La huelga general revolucionaria

 

En un movimiento aglutinante, consiguiendo una unidad de acción nunca lograda anteriormente, los movimientos sindicales, que se veían amenazados por la situación, tanto interior como internacional, convocaron huelgas propiamente políticas, internacionalista, como la de febrero, en solidaridad con los trabajadores austriacos, o contra el terrorismo fascista, como la de abril. Hubo también manifestaciones de protesta, en el mismo sentido, como la de rechazo a los pactos militares propuestos por el Gobierno francés, que estaba muy presionado tras la intentona golpista por parte de los conservadores, a finales de 1933, y que derivó en amotinamientos en el siguiente mes de febrero. O la réplica a la concentración pseudofascista de El Escorial. En febrero de 1934, el Gobierno decretó que los jornaleros acogidos en las explotaciones agrarias, según las anteriores medidas de intensificación de cultivos, unos 28.000 (18.000 de ellos en Extremadura) debían desalojarlas antes de agosto. En mayo se devolvieron a los Grandes de España las tierras incautadas por su presunta colaboración en la “sanjurjada”, y se anularon las leyes protectoras a los obreros agrícolas, lo que supuso una reducción de los sueldos hasta la mitad. Los terratenientes volvieron a gritarles: “¡Comed República!”. Es lógico que en junio se produjese la primera huelga campesina de ámbito nacional, aunque sólo pudo considerarse un éxito en zonas jornaleras: Extremadura, Ciudad Real y parte de Andalucía.

El Gobierno detuvo a unos 10.000 huelguistas, y suspendió 200 ayuntamientos dominados por el PSOE, que había apoyado la convocatoria, con toda razón. Además, las represalias laborales fueron tremendas, de modo que la UGT fue casi desmantelada en el medio rural. Esto explica las futuras reticencias del PSOE a dar ningún protagonismo a los anarquistas, que se habían quedado con la representación casi exclusiva del sector agrario. ¿Había motivos para suponer que las instituciones democráticas estaban en peligro?  Por aquel tiempo el Parlamento catalán había aprobado la Ley de Contratos y de Cultivos, que imponía una duración mínima de 6 años, y determinadas garantía de compra de la tierra, a precios de mercado, a su finalización, a la rabassa morta (“muerte de la cepa”) contrato de arrendamiento a viticultores, mientras que fueran productivas las vides que habían sembrado, hasta su arranque. Era la principal aspiración de la Unió de Rabassaires, fundada por Companys en 1922. La patronal, apoyada por la Liga Catalanista de Cambó, consiguió que el Tribunal de Garantías Constitucionales anulase dicha Ley. Cuatro días después el Parlamento catalán volvió a aprobar otra Ley exactamente igual a la anulada. Pero, por entonces, Lerroux había dimitido, dejando el Gobierno a Samper, su correligionario. El gobierno catalán negoció con él, que la defendió en el Congreso. Pero la derecha consiguió derrotarlo, por lo que tuvo que dimitir. La izquierda exigió la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones, que consideraba que le sería favorable, ya que el pueblo había comprendido la deriva de los “radicales” y el peligro que suponía un Gobierno de derecha. También lo consideraba así Alcalá-Zamora, por lo que medió para llegar a un acuerdo. Los rabassaires acudieron a Madrid en defensa del pacto con el dimitido Gobierno, consiguiendo una huelga de apoyo de 200.000 madrileños contra los terratenientes catalanes.

