Camino del desastre

 

En marzo de 1933 se fundó la Confederación Española de Derechas Autónomas, en la que Gil-Robles, el abogado de los jesuitas y los grandes terratenientes castellanos, integró a su Acción Popular, nacida bajo los auspicios de Acción Católica, junto a pequeños partidos agrarios y regionalistas de derechas. A pesar de sus planteamientos conservadores y catolicistas, el modelo de Estado que planteaban era corporativista, imitación a los proyectos de Primo de Rivera, basados en el modelo fascista italiano. Su largo lema, “Religión, Familia, Patria, Orden, Trabajo y Propiedad”, en el que no se hacía ninguna referencia ni a la justicia ni a la libertad, enmarcaba sus prioridades, aunque distorsionara el orden de éstas, situándose entre las pretensiones declaradas por los carlistas, Primo de Rivera y las futuras de Franco. Ante las acusaciones de los reaccionarios de colaboracionismo con la República, Herrera Oria y Gil-Robles ultimaron lo que se llamaría tesis “accidentalista”. Esta, de raigambre religiosa, aplicada a la situación política, establecía, en esquema, que no podía apostarse, en exclusiva, por una duración efímera de la República, su derrocamiento violento, puesto esto suponía dejar toda la iniciativa legal a la coalición liberal-socialista, sin oponer resistencia mientras que dicho derrocamiento no se produjese, permitiendo con ello que se radicalizara y el sistema se consolidase, sino que se debían utilizar todos los resortes legales que la democracia permitía para favorecer un política conservadora del mantenimiento de la tradición y del poder de las clases dominantes, consiguiendo, además, el desgaste del Gobierno, crear dudas y enfrentamientos entre sus coaligados, dificultar la consolidación del sistema e intentar la reconquista de la representación política por la vía democrática. Tal era la ambigüedad del “republicanismo”, de la democraticidad que representaban.

En 1932 el Partido Socialdemócrata Alemán se encontraba escindido en dos líneas enfrentadas. Por un lado los pro-liberales, profundamente anticomunistas, que no comprendían el peligro que representaba el nazismo ascendente. Por otro los más radicales, que defendían la necesidad de llegar a una coalición con los comunistas, tercera fuerza electoral, que permitiría formar un Gobierno estable. No favorecía la situación el Partido Comunista, que, siguiendo la línea marcada por la KOMINTERN, se centraba en criticar e insultar a los socialdemócratas, recalcando su comportamiento durante el intento revolucionario bolchevique, y su culpabilidad respecto de los fusilamientos realizados por los militares, a los que no se les exigió cuentas. Con ello se conseguía, poco a poco, aumentar la afiliación y la ascendencia comunista ante la opinión pública. Pero había importante oposición a los planteamientos stalinistas, puesto que, simultáneamente, se conseguía un mayor apoyo popular al nazismo, como rechazo a dicha radicalización y enfrentamiento, haciendo imposible que se llegara a una coalición. La KOMINTERN impedía que tales discrepancias llegasen a la opinión pública o a otros países, exigiendo disciplina, es decir, obediencia. Sin embargo, en vista de la escasa influencia del PCE, quizás quiso hacer un experimento en España, cambiar de estrategia, forzando en tal sentido a Bullejos. Sin embargo éste, apegado y convencido a la anterior línea stalinista, se negó a hacerlo, por lo terminó siendo sustituido por el más inteligente y acomodaticio José Díaz. Tras su expulsión Bullejos pasaría al PSOE. Dadas las circunstancias existentes en Alemania, el Presidente de la República, que tampoco deseaba otra cosa, se negó a entregar la cancillería, nuevamente, a los socialdemócratas. Se la dio a Von Popen, del minúsculo Partido católico de Zentrum, que los estadounidenses reconvertirían en Democracia Cristiana tras el reparto de Alemania, al terminar la II Guerra Mundial.

