticos de la extrema derecha aquella madrugada. A primera hora de la mañana, Condés contó a Vidarte, diputado del PSOE, lo que había hecho. Este le recriminó su comportamiento y le preguntó si tenía donde esconderse.

 

Respondió que lo haría en casa de la feminista Margarita Nelken (diputada del PSOE, miembro destacado de la Unión de Mujeres Antifascistas, que se había opuesto a otorgar el voto a las mujeres, como Victoria Kent, del Partido Radical Socialista y, más tarde, de Izquierda Republicana; combatió en los frentes de Extremadura y Toledo, y en la defensa de Madrid, se pasó al PCE, del que fue expulsada en 1942 por oponerse a su nueva política de Unión Nacional; dos años después moriría su hijo luchando en el ejército soviético) implicando al escolta de ésta en la acción criminal, aunque no hay constancia de que así lo hiciesen. Prieto, que estaba en Bilbao, volvió de inmediato al informársele de lo ocurrido. Se entrevistó con Condés, que, por entonces, ya era consciente de la magnitud del error cometido, y le comentó que estaba pensando suicidarse, a lo que Prieto le respondió que era una estupidez, que tendría sobradas ocasiones de morir, quizás en días o en horas. Efectivamente, pocos días después, Condés y el presunto autor de los disparos, murieron defendiendo de los carlistas y militares sediciosos el paso de Guadarrama hacia Madrid.

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