Sin embargo la derecha no quería más mediaciones, sino participar directamente en el Gobierno. Por entonces se descubrió que un alijo de armas, interceptado cuando se iba a enviar a Portugal, para favorecer un levantamiento contra el Gobierno fascista, había sido desviado a Asturias. Se produjo una gran concentración en el Estadio para defender a las Juventudes Socialistas y Comunistas, amenazadas por el Gobierno por su participación en tales hechos. Se produjeron impresionantes actos de protesta contra los asesinatos de los jóvenes Juanita Rico, socialista, y Joaquín De Grado, comunista, por terroristas pistoleros fascistas, muchos de ellos aristócratas o señoritos desocupados. La primera gran manifestación de mujeres en contra de los planes del Gobierno de movilizar a los reservistas, para “restaurar” el orden público. O las protestas asturianas para impedir la concentración pseudo-fascista en Covadonga. A la “dialéctica de las pistolas” de los falangistas y carlistas, respondieron las Juventudes Socialistas armándose y entrenándose secretamente, aunque a veces realizaron desfiles propiamente militares, llegando en algunos casos a lucir su armamento. En tales circunstancias, el 4 de octubre, Lerroux volvió a formar Gobierno, entregando tres ministerios a la CEDA. Era precisamente lo que los anarquistas habían proclamado que no estaban dispuestos a consentir, la señal para su llamada inmediata a la revolución. Y así lo hicieron. Al día siguiente. Era la forma típica, tradicional, del voluntarismo anarquista: embarcarse, aparentemente, en un proceso revolucionario, sin mayor planificación, preparación, fijación de medios, objetivos y métodos.

Sólo que no llamaron propiamente a una revolución, sino a una huelga general, aunque con intenciones presuntamente revolucionarias, como denominaron la de 1917, o la inmensa cantidad de ellas habidas contra la guerra de Marruecos, contra las dictaduras o a favor de la república, pero que no cesaron tras su implantación. De inmediato UGT y PSOE se unieron a la convocatoria. Todo esto, su carácter reactivo, no pro-activo, que la fecha de iniciación no fuese consecuencia de un plan prefijado, sino la respuesta a un cambio de Gobierno, y el uso de la huelga como método, siguiendo las tesis de Rose Luxemburg, debe interpretarse en el sentido de que se trataba de evitar con dicha huelga la entrada de miembros de la CEDA, coalición clero-fascista, en el Gobierno, semejante a las que derrotaron a los golpistas Kapp, en Alemania, o Sanjurjo, en España. Sin embargo, en algunos lugares, el planteamiento fue mucho más lejos. Si se estaba arriesgando la vida, como durante los sucesos de “Casa Cornelio” en Sevilla, en Castilblanco, en Arnedo o en Casas Viejas ¿por qué conformarse simplemente con impedir que tres miembros de la CEDA llegaran a Ministros, pero permitir que siguieran pactando, imponiendo sus condiciones, desde fuera del Gobierno? ¿Por qué no desalojar a todo el Consejo de Ministros, que habían pactado con la CEDA, amnistiando a los golpistas? Lógicamente esto suponía contravenir a la mayoría parlamentaria, oponerse al sistema democrático, implantar la revolución social, ir más allá de los límites de la alocada convocatoria inicial. La derecha siempre ha mantenido que se estaba planeando la revolución desde meses atrás, y que se habían almacenado armas para ello. Confunden lo que eran debates teóricos, fruto de la frustración, de la pérdida de esperanzas en la República burguesa, tras la inmediata desaparición de los beneficios logrados por los trabajadores, muchos de ellos aún en niveles programáticos, que no habían llegado a materializarse.

Los hechos demostraron que no existió nada parecido a una conjura, como la de Sanjurjo, sino un mero “espontaneamiento”, voluntarista, desorganizado, anárquico, inútil, llamado desde su inicio a un amargo e inevitable, doloroso, luctuoso, fracaso. Es cierto que había armas de por medio, pero fue con ellas en la mano como los “sanjurjistas” trataron de hacerse con el poder, y se les había amnistiado. Y con ellas los pistoleros terroristas de la extrema derecha, como habían hecho los nazi-fascistas en sus respectivos países, como hoy día continúan haciendo en Iberoamérica, en Colombia, por ejemplo, intentan imponer su criterio, mantener el poder omnímodo capitalista. La democracia consiste, antes que ninguna otra cosa, en la asunción de la derrota sin romper con las reglas de juego.

