De la euforia al acoso a la República

 

Entre las primeras publicaciones fascistas de España aparece la revista “La conquista del Estado”, de Ramiro Ledesma Ramos junto con un grupo propiamente fascista, que se unieron a las Juntas Castellanas de Acción Hispánica, de Enésimo Redondo, extremadamente católicas y conservadoras, para constituir las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. El primer partido fascista en España fue el Partido Nacionalista Español, catolicista y monárquico, que, sin el menor respaldo popular, terminó integrándose en el Bloque Nacional, que fundaría Calvo Sotelo, después de que José Antonio Primo de Rivera impidiese que éste se incorporara a Falange Española, al parecer porque no quería que un Ministro de su padre, cuyos virulentos discursos parlamentarios eran conocidos por la opinión pública, le restara protagonismo. Antes de fundar la Falange, y tras ser Vicesecretario General de Unión Monárquica Nacional, en 1930, José Antonio Primo de Rivera, junto con Rafael Sánchez Mazas y Julio Ruiz de Alda, otro de los “héroes” del Plus Ultra, a las órdenes de Ramón Franco, fundaron el Movimiento Español Sindicalista, que también fue un fracaso. Entre los anarquistas, desde la creación en 1927 de la Federación Anarquista Ibérica, los enfrentamientos se agrian. Los miembros de la F.A.I., entre los que se encontraban García Oliver y Buenaventura Durruti -que, perteneciendo a la UGT, participó en la huelga general revolucionaria de 1917, en Asturias, y se sospecha que, ya en la CNT, participó en el asesinato del Cardenal Soldevilla, que financiaba a los pistoleros patronales para que asesinaran a los sindicalistas obreros más destacados- preconizaban la revolución inmediata, con tintes bastante bolcheviques, y una serie continua de huelgas con el objetivo de acabar con el Estado. En tales condiciones, en junio de 1931, la CNT acordó no colaborar con el Gobierno republicano-socialista ni con la UGT.

Parte del sector mayoritario de la CNT publicó en agosto de 1931 el llamado Manifiesto de los Treinta, por recoger dicho número de firmas, entre las que estaban las de Angel Pestaña o Juan Peiró, se oponían, por un lado, a la organización de un movimiento de vanguardia, organizado y disciplinado, indicando, sin mencionarlo, sus influencias comunistas, y, por otro, apoyaban el mantenimiento del individualismo, por lo que se inclinaban hacia la deriva del anarquismo estadounidense, al tiempo que preconizaban una cierta lealtad a las instituciones republicanas, que permitirían servir de adiestramiento para, llegado el momento, establecer bases más sólidas para una revolución democrática. En diciembre de 1931 Castilblanco (Badajoz) estaba en huelga. Un guardia civil disparó contra un obrero causándole la muerte. Los huelguistas reaccionaron asesinando a cuatro guardias civiles. La Guardia Civil se tomó venganza en distintas localidades en huelga. En Arnedo (La Rioja) hubo 11 muertos y 30 heridos. Azaña destituyó a Sanjurjo, que ya había criticado la reforma militar de éste. Lo pasó a la Inspección General de Carabineros, puesto desde el que pudo viajar libremente por España, preparando su insurrección, con el apoyo del grupo del General Goded y otros. Lo sustituyó por el General Cabanellas, que se demostraría como otro golpista. Se produjeron levantamientos insurreccionales en enero de 1932, en las cuencas mineras de los ríos Llobregat y Cardener, que, en tres días, llegó hasta Manresa, liquidado por el ejército, y que ocasionó el despido de todos los huelguistas. Al mismo tiempo conspiraban los militares, entre los que se encontraba el General Goded, Jefe del Estado Mayor del Ejército. Capitán de Estado Mayor con sólo 24 años, colaboró en el golpe de Estado de Primo de Rivera, quien le premió nombrándole gobernador “civil” de Cádiz.

