El Gobierno del Frente Popular

 

La CEDA era consciente, como el Partido Popular en el año 2.004, que se había enfrentado con todos, que su anterior socio de Gobierno había perdido cualquier confianza de sus electores (algo semejante le ocurrió a Convergencia y Unión Democrática por Cataluña, de Cataluña y sólo para Cataluña, tras sus pactos con los populistas, que, cuando consiguieron la mayoría absoluta, se evidenciaron como anticatalanistas) de modo que, para mantenerse en él, les era imprescindible la mayoría absoluta. Además era su objetivo, de cara a introducir “reformas”, más bien contra-reformas (semejantes a las del Concilio de Trento) como habían hecho los fascistas en Italia. Así lo pedía en su consigna electoral: “Dadme la mayoría absoluta y os daré una España grande” ¿Realmente esperaba ampliar las fronteras del país? ¿Un nuevo imperialismo? ¿A lo Mussolini? Un inmenso cartel en la madrileña Puerta del Sol, bajo un anuncio de Anís del Mono (que se basaba en una caricatura del siglo decimonono de un simio con la cara de Charles Darwin, el que demostró científicamente la evolución natural, y con el que Gil-Robles tenía un cierto parecido, como confirmación de que el hombre, ese hombre en cuestión, sí descendía del mono) mostraba la fea imagen de Gil-Robles, con el dedo extendido hacia abajo, apuntando a los ojos de los observadores (según la perspectiva desde la que se mirase, podían ser los calabozos de la Dirección General de Seguridad)  como la propaganda de alistamiento voluntario del Tio Sam durante la I Guerra Mundial, reproducía dicha consigna. Tal cartel, a mí me recuerda la respuesta y el gesto del Cardenal Cisneros, cuando se le preguntó con qué poderes se permitía tomar decisiones contrarias a la legalidad, contestando, mientras señalaba a los cañones emplazados en su Castillo privado: “¡Estos son mis poderes!”

Su propaganda “de mano”, en millones de folletos, expresaba que la victoria de la izquierda significaría el armamento de la canalla, incendio de Bancos y casas particulares, saqueos, reparto de bienes, tierras y mujeres. Como nada de ello figuraba en el programa electoral del Frente Popular, sostenían que había en dicho pacto cláusulas secretas. Es de comprender que, con tales infamias, no se pretendía un Gobierno democrático. Y que, en mentes obtusas, semejantes calamidades debían ser evitadas a toda costa, si no era posible mediante el voto, mediante el exterminio, como se hizo antiguamente con los herejes cátaros o albigenses, a los que se les acusó, con igual falsía, de pretender las mismas cosas. El sector de Largo Caballero había pedido la nacionalización de la tierra y la disolución del ejército, la Guardia Civil (peticiones especialmente anarquistas, que se iban a materializar, mejor o peor sólo unos meses más tarde) y las órdenes religiosas, con incautación de sus bienes. En 1935 la Alianza Obrera se posicionó por la confiscación y nacionalización (es decir, estatalización) de la gran industria, las financias, el transporte y las comunicaciones. En 1934 los liberales progresistas habían justificado la huelga general revolucionaria de octubre. La petición de amnistía para los implicados en tales hechos se interpretaba por la derecha como prueba de que intentarían repetirlo. No recordaban que ellos habían amnistiado a los colaboradores con las dictaduras, entre ellos al que fue desastroso Ministro de Hacienda de Primo de Rivera, Calvo Sotelo. No es extraño que latifundistas, la gran burguesía y a Iglesia Católica aportaran fondos para la infamante campaña de la derecha. Y que, tras tan arriesgada apuesta, al comprobar que los resultados no eran los que deseaban, inmediatamente comenzaran a preparar la reconquista violenta del poder.

