El Frente Popular

 

Por todo lo anterior, durante 1935, el PCE se constituyó en el referente de la izquierda. Quince años después de su fundación, con sólo un diputado en el Congreso, y en la ilegalidad. Y así continuaría durante 47 años, hasta que el fallido golpe de Estado de Tejero consiguiese la mayoría absoluta para el anticomunista Felipe González. Largo Caballero había dedicado su estancia en prisión a leer, por primera vez, obras de Lenin. Allí fue a verle, en varias ocasiones, Jacques Duclos, representante francés de la KOMINTERN. Cuando fue puesto en libertad hizo alardes de sovietización. Es posible que sólo fuese una pose, un intento de ganar apoyos entre las cada vez más radicalizadas Juventudes Socialistas y los sectores más acusadamente marxistas del sindicato y del Partido, con la intención de recuperar el poder perdido. En diciembre de 1934, Azaña fue declarado exento de ninguna responsabilidad penal. Era una situación semejante a la de marzo de 1931, cuando se absolvió al “comité revolucionario” del levantamiento de la guarnición de Jaca, lo que situó a Alcalá-Zamora, su presidente, en la mejor posición posible ante la opinión pública. Ahora era Azaña el que recibía tal “beneficio”. En marzo de 1935 reanudó su actividad parlamentaria. En abril de 1934 había comenzado a pergueñar una coalición política con la que conseguir la mayoría, integrando su propio Partido, Acción Republicana, con el Partido Radical-Socialista Independiente (el ala más radical del Partido Radical-Socialista) de Marcelino Domingo y Alvaro de Albornoz, la Organización Republicana Gallega Autónoma, de Santiago Casares Quiroga, y determinadas personalidades, como José Giral o Victoria Kent, bajo el nombre de Izquierda Republicana, que sería el referente del liberalismo progresista, actualizado, con dosis obreristas, apoyando al Gobierno republicano hasta su disolución, en 1977.

En abril de 1935, con el objetivo de superar a la CEDA, integró a su nuevo Partido en una coalición con Unión Republicana y el Partido Nacional Republicano. A partir de mayo comenzó una campaña de multitudinarios discursos, para diluir la visión populista de la CEDA. Así lo hizo en el campo de Mestalla, en Valencia, o en Bilbao. Mientras tanto el PCE continuaba llamando a la constitución de un Bloque Popular Antifascista, reiteradamente, tras los nuevos y peligrosos nombramientos en el Ministerio de la Guerra. Tanto el PSOE como Izquierda Republicana lo rechazaron, considerando especulaciones fantásticas inventadas en Moscú, las elucubraciones comunistas de que Franco estaba preparando una dictadura militar. Sin embargo, a comienzos de aquel verano, el PCE y las Juventudes Comunistas constituyeron el Frente Popular, en el que se integran el Partido Republicano Federal, Izquierda Radical Socialista, la Juventud de Izquierda Republicana, la Confederación General del Trabajo Unitaria, nueva confederación sindical fundada por los dirigentes comunistas que habían sido expulsados de la UGT y la CNT, y las Federaciones Tabaquera y de Trabajadores de la Enseñanza, y el Sindicato de Empleados del Estado, pertenecientes a la UGT, entre otros. Aunque la prensa obrera seguía prohibida, los discursos multitudinarios de Azaña habían abierto una brecha que el Gobierno represivo no pudo cerrar. Así, en junio, José Díaz, en una reunión también masiva, en el Cine Monumental de Madrid, hizo público el programa del Frente Popular, y, ya que todos los dirigentes del PSOE, incluido Largo Caballero, habían declarado, en sus respectivos juicios, no tener responsabilidad de los hechos de octubre anterior, la asumió para él y su Partido.