Cuando los pepero-populistas mantienen que, a pesar de ser ellos los responsables de la seguridad de los ciudadanos, los responsables de evitar ataques terroristas, los que conocían que se iba a producir uno que preparaban mahometanos confidentes de la policía, los responsables de descubrir y encarcelar a sus autores, fue el PSOE quien organizó el ataque terrorista contra los trenes de cercanía de Madrid, para sacar provecho electoral, o que han mantenido que los culpables fueron otros terroristas, cuya identidad no han podido probar, a los que ni siquiera fueron capaces de detener (lo cual induce a pensar que también creen que los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York pudieron estar organizados con la misma intención de modificar los resultados electorales democráticos o vencer la resistencia popular a un estado de guerra) cuando su correligionario Berlusconi, a pesar de ser el Primer Ministro y convocante de las últimas elecciones italianas, se niega a reconocer los resultados del recuento de votos, o cuando (am)Bush II fue proclamado vencedor con menor número de votos que su oponente, Al Gore, demuestran que no creen en la democracia, que no son demócratas, que su obsesión es mantenerse en el poder o conquistarlo. El demagogo Lerroux decretó el estado de guerra: indudablemente pretendía una victoria demoledora contra los trabajadores, devolverlos a la situación de sumisión. Con ello acabó con su futuro político y el de su Partido: ya no volverían a engañar a nadie más en pugnas electorales. Desgraciadamente otras muchas personas iban a acabar sin futuro. Y no sólo con el político, con su carrera o medios de vida, sino con su vida misma.

Según el análisis de los comunistas, el PSOE no deseaba un triunfo insurreccional, sino sólo una demostración de fuerza, que llevase a Alcalá-Zamora a forzar a Lerroux a abandonar su acuerdo con la CEDA, sustituyendo a los Ministros que se querían nombrar de tal coalición por otros de dicho Partido. Si dicho planteamiento fuese real, habría que reconocer que la situación de le fue al PSOE de las manos. Lo cual no merma su responsabilidad en la colaboración de incendiar el país con sus ultrarradicalizadas proclamas. En Madrid, Cataluña, País Vasco y León se produjeron enfrentamientos armados. Curiosamente, en Cataluña, la CNT se negó a secundar la huelga, aduciendo que no estaba dispuesta a participar en una convocatoria realizada por liberales y socialistas. Desde Radio Barcelona dirigentes anarquistas llamaron a los trabajadores a abandonar la lucha. Contradecían, con ello, sus declaraciones públicas de que la llegada de la CEDA al Gobierno sería la señal para iniciar la revolución. Tal vez los más moderados habían comprendido la irrealidad, lo irrealizable, del llamamiento. Lo cual descalificaba todas las anteriores declaraciones en dicho sentido: bravuconería, arrogancia, falta de inteligencia, falta de análisis, voluntarismo, desorganización, estupidez. Con la insurrección no se juega. Los catalanistas estaban furiosos, además, por la falta de transferencias de las competencias reconocidas por el Estatuto de Autonomía. Tras meditar sobre la situación, sobre la defección de los anarquistas, que prácticamente condenaba a la derrota en Cataluña, aprovechando nuevamente las situaciones más críticas, que podían ser las más progresistas si triunfaban, al día siguiente, 6 de octubre, a las 8 de la tarde, decidieron avanzar hacia el independentismo: Companys, desde el balcón de la Generalidad, de la que era Presidente desde la muerte de Macià, en diciembre anterior, proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española.