La Constitución de Weimar, en la que se basó la española de 1931, y que era imitación de la imperial de Von Bismarck, sustituyendo al emperador por un Presidente, lo permitía, siempre que pudiera encontrar apoyos para aprobar sus leyes, especialmente los presupuestos. No lo consiguió, debido al malestar causado a los socialdemócratas por lo que consideraron un desaire, pues creían que el Gobierno les pertenecía por derecho propio, al ser la primera fuerza electoral, sin comprender los efectos del paralizante enfrentamiento interno. Lógicamente tampoco consiguió apoyos del Partido Comunista, la tercera fuerza en votos. Pero, lo que no esperaba, era que los nazis, la segunda fuerza electoral, no estuvieran dispuestos a ayudarle, poniendo el precio que considerasen adecuado. No había entendido nada de lo que ocurrió en Italia, diez años antes: Hitler se veía a las puertas del poder y no quería hacer nada para mantenerlas en su sitio, sino para derribarlas. Así, a Von Popen no le quedó más remedio que dimitir. Pero, contra todo pronóstico, posiblemente alentado por su visceral anticomunismo, convenció a Hindemburg para que nombrase canciller a Hitler. Asustados, los pequeños partidos liberales, apoyaron la oposición de izquierdas, con lo que forzaron una nueva convocatoria electoral. Al pedir financiación a los Bancos, éstos protestaron por el coste que tal repetición de elecciones les ocasionaba. El encargado de realizar tales negociaciones recaudatorias, dado el prestigio que contaba, por haber formado parte de la escuadrilla del “Barón Rojo”, Goering, les respondió que, según los planes de los nazis, serían las últimas elecciones en 100 años, tal vez en mil. Tras lo cual aceptaron colaborar económicamente a su triunfo. Dos días antes de las elecciones Hitler dio orden de incendiar el Parlamento Imperial, en alemán Reichtag.

Tras la II Guerra Mundial se encontraron los vales por 50 bidones de gasolina que salieron de los depósitos de los “Escalones de Protección” (en alemán Schutzstaffel, en siglas S.S.) igual cantidad que la encontrada en los sótanos del edificio incendiado. Con ello consiguió que no volviese a reunirse el Parlamento, excepto cada cuatro años, para escuchar el discurso de “investidura” de Hitler y renovarle su “mandato” por “aclamación”, es decir, aplaudiéndole, lo que solía durar una media hora, ya que tal edificio sólo fue reconstruido al terminar la guerra. Sin embargo acusó al Partido Comunista del incendio, declarándolo ilegal, sin previo juicio ni probarse nada. Y también al Partido Socialdemócrata, al que acusó de cómplice, con iguales métodos. Sin embargo las papeletas electorales no fueron retiradas, impidiendo que sus simpatizantes pudiesen redirigir sus votos. Motoristas del Ministerio del Interior, antes de comenzar los recuentos, distribuyeron órdenes a las mesas electorales de considerar votos nulos los obtenidos por tales candidaturas, y, a pesar de ello, quemar dichas papeletas. Aún así no consiguió mayoría absoluta, por lo que tuvo que conseguir alianzas con el Zentrum católico y los liberales, hasta que terminaron integrándose en el partido nazi, o pasando a campos de exterminio. Por mucho que Julián Marías y otros historiadores se empeñen en alegar que Hitler consiguió el poder democráticamente. Con ello Hitler unió los destinos de comunistas y socialdemócratas. La KOMINTERN comprendió lo erróneo de su línea anterior, terminando por aprobar las tesis frentepopulistas, que antes rechazó. En España, el PCE fue el único en darse cuenta de lo que había sucedido, planteando, ya en marzo de 1933, una alianza antifascista al PSOE, UGT, CNT y FAI. Sin embargo, dada la escasa importancia del PCE, no se le prestó ninguna atención.