La jerarquía eclesiástica llegó a bendecir al Bloque Nacional de Calvo Sotelo, igual que había bendecido los tanques, cañones, aviones y tropas que Mussolini enviaba a conquistar “Abisinia” -sin considerar que no eran infieles ¿infieles a quién? como propagaban, sino cristianos, aunque no católicos – proclamando que votarle era votar a Cristo. En realidad llevaba años propugnando la desobediencia al Gobierno, cuando no la insurrección, sin importarle que fueran de derechas, siempre que adoptara medidas contra sus intereses. Por ejemplo, al eliminar la República la financiación de la Iglesia Católica con cargo al presupuesto del Estado. Como los fieles preferían inversiones mejor garantizadas, más materialistas y rentables, el presidente de la conferencia episcopal, el Cardenal de Tarragona, Francisco Vidal y Berraquer, uno de los pocos eclesiásticos españoles de la época que podrían ganarse el sustento por sí mismos, puesto que había trabajado de abogado, propagador de Acción Católica, aunque se oponía a las rígidas y centralizadoras bases aprobadas por la Santa Sede, propuso un plan de solidaridad entre las diócesis, que fue rechazado furiosamente por las más ricas, las que tendrían que ceder parte de sus fondos: ni caridad ni solidaridad cristianas, que el Estado, bandido avaricioso, continuase quitando dineros a los pobres para dárselo a los ricos y a los curas, como hace actualmente. Largo Caballero, al que los comunistas llamaban “el Lenin español” -en parte para halagarlo, en parte burlescamente, puesto que, hasta 1934, no había leído ningún texto marxista ni leninista, y nunca llegó a hacer ninguna aportación teórica al socialismo- aparentemente se lo había creído, y se dedicó a realizar una incendiaria campaña electoral, en la que, entre otras cosas, llamaba a la eliminación de las clases medias. El PCE se oponía a tales excesos.

Dimitrov, secretario del KOMINTERN, había analizado que la situación española necesitaba una victoria de las fuerzas democráticas y revolucionarias contra el fascismo y la contrarrevolución, aislándolos del campesinado y la pequeña burguesía sobre las que se apoyaban. Ante las protestas comunistas, los más exaltados del PSOE hicieron el siguiente chiste: “Para salvar a España del marxismo vota comunista”. Que la estrategia del PCE había entrado en la adecuada senda de la implantación efectiva lo demuestra el hecho de que, desde los mil afiliados, si no menos, que contaba en 1931, pasó a 30.000 en febrero de 1936, a 50.000 en marzo, 60.000 en abril, 84.000 en junio, y llegarían a 100.000 en vísperas de la sublevación fascistas, de creer las cifras aportadas por ellos, superando los 60.000 del PSOE en tal fecha, frente a los dos millones, aproximadamente de UGT o CNT. El 16 de febrero se realizaron las elecciones más decisorias que nunca ha habido en España. Los resultados eran completamente inciertos. Quizás por ello, esperando aún una victoria de los “suyos”, el ABC publicó, al día siguiente, que el proceso había sido completamente limpio, sin huelgas, agresiones ni escándalos, con absoluta libertad. Conociendo los primeros datos, tres días después, tras una entrevista con Franco la en que éste le hacía responsable si permitía el paso al comunismo, Portela Valladares dimitió como Presidente del Consejo de Ministros. Tal vez intentaba con ello que se formase Gobierno antes de que se conociesen los resultados exactos, cerrando el paso al PSOE. Al día siguiente, 20 de febrero, las juntas electorales provinciales dieron a conocer los resultados: había habido un claro triunfador.

Con una participación del 72% de los electores, el Frente Popular obtuvo 4.654.116 votos, la derecha, 4.503.524, los liberales no adscritos al Frente Popular 400.901, y los nacionalistas vascos 125.714. Falange Española sólo consiguió 46.000 votos, menos de 1.000 por cada provincia, ya que, sólo en la de Cádiz, de donde era originario José Antonio Primo de Rivera, consiguió 20.000, pero ni un solo escaño. Había, por tanto, una gran equiparación electoral, con sólo unos 150.000 votos de diferencia a favor del Frente Popular, que no había conseguido la mayoría absoluta. Sin embargo había ganado en 37 circunscripciones y en todas las grandes ciudades, y, como la ley electoral, la misma que había llevado a la CEDA a la coalición de Gobierno en 1933, primaba con el 80% de los escaños a la lista electoral que superaba el 50% de los votos emitidos en cada circunscripción, resultaba que el PSOE obtenía 99, la CEDA 88, Izquierda Republicana 87, la Unión Republicana (fundada por el sevillano Martínez Barrios, como escisión del Partido Republicano Radical) 38, Izquierda Republicana de Cataluña (integrado en el Frente de Izquierdas catalán) 21, el PCE 17, el Partido Centrista (fundado por Portela Valladares, al parecer por encargo de Alcalá-Zamora) 16, el Bloque Nacional (alfonsista) 12, la Liga Regionalista Catalana 12, el Partido Nacionalista Vasco (mediatizado por las presiones vaticanas de que se integrase en el Bloque Nacional) 10, los tradicionalistas (carlistas) 10, y el Partido Radical, 5. En conjunto el Frente Popular obtuvo 268 diputados, de los que 158 eran liberales o incluso algunos conservadores, aunque demócratas (que se habían opuesto con todas sus fuerzas a la incorporación del PCE a la coalición electoral) y sólo 105 izquierdistas, incluso denominando como tales al ala derechista del PSOE, frente a 205 del resto de Partidos.