Amputar las últimas palabras de la frase, para poder acusarle de proclamar la independencia, es faltar a la verdad histórica. No obstante su sentido subversivo es innegable, puesto que incluía el llamamiento a todos los antifascistas para constituir en Barcelona un nuevo Gobierno provisional. Sin embargo todo era puramente verbal: no se entregaron armas a los obreros y campesinos, en los que poder apoyarse ¿Cómo se pretendía dar consistencia a dicha proclama? ¿Simplemente con el poder mágico de las palabras, de los deseos ilusorios del nacionalismo radical? La experiencia de la pacífica proclamación de la II República, su confusión con lo que significa una auténtica revolución, un cambio en el sistema económico de propiedad, había llenado de pájaros muchas cabezas. Lerroux ordenó a Batet, al mando de la 4ª División Orgánica, que atacara a los insurrectos. Mucho más sensato, disparó dos cañones contra el palacio presidencial, con balas de salva, lo que bastó para que, a las seis de la mañana del siguiente día 7, Companys se rindiera. Otro voluntarista, otro veleta insensato, que no sabía sopesar las consecuencias y posibilidades de un envite, ni mantener la apuesta, una vez tomada la determinación. El fracaso de tales comportamientos haría perder confianza, en el futuro inmediato, hacia anarquistas y nacionalistas catalanistas. En la siguiente confrontación electoral el voto se desplazaría hacia la izquierda marxista. El éxito de la huelga general revolucionaria, a pesar de la oposición de la CNT, demostraba que la base social estaba cambiando en Cataluña, que el anarquismo había dejado de ser la referencia mayoritaria entre los trabajadores.

Los mineros, acostumbrados a jugarse la vida a diario, con barrenos y cartuchos de dinamita (“la artillería de la revolución") a su alcance, interpretaron de modo distinto, violento, la convocatoria realizada: si era de esperar que la reacción utilizase la violencia para acabar con sus pretensiones ¿por qué no aplicarla desde el primer momento, como se había teorizado en muchas ocasiones, al estilo bolchevique? La huelga fue un éxito en las cuencas mineras de León, Santander y Vizcaya. En Bilbao hubo lucha campal durante dos días con las fuerzas de orden público. En Eibar y Mondragón hubo 40 muertos. El Gobierno envió tropas y ordenó el bombardeo aéreo de las zonas mineras. Era la primera vez en el mundo que se utilizaba la aviación contra un movimiento insurreccional en el interior del propio país, no en las colonias o territorios ocupados, como ya estaba haciendo la Italia fascista. Con ello el levantamiento terminó, excepto en Asturias. Sólo un mes antes se había producido la huelga general contra la concentración pseudos-fascista de la CEDA en Covadonga. El PCE seguía insistiendo en su estrategia del Frente Unico de Trabajadores. Los nuevos planteamientos del PSOE llevaban a asumir tal análisis, pero, tácticamente, no podían plegarse a tales planteamientos, demostrar que el PCE llevaba desde siempre la razón en dicho posicionamiento. Así que alteraron el nombre por el de Alianza Obrera, exigiendo determinados cambios. Por ejemplo, excluir al campesinado. Indudablemente su objetivo era mantener al margen la mayor concentración posible de anarquistas, dando la supremacía a la UGT. Con ello se excluía a la mayor parte de los trabajadores, en una España aún fundamentalmente agrícola. El PCE analizó todas las ventajas e inconvenientes de la situación, e, inteligentemente, fiel a sus proclamas unitarias, sin descartar la futura incorporación de los labriegos, aceptó la estrategia del PSOE.

No así la CNT, que, comprendiendo que se la pretendía ningunear, hizo caso omiso a tal estrategia. Excepto en Asturias, donde se integraron en la Alianza Obrera dirigida por el PSOE, donde los comunistas contaban con alguna presencia, aunque no el carácter dirigente del que presumieron, en lo que se basó Franco cuando, en 1956, escribió que, en 1934, agentes de Moscú habían dado el primer paso para la implantación del comunismo. En realidad, el principal artífice del efímero éxito del levantamiento fue el asturiano Indalecio Prieto. Aunque su carácter pesimista, y sus ideas liberales y, en este caso, realistas, le hacían prever todos los resultados negativos a la intentona revolucionaria, su sentido de la organización, su habitual eficacia, y, quizás también, la evidencia de que él y sus seguidores estaban perdiendo peso en el Partido, que se le podía achacar la derrota si no colaboraba activamente, dejando a todo el PSOE en manos de Largo Caballero, le llevó a una mayor preparación de los acontecimientos que en el resto del país. Fue Prieto quien compró un yate con el que llevó desde Cádiz, donde estaban depositadas, hasta Asturias, las armas destinadas a la lucha contra De Oliveira Salazar, incautadas por el Gobierno español, y de las que consiguió hacerse cargo. Pero sólo repartió parte de ellas. Tal vez porque le llegaran noticias de que iban tras su pista. Con tales armas, con las que se estaban robando de las fábricas de armas de Eibar y de Oviedo, más las que se consiguieron el día 6, al tomar la fábrica de Trubia, cuando la mayor parte de Oviedo ya estaba en poder de los huelguistas, se armó a 15.000 de ellos, según algunos historiadores -aunque los pro-franquistas duplican dicha cifra- además de la dinamita.