Era una declaración oportunista, que el fascismo utilizaría como justificación del “peligro comunista”, pero que impulsaba un cambio de actitud frente a tanta irresponsabilidad, y que trataba de buscar compensaciones por ser el único Partido que continuaba sufriendo las represalias de la derecha. Durante más de veinte años el PCE continuó con el mismo programa, hasta que Santiago Carrillo lo sustituyó por la estrategia de la reconciliación nacional, que todo el mundo ha reconocido que fue el fundamento del retorno a la democracia, en lo que habían fracasado el Gobierno republicano en el exilio, el PSOE, los liberales y los monárquicos. Su aceptación, sin embargo, no supuso para el PCE ningún reconocimiento, sino, al contrario, la pérdida de su preeminencia entre los españoles. Es lugar común considerar que el PSOE estaba dividido en 1935 en dos claras tendencias. Los comunistas analizan tres sectores distintos. Yo distingo cuatro. El primero, el más derechista, lo encabezaba Julián Besteiro, tan admirado por Felipe González, era completamente minoritario y estaba desprestigiado por su relación con Primo de Rivera, lo que, curiosamente, no afectó a la popularidad de Largo Caballero. Es difícil visualizar este grupo porque, habitualmente, se dedicaba a apoyar a Prieto, y a empujarle hacia posiciones aún más a la derecha. Sin embargo, en momentos cumbres, decisivos, actuó por cuenta propia, con desastrosas consecuencias. El segundo, casi mayoritario, dirigido por Prieto, propugnaba una alianza con los liberales, como la que había traído la II República, y los fructíferos gobiernos provisional y constituyente, del “bienio reformista”, como si nada hubiese sucedido.

El tercero, que, sucesivamente, tomaba o perdía el control del Partido, según las alianzas de los demás, lo personalizaba Largo Caballero, y mantenía, desde siempre, el criterio de que la victoria electoral precisaba del apoyo tanto de la UGT como de la CNT, por lo que proponía planteamientos radicales, en muchos casos incoherentes y demagógicos. El cuarto también es difícil de precisar, sobretodo porque no mantiene ninguna figura sobresaliente, estable. Durante algún tiempo formó parte de él el Dr. Negrín. También Santiago Carrillo, entonces Secretario General de las extremistas Juventudes Socialistas. Se distinguía por asumir el planteamiento comunista del Bloque Popular Antifascista y, posteriormente, del Frente Popular, no tanto por la radicalización producida en el PSOE como consecuencia de la derrota electoral de 1933 y el inicio del “bienio negro”, sino por comprender que era necesario implicar a verdaderos aliados de izquierda, para no verse arrastrados por las exigencias de los liberales, a los que los prietistas estaban predispuestos a prestar oídos, y que, dado su fraccionamiento, podían resultar inestables, como ya había ocurrido en las relaciones con el Partido Republicano Radical, para resistir el peligro que suponía la CEDA, en lo que todos, salvo el grupo de Besteiro, coincidían. Si no se entiende la existencia de este cuarto grupo, y el poder que pudo llegar a aglutinar, sólo se puede explicar el acuerdo del Frente Popular como una conversión al comunismo de Largo Caballero, algo completamente alejado de la realidad. El Gobierno trató de privilegiar al sector más derechista, permitiendo que Besteiro editase una publicación periódica, Democracia, mientras continuaba la prohibición sobre las ediciones obreristas.

Así, cuando Azaña, en su discurso en el campo de Comillas, en Madrid, en octubre, ante 300.000 asistentes, expuso sus planes para una gran coalición electoral, que incluiría a la izquierda, posiblemente estaba pensando más en Prieto, en una repetición, sin más, del pacto de San Sebastián, que en la lucha interna que libraba, soterradamente, el PSOE. Los comunistas comprendían perfectamente todo lo que se podía extraer de positivo de tales planteamientos. Incluso mantienen que, a tal reunión, acudieron sus militantes, propagándola entre sectores obreros, para conseguir una demostración de masas que ensombreciera a las que la CEDA realizaba, y a los intentos de ésta de obtener el apoyo de los pequeños campesinos. Algo difícil de demostrar. Los holandeses Strauss y Perl habían patentado una ruleta trucada, que instalaron en San Sebastián. Pero el Gobernador Civil la prohibió. Prieto, por entonces en Ostende, parece que tuvo conocimiento de los reproches de Strauss, que había sobornado al hijo adoptivo de Lerroux y otros políticos de su Partido, para lograr las oportunas licencias, y que le recomendó que lo comunicara al Presidente de la República. No podía acudir a los tribunales haciendo valer un derecho de soborno sobre unos permisos que eran ilegales. Tampoco a Lerroux, lógicamente. Ni a la CEDA, que necesitaba de éste. Según fuentes derechistas, que pretenden, además, darle una apariencia de conjura, Prieto contactó con Azaña, indicándole que informara a Alcalá-Zamora que haría públicos los hechos si no se castigaba adecuadamente a los culpables. De ser veraces tales planteamientos, que no aparecen en el diario personal de Azaña, posiblemente lo que se pretendiera fuese forzar a los Presidentes del Consejo de Ministros y de la República a un cambio de alianzas, sustituyendo la CEDA por una coalición de liberales y PSOE, como la existente durante los 7 primeros meses de la II República.