Esta proporción debe considerarse para comprender que la victoria era indudable, si se aceptaban las normas electorales -como lo fue la del PSOE en el año 2.004, por más que los poco demócratas sigan intentando imbuir la desconfianza en la democracia a quienes estén predispuestos a prestarles oídos- pero, desde luego, no era una composición parlamentaria adecuada para apoyar un proceso revolucionario, como algunos se negaban a entender. Al saberse la noticia los monárquicos acudieron a Gil-Robles para que diese un golpe de Estado, utilizando sus contactos con los militares, por haber sido Ministro de la Guerra. Sin embargo, un hombre lento de reflejos, no se atrevió a embarcarse de forma tan improvisada en tal envite. En cambio, mientras lanzaba protestas contra los ricos por haber reducido los sueldos, aumentado los arriendos y realizado desahucios, tan pronto como se vieron apoyados por una coalición de Gobierno de derechas, consiguiendo la impopularidad de ésta, pidió al Presidente del Gobierno que instaurase una dictadura, antes de que las multitudes se echasen a la calle. Al negarse éste, rebajó la petición, al menos a una declaración de estado de Guerra. Pidió Portela consejo y autorización del Presidente de la República, y los obtuvo, pero el Gobierno lo consideró injustificado, y sólo promulgó el estado de alarma, durante ocho días. Franco, Jefe de Estado Mayor Central, ilegalmente, sin competencias para ello, amplió la declaración a estado de Guerra en Zaragoza, Valencia, Oviedo y Alicante. Incluso intentó convencer al Presidente del Consejo de Ministros para que no entregara el poder al Frente Popular, ofreciéndole el apoyo del ejército. Parece ser que la oficialidad se negó a secundarle si no conseguían el compromiso de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. Azaña escribió en su diario privado que Franco había entrado en contacto con el Director General de la Guardia Civil, General Pozas.

Aún así el pueblo salió a la calle, repitiendo la reacción de júbilo del 14 de abril de 1931. En Madrid, encabezadas por “Pasionaria”, se dirigieron a la cárcel “Modelo”, y consiguieron de los funcionarios la liberación directa de los presos. Desconozco si estaban separados los comunes de los políticos o si, en el tumulto, se igualaron a todos. Tres días después, analizando la situación, mientras Martínez Barrios presentaba al Frente Popular como una “empresa conservadora”, El Socialista publicaba su decisión de hacer en España lo mismo que el comunismo ruso ¿Se refería a cometer los mismos errores? En tales circunstancias un Gobierno de coalición se presentaba manifiestamente dificultoso. Como mal menor Alcalá-Zamora ofreció el Gobierno a Azaña, quizás con la prohibición de que participase en él el PSOE. En realidad éste estaba tan dividido internamente que no hubiese podido prestarse a ello. Largo Caballero, comprendiendo que estaba en minoría, simplemente se opuso a que el PSOE participara en el mismo, aunque nadie se lo había pedido: trataba con ello de impedir un mayor protagonismo del sector liberal para el futuro. Así que el Gobierno contó sólo con miembros de Izquierda Republicana, que era la tercera fuerza electoral, y Unión Republicana, que sólo había obtenido 38 escaños. Si en el año 2.008 los pepero-populistas obtuviesen más votos que el PSOE pondrían el grito en el cielo, pidiendo democracia, si no consiguen formar Gobierno, como lo han hecho en las elecciones municipales. Y es que los demócratas ¿conversos? no comprenden estas cosas. Lo malo es que hay quienes le prestan oídos.