Sin embargo, de acuerdo con su personalidad, y su convencimiento de que todo terminaría en un desastre, Prieto huyó a Francia en cuanto creyó conclusa su misión, dejando a los demás ante la perspectiva de la muerte o el encarcelamiento. Los obreros asturianos recordaban la huelga general revolucionaria de 17 años antes, y la cruel represión que sufrieron. Estaban decididos a tomarse venganza de ella, y a no caer en los mismos errores de entonces: falta de planificación, descoordinación, desunión, improvisación. Sin embargo repitieron el mayor de todos: continuar la resistencia cuando ya había sido derrotada en el resto del país. El mismo día 5 de octubre los huelguistas controlaban toda la cuenca minera asturiana. El 6 derrotaron a los mil soldados de la guarnición de Oviedo, luchando en las calles y en las casas. Incautaron trenes y vehículos, y organizaron los suministros y la sanidad. Algunos sacerdotes y grandes propietarios fueron fusilados. En total unos cuarenta. El 7 los dirigentes de la Generalidad y de Izquierda Republicana de Cataluña fueron apresados. Incluso Azaña, anterior Presidente del Consejo de Ministros, causalmente en Barcelona, que no había tenido ninguna participación en los hechos, contra los que se había opuesto, según se demostró en el posterior juicio. Se le recluyó en el buque Sánchez Barcáiztegui, de la Armada. Un consejo de guerra condenó a muerte a dos militares que habían apoyado el levantamiento. Companys fue sentenciado a 30 años de cárcel, por rebelión militar, lo que era falso, en tales términos. La autonomía catalana fue suspendida.

Es lo mismo que hizo Milosevic contra los terroristas kosoveses, y el mundo se le echó encima, bombardeando Belgrado una fuerza internacional, dirigida por Estados Unidos, hasta conseguir que se entregara, para morir envenenado (igual que Yaser Arafat, según la falsa promesa israelí, de que, tras matarlo, habría paz, lo que no ha impedido los sucesivos bombardeos de Palestina y el Líbano) en la cárcel, bajo custodia internacional. Sin embargo, cuando el Gobierno británico anuló la autonomía de Irlanda del Norte, nadie se opuso a ello ¿Cuál sería la reacción si el Gobierno español anulase la autonomía del País Vasco?  En sustitución de la misma se nombró a Portela Valladares como Gobernador General de Cataluña. El triunfo de los propietarios se materializó anulando la Ley de la autonomía catalana de contratos y cultivos. En Madrid los huelguistas, armados con pistolas, intentaron ocupar el Ministerio de la Gobernación, y algunas dependencias militares. Sin embargo no consiguieron paralizar la ciudad. El 8 había sido apresado casi todo el “comité revolucionario”. Pero en Asturias aún tardarían dos semanas en sofocar la insurrección. Francisco Franco, ya General de División, el más alto rango al que podía aspirar durante la República, había sido nombrado consejero del Ministro de la Guerra, Diego Hidalgo Durán. Un periodista le denominó, por aquellos días, el “dictador invisible de España”. También las clases dirigentes asturianas recordaban 1917. Así que exigieron que Franco volviese a dirigir la derrota de los insurrectos. Y les fue concedido. Envió al General López Ochoa, con una primera expedición. De Lugo zarparon, el mismo día 7, el Crucero Libertad y dos cañoneras, que bombardearon a los huelguistas, mientras la aviación lo hacía sobre las cuencas mineras y Oviedo.