Lo cierto es que el tema llegó  al Congreso. Es lo que popularmente se transformó en “estraperlo”, por el apellido de los personajes implicados, llegando a simbolizar cualquier tipo de fraude, especialmente el contrabando o la venta abusiva de artículos de primera necesidad durante el largísimo periodo, casi veinte años, más que en Rusia o la URSA, en que estuvieron racionados. Sin embargo, Alcalá-Zamora aún podía sacar conejos de la chistera, y cedió la Presidencia del Gobierno a Chapaprieta, del Partido Radical Independiente, dejando a todos con un palmo de narices. Lógicamente, la oposición parlamentaria continuó insistiendo, mientras el PCE cada vez movilizaba a masas más considerables, con sus peticiones de amnistía para los 30.000 obreros encarcelados y abolición de la pena de muerte, a lo que el Gobierno se negaba, convocatoria inmediata de elecciones, con garantías democráticas para todos los partidos políticos, presentando toda la oposición un Frete Popular único, confiscación de los grandes latifundios para repartirlos entre el campesinado, con reducción de impuestos para éstos, los artesanos y los pequeños comerciantes e industriales, mejora de las condiciones de vida de los obreros y subsidio de desempleo, que entonces no existía, restablecimiento del Estatuto de Autonomía de Cataluña y derecho a la autodeterminación de Marruecos y de todos los pueblos, y disolución de las organizaciones fascistas y expulsión de sus miembros del ejército. Simultáneamente llevaba a cabo un proceso de politización e ideologización en los trabajos, en la calle y, sobretodo, en las cárceles, entre los obreros represaliados, hasta niveles nunca vistos en España, hacia posiciones marxistas, no sólo entre los miembros del PSOE, sino entre personas antes ajenas a tales planteamientos, incluso entre anarquistas, que hizo pensar, dentro y fuera del país, que la revolución estaba al alcance de la mano.

Donde más éxito consiguió fue en las Juventudes Socialistas, que, tras un debate crítico contra los dirigentes del PSOE, decidieron distanciarse de ellos, rompieron con la II Internacional, la socialdemócrata, con la Internacional Juvenil Socialista, y afirmaron que asumían los puntos programáticos fundamentales de la Internacional Comunista. Era la tercera vez que ocurría, en sólo 15 años. Lógicamente el PSOE se alarmó. Para intentar que tal movimiento progresase se avinieron a la estrategia de Frente Popular, creando comités de enlace entre ambos Partidos. Sin embargo no lo hacían de buena fe, sino con la intención de crear una falsa sensación de fraternidad, con la que pretendían evitar mayor beligerancia en la ofensiva ideológica. Así tales comités no pasaron de su nombramiento, sin que se reuniesen o actuaran en casi ningún lugar. Pero el paso estaba dado, y las bases, e incluso sectores populares ajenos a la actividad política, no podían comprender este doble juego, exigiendo limpieza y cumplimiento de los compromisos. Es decir, el Frente Popular caminaba por sí mismo, como una bola de nieve rodando montaña abajo. Chapaprieta intentó reducir los gastos públicos y reformar los impuestos, con la idea de financiar un plan de obras públicas que diese alguna satisfacción a los obreros y sus sindicatos, reduciendo las elevadas cifras de desempleo, responsable en gran medida de la atmósfera de desesperación. En ello se encontró con la reacción más contundente de la CEDA, puesto que su principal objetivo era defender los intereses de los más poderosos y adinerados. En noviembre, el Inspector General de Colonias, Antonio Nombela, acusó ante el Congreso a miembros del Partido Republicano Radical de forzar una resolución fraudulenta, aprobada en julio anterior, indemnizando millonariamente a una compañía naviera, propiedad de Antonio Tayá, por la pérdida de dos buques en Guinea.