Y también porque no se comprendían las vinculaciones entre el catolicismo y el fascismo. No obstante el PCE insistió, durante muchos años más, en el Frente Antifascista, y creando Comités de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo. En las elecciones municipales de abril el Gobierno perdió su apoyo popular. Pudieron influir el voto femenino, que representaba la derechización de las inquietudes políticas, en parte basadas en la oposición de la Iglesia Católica a la pérdida de sus privilegios, lo que era incomprendido por parte del electorado, especialmente el femenino; también el regreso a la tradicional llamada a la abstención de los anarquistas, en parte desengañados con el Gobierno, en parte olvidando la situación que habían padecido durante las dictaduras, y la necesidad de seguir apoyando a la República, aunque se estuviese en desacuerdo con las ilusiones, infundadas, frustradas. Pero también por los errores del Gobierno, al no evaluar adecuadamente la verdadera consistencia social de su electorado, el arraigo ideológico del catolicismo, aunque los españoles no acudieran a misa en su inmensa mayoría, el carácter titubeante, veleidoso, de las clases medias, que abandonaban sus posiciones liberales para escorar hacia el conservadurismo, formando causa común con los que propagaban el orden, la tradición, la mano dura y el mantenimiento de la estructura del poder. Y, lógicamente, la continua propaganda de la reacción en este sentido, que iba calando en el electorado, haciéndole olvidar los grandes avances conseguidos, que parecían insignificantes frente a las expectativas idealizadas. Unas elecciones municipales no deberían tener influencia en el Gobierno. Pero Alcalá-Zamora consideró que contaba con apoyo para desbancar a la coalición de Azaña y el PSOE, como ansiaba desde hacía tiempo.

El punto culminante fue la designación de los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, que el Presidente de la República interpretó como una pérdida de apoyo del Congreso al Gobierno: destituyó a Azaña y lo sustituyó por Alejandro Lerroux, cordobés, como el Jefe del Estado, aunque afincado en Barcelona, que y representaba a lo más turbio y corrupto del sector financiero, con el apoyo de Juan March, “el último pirata del Mediterráneo”. Sin embargo el Congreso le negó su confianza, por lo que tuvo que sustituirlo por Diego Martínez Barrio, correligionario de aquél, con el encargo de convocar nuevas elecciones parlamentarias. Gil-Robles, siguiendo la línea de Azaña, y que estimulaba el sistema electoral con sesgo a la mayoría, desde octubre se dedicó a conseguir una coalición que denominó Unión de Derecha y Agrarios, que representaba, fundamentalmente, a los latifundistas, arrastrando a los pequeños agricultores y a los trabajadores y clases medias católicos, entre la CEDA, la alfonsista Renovación Española, dirigida por Antonio Goicoechea, el abogado de los grandes capitalistas, y la Comunión Tradicionalista, es decir, el carlismo acérrimo. En cambio el PSOE, presionado por los sindicatos, cada vez más extremistas por la frustración de las esperanzas incumplidas, y por la influencia del PCE y su Frente Unico de Trabajadores, asumió dicha radicalización, única forma de no perder ascendencia entre el movimiento obrero, imprescindible para convertirse en alternativa electoral. Con ello se rompió la coalición con los liberales, que había devuelto la república y la democracia a España, presentándose desunidos.

La CEDA obtuvo el 24% de los votos y 22% el Partido Republicano Radical de Lerroux. Según el recuento del historiador Julio Gil Pecharromán, 204 diputados podrían considerarse de derechas, 170 de centro y sólo 93 de izquierdas, de los que sólo uno era comunista, a pesar de haber pasado de 60.000 votos en 1931, las primeras elecciones a las que se presentó el PCE, a 400.000 en 1933, las segundas parlamentarias a las que concurría, y ello porque el primer diputado comunista de España, por la provincia de Málaga, formaba parte, también por vez primera, de una candidatura unitaria antifascista, preludio del Frente Popular. Y seguía siendo República. Pero ahora más netamente de derechas. Alcalá-Zamora encargó el Gobierno a Alejandro Lerroux, cuyo Partido Republicano Radical había alcanzado, individualmente, el mayor número de votos, aunque superado por la coalición de derechas. Al parecer le había puesto como condición no integrarles en el Gobierno, ni tampoco al PSOE. Era una decisión completamente esperable. Como el nuevo Parlamento no iba a rechazar a Lerroux, el Presidente de la República aprovechaba para dejar claro que su anterior decisión era correcta, que era el hombre adecuado. Tras los enfrentamientos de los debates constituyentes (es lógico que, con tal experiencia, en 1977 se optase por el consenso y el acuerdo en Comisión, o por negociaciones entre los diversos Partidos, acudiendo al pleno del Congreso con propuestas contaran con bastante apoyo en lo fundamental, eludiendo el auténtico parlamentarismo, el debate público, pero también las confrontaciones que pudieran desgarrar la transición democrática, como ahora, que parecía ya consolidada, se está haciendo) y la radicalización de la campaña electoral, era de suponer que Alcalá-Zamora intentaría apartar al PSOE, cuyas mutuas antipatías eran evidentes, de las responsabilidades gubernamentales.