Era un hombre envidioso, que se creía con mejores méritos que Sanjurjo para ser Director General de la Guardia Civil. Así que organizó una conjura para derrocar a Primo de Rivera, por lo que fue juzgado por alta traición y expulsado del ejército. La República lo consideró, erróneamente, uno de los suyos, partidario de la democracia, cuando, en realidad, sólo era partidario de sí mismo y de sus ambiciones de poder. No sólo lo restituyó sino que le entregó semejante cargo de relevancia. En dichos intentos conspiratorios estaban implicados los Ministros de las dictaduras Calvo Sotelo y La Cierva, el republicano derechista Melquíades Alvarez, y los financieros Luis Oriol y el conde de Romanones. Se sospecha que Lerroux conocía dicha trama, y que incluso era la propuesta para presidir el Consejo de Ministros. Es decir, que no se trataba propiamente de acabar con la República, sino de transformarla en un régimen dictatorial que garantizase los privilegios de las clases dominantes, como haría ver Hitler en Alemania sólo nueve meses después, aunque luego se alejó mucho de tal propuesta. Aunque no parece muy creíble que las personalidades de Sanjurjo ni de Goded fuesen compatibles con ceder el poder a un civil, ni siquiera a un militar que no fueran ellos mismos. En tales condiciones los monárquicos se echaron atrás: no era una intentona de la que pudieran obtener beneficios personales. Sanjurjo confiaba en el triunfo de un pronunciamiento militar en Madrid y Sevilla, lo que produciría la incorporación del resto de las Divisiones Orgánicas. Era un planteamiento muy similar al de los levantamientos de Jaca, Huesca, Barcelona y el aeródromo de Avión Cuatrocientos, con los que se pretendió reinstaurar la república. Tal vez, de mayor envergadura. En 1930, en base a un proyecto del General Mola, Director General de Seguridad, se habían separado las misiones de vigilancia y seguridad de la policía.

Esta última pasó a tener normas militares, bajo el Código de Justicia Militar. Dentro de dicho Cuerpo se creó la “Sección de Gimnasia”, dedicada al orden público. A partir de ella, una vez instaurada la república, el conservador Miguel Maura, Ministro de Gobernación, creó las Compañías de Vanguardia. En vista de los problemas surgidos con las actuaciones del ejército, por ejemplo en Sevilla, en julio del año anterior, o con las de la Guardia Civil, el Gobierno decidió que debía confiar en otras fuerzas que les fueran más leales y obedientes, para mantener el orden público. Así, en febrero de 1932, las Compañías de Vanguardia, y todo el Cuerpo de Seguridad, pasaron a denominarse Cuerpo de Guardias de Asalto, bajo el mando del coronel Agustín Muñoz Grandes, que había sido profesor de la Academia General Militar, bajo el mando del General Franco. Se les dotó de porras y, además, de fusiles, e incluso de ametralladoras ligeras, lo que pone de manifiesto la intencionalidad doble de reprimir tumultos pacíficos tanto como los de grandes proporciones, o que utilizasen inmuebles para atrincherarse en ellos. Los días 25 y 26 de enero se había producido una huelga general en Sevilla. El movimiento obrero repuntaba a la situación de enfrentamiento que había traído la república, más que la emisión del sufragio, que sólo fue su consecuencia, y cuya importancia y entereza había dejado paralizado al ejército, hasta el punto de negarse a apoyar al rey cuando éste y sus Ministros pulsaron su opinión para reprimir la proclamación popular de la República en las calles. En febrero el Gobierno ordenó la deportación a Guinea de los obreros apresados por revolucionarios, lo que originó otro movimiento de huelgas generales. Desde el otoño anterior los campesinos ocupaban fincas, en algunos casos bajo la bandera roja, sembrándolas y administrándolas por su cuenta.