Dijo que informó a Gil-Robles, pero que sólo consiguió que lo cesara. Lo que resulta extraño es que tardara tanto tiempo en reaccionar. Tal vez se vio respaldado por el asunto del “estraperlo”. La CEDA votó en contra del expediente abierto, pero parece que tras un acuerdo con Alcalá-Zamora de darles a ellos la Presidencia del Gobierno. En este tiempo Largo Caballero quedaba absuelto de sus cargos por participar en la huelga general revolucionaria de octubre del año anterior. El 9 de diciembre Chapaprieta, con su labor obstruida por la CEDA, dimitió. Algunas versiones añaden que lo hizo porque, en las circunstancias del país, creía una responsabilidad excesiva convocar nuevas elecciones, como le ordenaba el Presidente de la República. El día 11 Gil-Robles se dirigió al palacio de Alcalá-Zamora, creído de que éste le llamaba para formalizar el nombramiento, cuando descubrió que la Guardia Civil tenía rodeado el Ministerio de la Guerra., cuarteles y aeródromos. Espetó al Jefe del Estado en tono agresivo, poco respetuoso, comprendiendo que no iba a designarle Presidente del Consejo de Ministros, y que dudaba que pudiese utilizar su mando en el Ministerio para tomarlo por la fuerza. Le hizo ofertas de aceptar un programa de Gobierno semejante al que intentaba Chapaprieta, se presentaba a sí mismo como un conciliador, que, si fracasaba, no quedaría otro camino que la violencia, le culpó de llevar a la derecha fuera de la legalidad y del acatamiento a la República, amenazando con que, sin tal nombramiento, dejaría de apoyar al Gobierno, serían necesarias elecciones anticipadas y, ganase quien ganase, no se podía esperar otra cosa que la guerra civil. Con ello demostraba abiertamente su concepción de la democracia y los objetivos que pretendía.

Parece ser que, ayudado por Calvo Sotelo y José Antonio Primo de Rivera, trataron de convencer a Fanjul, Goded y Franco para que el ejército tomase el poder transitoriamente, igual que habían intentado cuando el Presidente de la República indultó al comandante Pérez Farràs, que había disparado desde el palacio de la Generalidad, causando heridos entre los militares enviados por el Gobierno, como reacción contra el proclamado Estado Catalán sin dentro de la República Federal, en octubre anterior, sin los preceptivos informe del Tribunal Supremo y propuesta del Gobierno, que no tenía la menor intención de hacerla. Y con la misma negativa de Franco, que impidió materializar tal proyecto. Según parece Franco ya se había negado anteriormente, durante la huelga general revolucionaria de octubre de 1934, a acceder a la intentona que le proponían los monárquicos. En todos los casos alegó que aún no era el momento y que el ejército no estaba lo suficientemente unido. Es posible que, tras el cambio de actitud de Alcalá-Zamora, respecto de entregar el Gobierno a Gil-Robles, estuviesen los argumentos, siempre convincentes, de Azaña. Parece ser que Alcalá-Zamora, el mismo día, encargó la presidencia del Gobierno tanto a Maura como al Portela Valladares, el que había sido Gobernador de Cataluña, decidiéndose finalmente por éste. Se supone que la pretensión del Presidente de la República era que crease un amplio Partido moderado, que proporcionase estabilidad al país. Pero ni la situación era propicia ni había tiempo para ello. En 1935 los fascistas habían invadido Etiopía, Abisinia, como ellos la llamaban. Lo lógico era pensar que, después, intentaran anexionarse el Sudán, para unirlo a Libia, con cuyos resistentes colaboraba el Gobierno británico.