En cambio, muchos historiadores encuentran completamente injustificadas las prevenciones contra la coalición derechista. La CEDA se había creado después de aprobada la Constitución. No había, puesto que lo habían evitado, ningún pronunciamiento expreso sobre su lealtad a la misma. Formaba parte de la estrategia del “accidentalismo”. Es decir, era una coalición de lealtad no constatada a la Constitución. En realidad, su máximo dirigente, Gil-Robles, había abogado por modificación total, incluso antes de ser definitivamente aprobada. Era lógico que el Presidente de la República no quisiese hacer experimentos con ellos, cuando la situación se presentaba incierta. Se trataba, por tanto, de un Gobierno inestable. El PSOE esperaba que se le pidiese su apoyo y debatía internamente las contrapartidas a exigir. Pero se equivocó. Las acusaciones de corrupción lanzadas por sus anteriores coaligados habían cavado un foso entre ambos. Así que Lerroux acudió a la CEDA. Y esta presentó su precio a cambio de un apoyo parlamentario con exclusión gubernamental: mantenimiento de la Iglesia en el negocio de la enseñanza, amnistía para los golpistas de la “sanjurjada” (otro motivo para desconfiar de las intenciones democráticas de los cedistas y de su núcleo constitutivo, la Acción Popular, brazo político de Acción Católica) endurecimiento de la legislación laboral en línea de favorecer los intereses empresariales, y dejar congelada la Ley de Reforma Agraria y la aplicación de la Ley de Congregaciones religiosas. Es decir, dejar en vía muerta todas las grandes reformas que la República había traído, toda la inmensa labor de dos años, todas las esperanzas creadas a las clases populares. Mientras tanto Japón había invadido los territorios chinos al norte de la Gran Muralla, desde Corea, desafiando los intereses de Estados Unidos, el Imperio Británico y la URSA.

En julio de 1933 el Vaticano, a cambio de que no se ilegalizara al Partido de Zentrum, que, ingenuamente, esperaba que terminara aglutinando los votos socialdemócratas para imponerse al nazismo en unas futuras elecciones, que no se producirían sino tras la invasión estadounidense, firmó un Concordato, con Hitler, al que no se le acusó, como se hacía con la República Española, de perseguir a la Iglesia Católica, a pesar de que prohibió la educación eclesiástica, y estaba tramando la imposición de una nueva religión del Estado, resurrección de los mitos druidas arcaicos, con él mismo como máximo profeta, y que ya había iniciado alentando ceremonias civiles-religiosas, con dicho ritual y pleno valor legal. El artífice de dicho Concordato fue el Cardenal Pacelli, futuro Pío XIIº. Se opusieron a él el futuro Pablo VIº, que logró que se aceptaran algunos cambios que proponía, y el futuro Juan XXIIIº, Gran Oriente de la Masonería, que se negaba, con gran vehemencia, a que se legitimara de ningún modo a los nazis. Tanto por lo que se pudo interpretar de desacato a la autoridad inapelable de la jerarquía, algo tradicionalmente eclesiástico y fascista, como para evitar que sus posicionamientos enturbiaran las relaciones con los nazi-fascistas, se le “castigó” “desterrándolo” como Nuncio en Turquía, in partibus infidelis. Desde tal puesto pudo ayudar a Giorgio Perlasca, nombrado por los judíos uno de los 36 justos entre las naciones, autoproclamado como cónsul en Hungría cuando el embajador español, Sanz Briz -con el que colaboraba, junto con el suizo Karl Lutz y el enviado especial del rey de Suecia- tuvo que huir del país, salvando la vida de 5.218 judíos, mediante la Ley de Primo de Rivera que reconocía la nacionalidad española a todos los sefardíes del mundo que lo solicitasen.