El 8 envió al Teniente-coronel Yagüe al mando de mercenarios “regulares” marroquíes, igual que en 1917, y legionarios, mientras López Ochoa tomaba Avilés. Era una auténtica guerra civil. El 10 las tropas coloniales llegaron a la cuenca minera como si invadiesen un país enemigo, como hacen los israelíes con los territorios palestinos: violaron a las mujeres, robaron cuanto pudieron, asesinaron y fusilaron a placer. Un entrenamiento para la que se desataría 22 meses más tarde, cuando la derecha volviese a ver amenazado su poder. El 11 los huelguistas se habían quedado sin municiones. El 12 López Ochoa tomó casi todo Oviedo. El 18 el comité revolucionario negoció la rendición, condicionada a que los marroquíes (no sabían que los legionarios eran tan sanguinarios como sus presuntos enemigos) no entrasen en los pueblos, desconociendo que ya lo habían hecho. A pesar de ello la represión fue aún más terrible que en 1917: se continuó asesinando a sangre fría, deteniendo arbitrariamente y torturando, como certificaron una comisión parlamentaria española, dirigida por Fernando De Los Ríos, y otra británica. Se estima que murieron unas mil personas durante estos hechos, hubo 20 sentencias de muertes, aunque sólo dos se cumplieron, miles de trabajadores fueron despedidos y otros tantos fueron detenidos, por participar en los mismos. El estado de guerra no se levantó hasta el tardío mes de enero, en que se liberó a los detenidos contra los que no había cargos. Se disolvieron 200 ayuntamientos dominados por liberales o el PSOE, sustituyéndose por gestoras proclives al Gobierno. Cavo Sotelo consideró al ejército columna vertebral de la Patria, poniendo en él sus esperanzas de dominio totalitario. Franco y López Ochoa, que habían sido considerados como simpatizantes de la República, se descubrieron como crueles enemigos del pueblo.

El PCE pasó a la ilegalidad. Parece ser que también intentaron ilegalizar al PSOE, como en el “eje” Roma-Berlín-Viena, en casi todos los países al Este del mismo, y en Portugal. Y que Alcalá-Zamora se negó a ello. El PCE analizaba los sucesos como una demostración de fuerza, a pesar de su derrota, que había impedido al clero-fascismo alcanzar sus últimos objetivos. En todo caso habría que objetar que sólo consiguieron postergarlos unos cuatro o cinco años, menos de dos en algunas zonas, como en Sevilla. Quizás se refiriesen a que el PSOE no había sido ilegalizado, o que aún se podía esperar en que la democracia y las atrocidades cometidas por la derecha volviesen el voto hacia las fuerzas progresistas. O que fuese sólo un ejercicio de optimismo, para mantener la llama revolucionaria. En junio el PSOE y la UGT se habían negado a que los obreros respaldaran la huelga general del campesinado, a pesar de las peticiones del PCE. Puede que trataran de reservar fuerzas para la batalla que preveían contra el nombramiento de Ministros de la CEDA. O que intentaran quitar protagonismo a la CNT, tan importante en las zonas rurales, para mantener la dirección y el control para la que ellos tenían prefijada. Lo cierto es que, tal hecho, así como su exclusión de las Alianzas Obreras, determinó que los campesinos no colaborasen en la huelga de octubre. Los comunistas atribuyeron a ello el fracaso cosechado. Indudablemente, en aquel momento, ya había posibilidades revolucionarias, pero no para una revolución triunfante, como quedaría demostrado, desgraciadamente. Lenin había escrito que no hay nada más contrarrevolucionario que una revolución fracasada. Intentar lo imposible es suicida. Los sectores más moderados del PSOE, encabezados por Prieto, renegaron del disparate de octubre, obligando a Largo Caballero a dimitir como presidente del Partido.