A pesar de tan moderada composición ministerial, los eclesiásticos se adelantaban declarando que los enemigos del catolicismo, dirigidos por la asociación mundial judeo-masónica (anticipando la denominación que Franco haría suya) les tenía declarada la guerra a muerte, y pedían la salvación de los peligros socialista (que no estaba en el Gobierno) y laicista cumpliendo el destino histórico de España mediante un choque entre el bien y el mal, la ciudad de Dios y la de Satanás. Es decir, ya estaban en pie de guerra, ya hacían propaganda de guerra. No es extraño que ardiesen iglesias. La derecha no estaba dispuesta a permitir otro “bienio reformista”, a pesar de la moderación del programa electoral del Frente Popular y la formación del Consejo de Ministros. Tras lo ocurrido en Madrid hubo amotinamientos entre los presos. Azaña se vio obligado a promulgar la amnistía, antes de que se constituyese el Congreso recién elegido. Podía haberlo hecho por decreto, pero prefirió acudir a la Diputación Permanente, aún formada por la anterior proporción electoral. Incomprensiblemente la CEDA prestó su voto favorable. Tal vez el convincente Azaña había logrado su apoyo, con el que quedaba más legitimado, evitando que se convirtiese en objeto de censura de la oposición. El día 23 se restablecieron la Generalidad de Cataluña y los ayuntamientos vascos y los dominados por el PSOE, o por partidos liberales que habían apoyado la huelga general revolucionaria de 1934, que habían sido suspendidos por los Gobiernos derechistas. Si Azaña cometió el error, cinco años atrás, de haber exigido excesivos sacrificios a unos militares corporativistas, que, antes que nada, se defendían a sí mismos, y a sus ambiciones personales, ahora, creyendo corregirlo, cometía el contrario, el de la indulgencia y tolerancia con los que sólo entienden el lenguaje de la derrota, la venganza y el escarmiento.

Así, tras sustituir en los más altos cargos a los más desleales por otros afectos, se conformó con trasladar a puestos alejados de Madrid a los considerados más peligrosos. De modo que Mola (por cierto, este apellido se corresponde con el nombre vulgar de una patología, por la que las células espermáticas se “clonizan”, duplicando sus cromosomas hasta 46, con carácter sexual femenino, pero ningún elemento genético de la madre, tras la muerte o en ausencia de un feto, produciendo una placenta invasiva que puede degenerar en cáncer de útero, o en órganos muy alejados, con metástasis) fue nombrado Gobernador Militar de Pamplona, Franco Capitán General de las islas Canarias y Goded de las Baleares. Estos cargos y organización territorial militar, anulados por el primer Gobierno republicano, habían sido restablecidos durante el “bienio negro”, y Azaña no se atrevió a volver a anularlos. Quizás prestendía con ello satisfacer las ambiciones personales de semejantes individuos. Pero los que sólo entienden de victorias y derrotas, de rendición y escarmiento, sólo podían interpretarlo como una prueba de debilidad, que les estimularía a mayores pretensiones. Con ello, en realidad, lo que estaba consiguiendo era dificultar su vigilancia por la policía y la inteligencia militar fieles a su juramento de fidelidad a la República, mientras ellos mantenían sus actividades conspiradoras mediante emisarios e intermediarios, incluso con llamadas telefónicas a su través. El PCE criticó en el Congreso tales nombramientos, específicamente, así como el incumplimiento del programa electoral en cuanto a la depuración de responsabilidades de los represores de la huelga gneral revolucionaria de octubre de 1934. Así se ponía de manifiesto que el Frente Popular no era una coalición cohesionada.

Pero esto no calmaría a los golpistas, puesto que significaba una muestra más de debilidad, que los comunistas, a los que atribuían un carácter dirigente en el Frente Popular, aunque sólo aportaron tal nombre y estrategia, y se comprobaba que no se atendían todas sus peticiones, constituían la organización más coherente, más persistente, tenaz, del mismo, apuntando directamente a los puntos neurálgicos de la reacción, a la estrategia más eficaz, y en contra de los intereses personales de los implicados. Es decir, se convertían en el objetivo primario a batir, además de acabar con la posible pretensión de acomodar a los golpistas con un inmenso sueldo, ya que significaba que el futuro del mismo podía estar en riesgo. Ramón Franco había obtenido dos escaños, como diputado de Izquierda Republicana de Cataluña, y por Sevilla, en una candidatura junto con Blas Infante, que no resultó elegido. Ramón Franco escogió la de Barcelona, ya que el PSOE denuncióa la andalucista, por pretender Estado Libre de Andalucía, por lo que ésta fue declarada ilegal, y él, que ya se había ganado muchos enemigos al criticar que se hubiese permitido la salida de España de Alfonso XIIIº, y que no se hubiese reprimido a los elementos reaccionarios, fue expulsado del ejército. En cambio nadie se oponía a las proclamas independentistas de catalanes y vascos. Todo esto lo explica Blas Infante en su libro “La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía”. Su esposa descubrió que mantenía una segunda familia en Barcelona, y fue de los primeros matrimonios en divorciarse en España. No revalidó su escaño en las siguientes elecciones. Lerroux le nombró agregado aéreo en la embajada en Washington, cargo en el que Azaña le mantuvo. Para resolver sus disputas internas, el PSOE convocó un congreso extraordinario.