Fue el único alto prelado católico que hizo algo semejante, mientras los sacerdotes que dirigían los campos de exterminio en Croacia competían por quién podía asesinar, personalmente, a mayor número de servios confinados, venciendo el que causó mil trescientas muertes en una sola noche. En 1890 se había fundado el Partido Socialcristiano austriaco. El Emperador tardó dos años en legalizarlo, ya que en un Imperio multinacional y plurirracial sus postulados racistas eran terriblemente peligrosos. Especialmente virulento era su antijudaismo, rechazado por Hitler cuando era acuarelista bohemio, pero que tomó como suyo a partir de su ascenso en el Partido Obrero Alemán Nacional-Socialista. Tras la I Guerra Mundial, la humillada y desmembrada Austria se debatía en estertores agónicos. Siguiendo el ejemplo alemán, los socialdemócratas trataron de poner orden en el caos. En medio de insurrecciones de tipo bolchevique tuvieron que pactar con agrarios y socialcristianos para conseguir una mayoría parlamentaria que les apoyasen. Pero, con ello, y las lógicas críticas comunistas, sólo consiguieron que sus socios recuperasen el poder. Al llegar a la cancillería el sacerdote Ignaz Seipel, consolidado en el Gobierno al concederle un cuantioso préstamo la Sociedad de Naciones, dominada por Gran Bretaña y Francia, ante la negativa a integrarse en ella de Estados Unidos, y el rechazo de la petición de incorporarse de la URSA, hizo uso de la Defensa de la Patria -grupo miliciano constituido espontáneamente para defender las fronteras imperiales contra el desmembramiento, pero que, al comprender la imposibilidad de tal objetivo, dada la magnitud de la derrota, a pesar de la propaganda triunfalista del Gobierno, pasaron a actuar como milicias fascistas terroristas antimarxistas- contra los socialdemócratas.

El mismo se calificó de clero-fascista, término en el que se engloba el de oliveira-salzarismo portugués, la Falange Española, la Francia con capital en Vichy de Petain, o el ultranacionalismo turco. Es cierto que Hitler pretendía anexionarse Austria, su país natal, entre otros motivos porque los Tratados de Versalles y la Sociedad de Naciones se oponían absolutamente a tal unificación (y también Mussolini, que temía un poder excesivo de Alemania, que le restara preeminencia)  y conseguirlo demostraría su poder. Pero Dollfuss lo utilizó como excusa para disolver el Parlamento austriaco en 1933 e imponer su concepción corporativista, porque, para evitar la anexión por vía democrática, le hubiera bastado con ilegalizar a los nazis, como haría después, ya que éstos eran los únicos que la proponían. Al Este de la barrera de Alemania-Austria-Italia sólo la derechista Checoslovaquia mantenía una estructura democrática, en una Europa en la que la mayoría de sus Estados aún no habían llegado a ella, habían abdicado de la misma o la habían convertido en mera caricatura formalista. El núcleo continental de países aún democráticos, España, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Suiza, aparecían como emparedados, atrapados, entre dicha gran barrera y Portugal e Irlanda. Sin embargo, conviene que quede nítido, la disyuntiva no era democracia sí o democracia no. Ni entonces, ni ahora, ni durante la “guerra fría”. La alternativa era y es capitalismo sí o capitalismo no. Desde esta perspectiva, los Partidos y Gobiernos de derecha, y en este conjunto debemos incluir todos los que no tienen interés en sustituir el sistema económico, no perciben al fascismo como un enemigo, sino como un aliado contra el izquierdismo, el anticapitalismo. De igual forma que no visualizan a los Partidos y Gobiernos de izquierdas como posibles aliados contra el fascismo, sino como enemigos del sistema.