Todo ello amenazaba el dominio imperial en la zona, poniendo en peligro Egipto y su canal de Suez-Port Said, llave de comunicaciones con el virreinato de la India. De ello parecía deducirse un cambio de alianzas internacionales. En el verano anterior se había producido el VII Congreso de la Internacional Comunista, que había aprobado formalmente la nueva estrategia de Frente Popular. En cumplimiento de ella, en Francia, se había llegado a tal acuerdo de inmediato. En España las cosas iban mucho más lentas. Para forzarlas el PCE hizo una propuesta de integración en el PSOE que creó un debate intensísimo. Fruto de él la CGTU se integró en UGT, y se iniciaron las negociaciones para integrar las Juventudes Socialistas y las Juventudes Comunistas. Con todo ello la visión de Largo Caballero de asegurar el voto sindicalista hacía aguas. Iba tomando peso, en cambio, la de una candidatura conjunta de la izquierda, algo que Azaña no podía permitir. La campaña electoral se hizo tremendamente agresiva y radicalizada. Tanto derecha como izquierda aseguraban que la victoria de sus adversarios llevaría al país a la guerra civil. Azaña trataba de conseguir la alianza con el PSOE, que no volviese a ocurrir el error de 1933, de presentarse separados, dando la ventaja del sesgo a la mayoría, que otorgaban las normas electorales, a la coalición encabezada por la CEDA. Pero el PSOE seguía con sus enfrentamientos internos, sin terminar de decidirse entre la propuesta de Azaña, repetir la misma coalición de 1931, presentarse por separado o en una coalición de izquierdas. Así que, una vez más, se le ocurrió la idea que iba a desbaratar tales intentos: tendió la mano al PCE. Este, ante los titubeos del PSOE, vio la oportunidad para mejorar su presencia parlamentaria, y demostrar que, también en España, la tesis frentepopulista era factible. Mientras tanto continuaban las manifestaciones públicas, instigadas por el PCE, pidiendo amnistía para los represaliados.

Así que el PSOE se vio obligado a integrarse, la candidatura del Frente Popular quedó constituida, con el nombre por el que, finalmente, el PCE había batallado, en las calles, en los centros de trabajo y en los sindicatos, convenciendo de su necesidad. La presencia comunista consiguió, por supuesto, sumar votos sindicalistas y anteriores críticos con la coalición liberal-socialdemócrata, que antes vieron como excesivamente moderada. Sin embargo también supuso atemorizar a buena parte de las clases medias, que prefirieron, en la duda, en la disyuntiva, pasarse al lado de la reacción que favorecer a una posible revolución. No obstante, su importancia numérica venía decayendo desde la Gran Depresión de 1929. Durante los periodos de auge económico surgen pequeñas y medianas empresas, comercios, y profesionales liberales, que se reparten las migajas de la situación de prosperidad. Cuando llegan las vacas flacas son los primeros en caer, con menor capacidad de resistencia, márgenes de beneficio, economías de escala, que las grandes empresas. Es un proceso conocido como proletarización de las clases medias. Lo que no significa que, de inmediato, adquieran conciencia de su nueva clase social. Al contrario. Continúan con tendencias pequeñoburguesas, sólo que desclasadas, frustradas, irracionalizadas, incapaces de analizar las causas de su situación, buscando un chivo expiatorio (etimológicamente semejante al cordero redentor de los pecados) que en Italia fueron los socialistas y comunistas, en Austria y Alemania los judíos, y en España un impreciso “espíritu revolucionario”, que, dado el mare magnum ideológico al que se había llegado, incluía el republicanismo. Es decir, habían llegado a añorar la monarquía, y a cifrar sus esperanzas en un partido político que garantizase una estabilidad, un autoritarismo, la vuelta a las tradiciones, similares al imaginado recuerdo del borbonismo.

Muy semejante a lo que hoy significa el Partido Popular para los nostálgicos del franquismo. Algo parecido ocurrió con los parados. Recordemos que, entonces, no percibían ningún tipo de subvención, nadie les garantizaba su vida ni la de sus hijos y esposas. Ni siquiera, en Europa, tenían la actual salida de integrarse en el contrabando de droga, aunque en Estados Unidos lo hacían con las ilegalizadas bebidas alcohólicas. Es lógico que fuera entre ellos, los que se enfrentaban a la humillación diaria, a un desesperanzador futuro, en cuyo horizonte sólo se encontraba la muerte, como algo cercano, en los que anidaran las tendencias más violentas. Tanto revolucionarias como fascistas. Era el lumpen-proletariat, el infraproletariado, que había analizado Marx. Entre el campesinado la situación era semejante. Frustrados por una reforma agraria prometida y fracasada, los pequeños propietarios volvían al redil de los grandes señores, grandes propietarios, confiando en su benevolencia, como venían haciendo desde tiempos feudales. La CEDA había realizado un intenso trabajo ideológico sobre ellos, prometiéndoles precios tasados, unos beneficios garantizados, como si no hubiese existido una Revolución Francesa, el retorno a antes del liberalismo, pero sólo para los propietarios, nada para los asalariados, que deberían conformarse con que sus patrones tuviesen beneficios, para que les hicieran a favor de dejarles trabajar. Era de comprender que dichos precios y beneficios tendrían que ser, por lógica, ínfimos, que sólo producirían grandes ganancias para los latifundistas. Igual que ocurre con los acuerdos de precios mínimos entre los productores de petróleo en Estados Unidos. Sólo los jornaleros andaluces, tradicionalmente anarquistas, entre los que el PCE había realizado una intensa labor ideologizante, se decantaban por el camino revolucionario.