Posiblemente Largo Caballero pretendiese recuperar la presidencia del Partido, a la que tuvo que renunciar acusado por los sectores derechistas del mismo, durante su encarcelamiento, por haber insuflado el desmadre al que llegó la huelga general revolucionaria de octubre de 1934. Es motivo de reflexión que Prieto consiguiese que en Asturias se desencadenaran los hechos más luctuosos de octubre del 34, que huyera del país antes de que todo terminase, para, posteriormente, acusar a Largo Caballero, mientras éste permanecía en prisión, sin posibilidad de replicar adecuadamente. Largo Caballero debía verse fortalecido, ya que sus seguidores, que, a pesar de su dimisión, seguían controlando la estructura del Partido, habían conseguido la mayoría de las candidaturas, de forma que el nuevo grupo parlamentario del mismo estaba dominado por él. Y todos ellos tratarían de adecuar las condiciones con las que integrarse en el Gobierno. Prieto debía tener muy claro que él sería Ministro con toda seguridad. Incluso que el PSOE, si se conseguía unificar criterios, podía exigir la presidencia del Consejo de Ministros, puesto que su Partido había resultado la primera fuerza electoral, y que no podía recaer sino en él, ya que los liberales, en circunstancias normales, no durante una guerra (in)civil, no apoyarían a ningún otro. Tras lo cual resultaría inevitable que consiguiese, antes o después, la presidencia de su Partido. El cántaro de la lechera lo quebró la insurrección fascista: dicho congreso extraordinario no llegó a celebrarse, y el PSOE continuó dividido hasta más allá de la muerte de aquellos dirigentes, hasta que Felipe González, Alfonso Guerra y Nicolás Redondo se escindieran del PSOE, denominado auténtico por los funcionarios de Adolfo Suárez, durante la continuidad del franquismo sin Franco, y fundasen el PSOE-Renovado, reconocido como PSOE por los funcionarios del franquismo post-franquista, antes de que diese comienzo la reinstauración democrática.

El PSOE y el PCE consiguieron la reactivación del Instituto de Reforma Agraria, a pesar de que, antes de las elecciones, no aceptó su inclusión en el programa de la coalición. Un triunfo para Largo Caballero, aunque su materialización quedaba a voluntad de los Ministros liberales. El 16 de marzo se hizo público que se incautarían, de nuevo, los latifundios de la nobleza presuntamente colaboradora con la “sanjurjada”, se prohibirían nuevos desalojos de labriegos arrendatarios y se anularían las represalias laborales, volviendo a sus puestos de trabajo, los implicados en la huelga general de octubre del 34. Es posible que todo ello fuese la compensación por no cumplir lo acordado sobre el enjuiciamiento a los asesinos represores en dicha huelga general, por mantener los nombramientos de Franco, Goded y Mola. Otro triunfo para Largo Caballero y los sectores izquierdistas, nueva dosis de ilusión para los trabajadores, en unos tiempos en los que la República iba a necesitar de apoyos mayoritarios para mantener su supervivencia, y las de cientos de miles de personas. Pero también la propagación, entre unos y otros, de que la revolución era posible, que los trabajadores podían conquistar el poder. Algunos, incluso, pensaban que, con el Frente Popular, ya lo habían tomado, ya habían hecho la revolución. Para la derecha era la confirmación de que la democracia, el sufragio universal, era un peligro, era dar la oportunidad a los trabajadores, a la mayoría, de que conquistaran el poder y lo empleasen en su beneficio, en contra de los intereses de los que siempre lo habían detentado y aplicado en su particular provecho.