Esto es determinante para comprender la soledad de la República Española frente al fascismo internacional, lo ilusorio de la esperanza en una ayuda exterior que no fuera la soviética, y ésta muy condicionada y condicionante, y las posibilidades de que la guerra ¿civil? hubiese terminado con distinto desenlace. Sólo durante los cuatro años y medio que Rossevelt se enfrentó a Alemania y Japón cambió el punto de vista de la opinión pública estadounidense. Y para ello fue preciso permitir, ya que lo conocían de antemano (por ello se llevaron de la base a los portaviones, para que la fuerza principal de combate no sufriese daños, aunque tampoco, por lo tanto, pudo protegerla) el ataque japonés contra el Puerto de La Perla, en inglés Pearl Harbor. Si bien hay que indicar que contaban con que el comandante de dicha base cumpliera la orden de extender las redes contra los torpedos explosivos, que habrían minimizado los daños de la primera oleada, y facilitado la eficacia de la artillería contra los bombarderos, que se escondían y apuntaban a los blancos entre las columnas de humo, que les servían de referencia. Al morir Roosevelt en circunstancias aún no aclaradas, Truman, abogado del gangster Pendergast -en representación de un pacto contra Mussolini y su lucha contra la mafia, a cambio de entregarles todas las alcaldías de las poblaciones italianas que fueran ocupando, bajo las siglas del Partido Popular, que se prestaba a ello, aunque, después, decidieron cambiarle el nombre por Democracia Cristiana, para hacer olvidar su colaboración con el fascismo- cambió de alianzas.

Como algunos ciudadanos, dentro y fuera de Estados Unidos, no habían comprendido la nueva política geoestratégica, fue necesaria la “caza de brujas”, el Plan del General Marshall, como Secretario del Tesoro, para dar préstamos a los países con gobiernos de Frente Popular a cambio de que aceptaran el “patrón de cambios oro”, es decir, el dólar como divisa única de intercambios internacionales, o, en caso contrario, su desalojo del poder, que era, en realidad, el objetivo, comenzando con ello la “guerra fría”, corriendo la cortina de hierro o “telón de acero”, como lo definió Churchill, aunque habitualmente se da una interpretación muy sesgada a sus palabras. En España, PSOE y CNT mantuvieron reuniones para analizar la situación creada tras los resultados electorales, posiblemente con la pretensión de que los anarquistas éstos reconocieran lo erróneo de su llamada a la abstención, las consecuencias de la misma, y su compromiso a apoyarles en la siguiente convocatoria. Vano intento que quedó en una retahíla de lamentaciones y reproches mutuos. En lugar de ello, retrocediendo a su voluntarismo tradicional, ajeno a cualquier análisis marxista de la realidad, cada vez más influidos por la FAI, e incluso por el PCE, que también se equivocaba al suponer condiciones pre-revolucionarias, replicaron que la democracia no tenía la menor significación (olvidaban pronto todo lo padecido durante las dictaduras) y que podrían tomar el poder en cuanto se lo propusieran. Los representantes del PSOE quedaron anonadados con semejante afirmación. Sin embargo, su resultado fue abrir una línea de debate interno sobre tal posibilidad. De improviso todas las críticas y ataques que habían estado recibiendo desde los sectores “bolchevizados”, la KOMINTERN y el PCE, se entendieron como debidamente fundamentados.