El Pacto del Bloque Popular, como se le conoció al principio, firmado por el PSOE, Izquierda Republicana, Union Republicana, el PCE y partidos liberales de menor importancia, incluía la amnistía para dichos represaliados, el enjuiciamiento para los represores de la huelga general revolucionaria de octubre de 1934, medidas a favor de los campesinos y asentamientos en fincas, eliminadas por los Gobiernos de derechas, derogación de la ley de arrendamientos rústicos, restablecimiento de las libertades democráticas y de las normas constitucionales, incluido el Estatuto de Cataluña, suspendidas por dichos Gobiernos, rebaja impositiva para los pequeños y medianos comerciantes e industriales, subida de salarios, reforma de las leyes municipales y reactivar la educación, entre otros. Sin embargo, ni el PCE ni el sector más izquierdista del PSOE lograron imponer la reactivación de la reforma agraria. Una contradicción entre los miembros de la coalición que pretendían el apaciguamiento, no volver a enfurecer a las derechas, y los sectores que pensaban que la revolución era posible, a corto plazo. Semejante diferencia de criterio iba a dificultar la constitución de un Gobierno coherente. Otro factor que iba a tener una repercusión importantísima, nuevamente, era el voto femenino. Si en 1933 se había decantado por la defensa de la Iglesia Católica, que había propagado que estaba siendo perseguida, sojuzgada, y de la familia, que los eclesiásticos y la derecha, como siempre, también habían propagado que se pretendía disolver (ley reguladora del divorcio) en 1936 tuvo fundamental importancia el apiadamiento, la compasión, más femeninos que la solidaridad, que es más propia de obreros, respecto de los represaliados, que ahora eran los que aparecían como perseguidos y sojuzgados.

Habitualmente moderado, el voto femenino se mostró atemorizado en 1933 por las valientes reformas introducidas por los Gobiernos provisional y constituyente. Pero, en 1936, se evidenció aterrado ante el extremismo, la violencia, que el clero-fascismo imponía a las decisiones políticas. No se trataba de un juicio sobre el origen, las causas, la culpabilidad, de dicho comportamiento, sino un simple sentimiento de miedo ante actitudes de extrema radicalidad. Pero también se percibió inquieto por el extremismo de sectores del PSOE y la integración del PCE en la coalición electoral. También volvió a ser importante, decisiva, la participación anarquista en los sufragios. La incorporación de promesas electorales obreristas en el programa, y del PCE en las candidaturas les hacía inferir ventajas en la emisión del voto, y esperanzas revolucionarias, aunque, ciertamente, no respecto del “comunismo libertario”. Los dirigentes tradicionalistas que insistieron en la abstención, cayeron en el descrédito, dejaron de ser referentes para el futuro. Sin embargo al PCE no se le asignaron gran número de candidatos. A su parecer muchos menos de los que su adscripción social merecía. Y es cierto que el trabajo que había realizado en los tres años anteriores, así como su crecimiento afiliativo, habían sido titánicos. Pero los demás Partidos hacían ver la situación de la que se partía: la existencia de un sólo diputado comunista en el Congreso disuelto. La confluencia de todo ello no iba a producir un triunfo arrollador, sino una situación sumamente equilibrada, que, dada la radicalidad a la que se había llegado, no podía presagiar nada bueno. La CEDA, por su parte, integró con los monárquicos (alfonsistas y carlistas) un frente nacional contrarrevolucionario. Con tal nombre estaban dando por buenas las acusaciones (por ejemplo, en pintadas callejeras) que el PCE había hecho durante 1935 al Partido Republicano Radical (socios de Gobiernocon la CEDA, por entonces) de “rusos blancos”, algo que parece difícilmente trasladable a la situación española.

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