Es posible que tal fuese su pretensión desde un principio, motivo por el que colaboraron con dicha huelga general revolucionaria en lugar de oponerse a ella. O, cuando menos, al carácter violento que fue tomando. Una brecha se abrió entre ambos hombres y sus seguidores, semejante a lo que había ocurrido entre el PSOE y el Partido Republicano Radical, cuyas consecuencias serían mucho más calamitosas. Tales hechos hacían confirmar ante la opinión pública que la represión de los huelguistas estaba justificada, y la mayoría se olvidó de ellos. Sólo el PCE, desde la clandestinidad, insistía en la unidad de la clase obrera, movilizándola contra las sucesivas peticiones de penas de muerte, a favor de la amnistía, y proponiendo la creación de un Bloque Popular Antifascista, estrategia electoral que, por supuesto, consideraban que les favorecería. Consiguieron la ayuda internacional para los presos y represaliados, la comunicación con el interior de las cárceles, entre los presos y sus familias, elevar el estado de ánimo de los mismos y de las familias de los asesinados. Como la organización de mujeres contra la guerra y el fascismo, a pesar de que, en su mayoría, estaban afiliadas al PSOE o a partidos liberales, también había sido prohibida, se la transformó en “Comité Pro Infancia Obrera”, para la solidaridad con las mujeres y los hijos de los mineros asesinados o encarcelados. Todo un antecedente de lo que sería UNICEF desde 1946. Consiguieron familias que se hicieran cargo de centenares de los hijos de los mineros. La situación cambió radicalmente. Nunca hasta entonces la propaganda comunista había conseguido mayor audiencia en España. Sus octavillas pidiendo la amnistía llegaron a todas partes. La intelectualidad elevó su voz contra la barbarie militar. Las protestas populares consiguieron la destitución del comandante Lisardo Doval, uno de los más crueles asesinos de huelguistas.

 

En marzo de 1935 el PCE había conseguido un Comité Nacional de Ayuda a los Presos, en el que se integraron el PSOE y las Juventudes Comunistas, Socialistas, Republicanas y Radical-Socialistas, Socorro Rojo y la Federación Tabaquera, entre otros. Es lo mismo que consiguió Jamás, mediante la solidaridad y la caridad coránica entre los palestinos, mientras al-FA-TAJ (Falastín Tajarir, “Libertad para Palestina”) se veía envuelta en la corrupción y la inoperancia, por lo que obtuvo mayoría absoluta en las siguientes elecciones. A finales de marzo se organizó una huelga general para impedir la ejecución de 20 sentencias de muerte, entre ellas la de Ramón González Peña, del PSOE. Intentando no radicalizarlo aún más, Alcalá-Zamora, haciendo uso de sus prerrogativas constitucionales, las conmutó, aunque se había negado a hacerlo con otros, anteriormente. La CEDA se opuso rotundamente, en concreto a la de González Peña, dimitiendo del Gobierno. Para aplacarla, Lerroux tuvo que entregarles 5 carteras ministeriales, quedándose el Partido Republicano Radical sólo con 3, en minoría. Gil-Robles, nombrado Ministro de la Guerra en mayo de 1935, encargó la Subsecretaría a Fanjul, a Franco la Jefatura del Estado Mayor Central, a Goded la Dirección General de Aeronaútica, y a Mola el mando del ejército en Marruecos. Todos ellos constituirían el ejército sedicioso sólo diecisiete meses después. La reforma agraria quedó congelada, así como la enseñanza pública o nuevas imposiciones tributarias, mientras que se indemnizaba a los Grandes de España con 230 millones de pesetas, y se devolvía a la Compañía de Jesús todos sus bienes expropiados. Gil-Robles pretendía reformar la Constitución para que la Iglesia volviese a controlar la enseñanza, pero el Partido Republicano Radical, desenmascarado de todas sus demagogias, aún seguía siendo anticlericalista.

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