Las advertencias sobre el fascismo, que, a la luz de los insignificantes resultados electorales de los partidos propiamente fascistas, parecían demenciales, delirios propagandísticos de un minúsculo PCE, al que consideraban impotente, tomaron corporeidad, al comprender las conexiones católico-fascistas, el clero-fascismo o nacional-catolicismo, como se llamaría más tarde. La amnistía a los golpistas no podía ser más elocuente. La pregunta ya no era si había que mantenerse o no dentro de la legalidad democrática, sino en qué momento había que anticiparse a que llegase a ocurrir lo mismo que había sucedido en Alemania, respetando una legalidad que a los fascistas no les condicionaba lo más mínimo. Ya en diciembre se produjeron levantamientos anarquistas en Cataluña, donde surgiría una Alianza Obrera que aglutinaba sindicalistas y partidos de izquierda, y Aragón. El año 1934 comenzó con un artículo en “El Socialista” abogando por la lucha de clases y el odio a muerte a la burguesía criminal. El PSOE cambió su programa, incluyendo la nacionalización de la tierra (un objetivo propiamente comunista) la disolución de todas las órdenes religiosas confiscando sus propiedades (que podría incluirse en el ideario liberal jacobino) y la disolución de la Guardia Civil y del ejército, que debería sustituirse por una milicia democrática, según los postulados anarquistas, algo aparentemente innecesario, dado el nulo apoyo obtenido por Sanjurjo. El 3 de febrero se constituyó un comité revolucionario, siguiendo la nomenclatura del que había encabezado la llegada de la República, pero, en esta ocasión, con verdadera intencionalidad de cambiar el sistema, de conseguir ventajas manifiestas para los trabajadores, su control del poder, incluso afrontando el riesgo de guerra civil que ello podría conllevar. Se trataba de suplir con radicalidad, e incluso con violencia, la falta de votos cosechaba.

Dollfuss, apoyándose en la coalición Frente Patriótico, muy semejante a la CEDA, había ilegalizado en el mes de junio anterior el partido nazi austriaco, cuyo programa incluía la anexión con Alemania, lo que irritaba a Gran Bretaña y Francia, puesto que contravenía el articulado de los Tratados de Versalles y las resoluciones de la Liga de las Naciones, pero, en febrero de 1934, también ilegalizó al Partido Social-Demócrata Obrero de Austria, y preparó una reforma constitucional, que pondría en vigor en mayo, según los planteamiento del sacerdote Ignaz Seipel, anterior canciller (igual que el sacerdote Josef Tiso, presidente de Eslovaquia desde marzo de 1939, con el apoyo de Hitler, o Volpetch Tuka, Primer Ministro de dicho país durante la ocupación alemana, o los sacerdotes que dirigían los campos de exterminio croatas en dicha época) que, basándose en la encíclica Quadragesimo Anno de Pio XIº, prohibía la empresa privada, sustituida por la  dirigida  por el Estado, aunque con la misión de producir beneficios para sus propietarios y capitalistas, prohibía los sindicatos, negaba derechos a los judíos –el clerofascismo, con su óptica medieval, de retorno a la Inquisición, los consideraba descendientes de los asesinos de El Cristo, distorsionadores del capitalismo hacia el materialismo (?) e inductores del bolchevismo: ¿contradictorio?- estableciendo un parlamento dividido en representantes de la nobleza, del clero y de los ciudadanos, a partes iguales. En España Gil-Robles se hacía aclamar como “¡jefe! ¡jefe! ¡jefe!” (en alemán: führer! führer! führer!) en sus baños de multitudes, y hacía desfilar a sus Juventudes de Acción Popular al estilo propiamente nazi. Tanto los Partidos de izquierda como los sindicatos, parecían suponer que no iban a existir nuevas oportunidades de recuperar democráticamente el Gobierno, que la derecha conservadora había tomado el poder para no soltarlo, por vías democráticas.

Lógicamente Julián Besteiro calificó de locura colectiva, de vana ilusión infantil, intentar la “dictadura del proletariado”. Azaña, cada vez más distanciado de Largo Caballero, llegaba a verlo como un peligro, desaconsejando todo lo que pudiera provocar una intervención del ejército, que aplastaría a los obreros.

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