Y esto no podían consentirlo: había que acabar con la democracia, con un voto que no podían controlar, que ponía en peligro su poder, que les podía apartar de él si su comportamiento no les gustaba, que pudiera mermar su dominio y su generación de ganancias. Los que tienen alma fascista aún siguen pensando así. Porque ser demócrata es, antes que ninguna otra cosa, aceptar el riesgo de la derrota sin recurrir a la violencia. No pueden, por tanto, serlo, quienes anteponen su ambición, personal, familiar o de clase, por encima de cualquier otra consideración. Es posible que todas las referidas medidas tratasen de reactivar la actividad económica. Las inversiones privadas habían retrocedido hasta niveles de 1913, lo que no había tenido peores consecuencias porque los Gobiernos progresistas habían compensado tal decaimiento con inversiones estatales. Juan March, que acumuló su inmensa fortuna contrabandeando tabaco desde su monopolio del mismo en Marruecos, cuya concesión le fue otorgada por medio de Calvo Sotelo, había escapado de la cárcel haciéndolo de España, antes de que pudiesen llevarlo a juicio. Desde el extranjero especuló contra la peseta y financió a los golpistas. Muchos empresarios actuaron de forma parecida, dispuestos a acabar, de una u otra forma, con la República, que tan distinta de las dictaduras se les aparecía respecto de sus intereses. Al verse apoyados por las medidas anunciadas por el Gobierno, en el que seguían sin estar representados ni los anarquistas ni los comunistas, ni siquiera el PSOE, cuyo ala izquierdista dominaba en la UGT, por lo que no se sentían responsabilizados respecto del mismo, los sindicatos elevaron inmediatamente sus peticiones salariales. Quizás pretendiendo colaborar en el desorden, desprestigiar al Gobierno y a la República, o, simplemente, no crear antecedentes para otras peticiones en otras empresas, los patronos se opusieron a las mismas, de forma que las huelgas se hicieron inevitables, afectando a extensos sectores.

Algunas empresas reaccionaron, por las mismas razones, con cierres patronales, a lo que los obreros respondían, en muchas ocasiones, ocupando las empresas y dirigiendo su producción, en un ambiente que cada vez parecía, tanto para unos como para otros, más factible a la revolución. Se produjo una inflación de precios, con quiebras de empresas y aumento del desempleo, y la peseta volvió a devaluarse, lo que iba a tener un muy pernicioso efecto en la compra de armas, sólo unos meses más tarde. Mientras tanto, la Falange, fiel a su estrategia del pistolerismo, fomentaba los tiroteos callejeros, los asesinatos y desórdenes públicos, con la intención de provocar la intervención militar. En tal ambiente las organizaciones izquierdistas crearon sus milicias. Realizaban desfiles, a veces uniformados, a veces armados. La exhibición pública de armas se hizo habitual, tanto de uniforme como de paisano. Documentales cinematográficos de la época muestran escenas vergonzantes, de personas que no sabían ni sostener un fusil sobre el hombro, carentes de la menor preparación militar, que pretendían imitar a las compañías de honores o las bandas procesionales de Semana Santa, sin ninguna habilidad desfilando, en las evoluciones en formación, como si no hubiesen hecho el servicio militar, obligatorio, en aquella época, de tres años de duración. Tal vez, a los destinados en Marruecos, sólo se les empleaba para construir carreteras o barracones, no para que parecieran un ejército, que ni siquiera les entregaba uniformes dignos de tal nombre, sino una apariencia de pordioseros. Todo ello en un ambiente jocoso ante las cámaras, demostrando la irresponsabilidad con la que se comportaban, desconociendo la trascendencia de lo que ocurría. La prensa proclive al golpismo favorecía el ambiente explosivo.

ABC publicaba que hordas asesinas e incendiarias capitaneadas por extranjeros de faz mongólica intentaban imponer la dictadura del proletariado, que el país era ingobernable, inflando la cifra de asesinatos políticos al considerar como tales los crímenes comunes. Calvo Sotelo, sin preocuparle que le denominaran fascista, propagaba que ni la democracia ni el parlamento servían para nada. A los oficiales del ejército se les llamaba cobardes, en público, por no atreverse a derrocar al Gobierno, lo que iba creando el ambiente propicio. Falange Española, un grupúsculo casi desconocido hasta antes de las últimas elecciones democráticas en muchos años, hacía públicas algaradas. Recibía 10.000 pesetas mensuales de Renovación Española y 50.000 liras del Gobierno fascista italiano, además de las aportaciones del Banco de Vizcaya y de Juan March. Habían pedido un millón de marcos a Hitler, pero éste se lo denegó, porque consideraba que sería dinero perdido: no les vaticinaba ningún futuro a quienes no consiguieron ningún significativo apoyo electoral. Sin embargo estaban creciendo con gran rapidez. En la primavera de 1936 llegaron a los 30.000 afiliados, de los que la mitad eran católicos que abandonaban las Juventudes de Acción Popular, buscando más acción y menos retórica, que no les había servido para que la CEDA se hiciese lo bastante popular como para que ganase las elecciones. No se definían como Partido, sino como “movimiento”, quizás para justificar su derrota en las elecciones, y su propaganda de que todos los Partidos (excepto ellos) debían prohibirse. Tampoco aceptaban ser de derechas, ni, lógicamente, de izquierdas, sino que se proclamaban de centro. Una muestra más de su desconocimiento de cualquier realidad política.

Siguiendo los antecedentes fascistas y nazis criticaban la bancarrota social del capitalismo y las condiciones de vida de los trabajadores, y pretendían acabar con la lucha de clases con un sistema totalitario, autoritarista, que impusiera sus decisiones a patronos y obreros por igual. Pero rechazaban el marxismo como ideología extranjera ¿Era más español el fascismo? Para ellos, en las anteriores elecciones había ganado Rusia, el comunismo mandaba en las calles (¿ellos no?) incendiando centenares de casas, fábricas e iglesias, asesinando a mansalva, destituyendo y nombrado autoridades. La peculiaridad de la Falange era incorporar la visión conservadora, lógica herencia de quien defendía la política de su padre, el dictador Primo de Rivera. sin embargo, intentando lograr adeptos de donde fuera, igual ensalzaba a Indalecio Prieto que a la CNT. De hecho la bandera de la Falange repetía los colores negro y rojo de los anarquistas, y su uniforme, muy simple y barato, sustituía la camisa negra de fascistas, imitadores de los mafiosos, según la moda de los años 20, y nazis, por el color azul propio de los mecánicos, que tanto usaban los anarquistas. Sólo que ellos en “monos” de trabajo, también arremangados y sin corbata, pero no con pantalones de vestir, que era el elemento de distinción, señorial, de los falangistas. Su carácter aristocrático, fuera de las acciones terrorista, lo demuestra las cenas mensuales, en honor a Carlomagno (nuevamente la megalomanía, el espíritu imperialista) en el Hotel París, en la Carrera de San Jerónimo, todos de riguroso traje para fumar (en inglés, smoking dress) José Antonio Primo de Rivera, Sánchez Mazas, Ridruejo y Foxá.

Este último escribió una novela en 1938 en la que muestra su repugnancia hacia los enfermos, los feos, los torpes, los cojos, los gitanos, los negros cabareteros, las mujeres jorobadas, los estudiantes mal alimentados, los maestros amargados, los poceros y los trabajadores de mirada estúpida, que paseaban con banderas siniestras: posiblemente estaba justificando su exterminio, su genocidio, igual que hacían en Alemania. Sólo que en España nunca se ha reconocido. Luis Bolín, futura mano derecha de Franco, por entonces corresponsal de ABC en Londres, negoció para la Falange grandes cantidades de metralletas, que no llegaron antes del 18 de julio, y otros abastecimientos armamentísticos. El 10 de marzo los falangistas realizaron otro de sus ataques terroristas, contra el profesor Luis Jiménez de Asúa, diputado del PSOE, en el que resultó asesinado el policía de su escolta. El 14 de marzo los falangistas llevaron a cabo otro de sus atentados terroristas, contra Largo Caballero, que fracasó. José Antonio Primo de Rivera se entrevistó con Franco en casa del cuñado de éste, el diputado de la CEDA Ramón Serrano Suñer. El 15 de marzo Falange Española fue declarada ilegal por el Gobierno, y José Antonio Primo de Rivera fue detenido y encarcelado, al encontrársele un arma para la que no tenía la necesaria licencia.

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