En marzo de 1932 se celebró en Sevilla el IV Congreso del Partido Comunista. En él se analizó que, conseguidos los objetivos del III Congreso de acabar con las dictaduras y la monarquía que las había traído, había que progresar en el proceso revolucionario que, a su entender, se había iniciado. Y para ello era preciso que el PCE dejara de ser una organización minoritaria, que alcanzase a amplias capas sociales, que se convirtiera en un Partido de masas. En realidad era la tesis de la KOMINTERN, que pretendía superar electoralmente a los partidos socialdemócratas. Para ello era necesario una política de alianzas, incluso interclasista -¿Se puede llegar bajo tales premisas a una auténtica revolución obrera? Si tal era el objetivo ¿iban a dejarse engañar los colaboradores de dicha iniciativa?- pero bajo la dirección del proletariado. Para ello era necesario acabar con los enfrentamientos personalistas y el sectarismo. Se concretó tal desviacionismo en Bullejos, el Secretario General, Adame y Trilla. Se les criticó, entre otras cosas, haber mantenido consignas poco oportunas, como el enfrentamiento a la república burguesa; confundir el derecho a la autodeterminación con el apoyo al nacionalismo y al independentismo, contrarios a la unidad obrera; negarse a la dirección colectiva, o la estructura jerárquica, militarista (o eclesiástica) del Partido. Todo lo cual suponía alejamiento de la sociedad y de los trabajadores. Y que continúan siendo males de las organizaciones izquierdistas u obreras actuales. Sin embargo no fueron destituidos, pero quedaron en minoría frente a un Comité Central dominado por José Díaz, Dolores Ibárruri, Vicente Uribe, Antonio Mije, Manuel Delicado, Trifón Medrano o Daniel Ortega. En realidad se trataba de un cambio necesario si se pretendían conseguir éxitos electorales, cambiar la actividad clandestina por el reconocimiento público, obtener dividendos del prestigio en la acción sindical.

No se resignaron a ello los antiguos dirigentes y trataron de recuperar su posición predominante, por lo que, en octubre, se les acusó de actuar contra el Partido y se les expulsó. Con tales antecedentes, con un Partido Comunista ridículo, pero que se presentaba como organizador de la revolución campesina y de la combatividad obrera, con tendencia al crecimiento, y a radicalizar aún más la situación política, bajo la óptica conservadora, en el mes de agosto se produjo el levantamiento que pasaría a denominarse “sanjurjada”, recordando la “vicalvarada” del siglo anterior, o la “sanjuanada” contra Primo de Rivera. El Gobierno conocía los planes y los estaba esperando. La Guardia de Asalto actuó con plena eficacia, y el golpe en Madrid quedó desarticulado con toda facilidad. Esto, unido a la inmensa mayoría electoral conseguida por la coalición republicano-socialista, dio una falsa sensación de seguridad, de que la República era indestructible y que se estaba en condiciones de conocer y anular cualquier tentativa golpista. Especialmente el ilusorio Largo Caballero creyó que nada podía evitar que se entrara en un triunfante proceso revolucionario, según su particular idea de lo que debía constituir tal proceso en la situación de la España de la época. El éxito de la Guardia de Asalto, en su primera acción de envergadura, recibió todo tipo de felicitaciones y parabienes. Para unos y  para otros se convirtió en el brazo armado de la República, y, desde entonces, actuó con un inusitado fervor en todas las misiones que se le encomendaron, a veces en perjuicio de los trabajadores y sindicalistas. Los golpistas tomaron buena nota de ello y, para el futuro, establecieron que el primer objetivo debía ser la aniquilación de dicha fuerza, que, desde entonces, todo el mundo consideró netamente republicana, aunque no esencialmente izquierdista ni revolucionaria.

La actuación de los golpistas contra ellos les convenció que no tenían otra alternativa, que su supervivencia personal estaba ligada a la de la República, y cumplieron su compromiso con plena coherencia. En cambio, la Guardia Civil se vio desairada, porque, después de casi cien años, no se les reconocían los mismos méritos. Al contrario: de siempre habían quedado nítidos su cruel comportamiento (que la Guardia de Asalto no iba a desmerecer) y su partidismo a favor de los terratenientes y poderes establecidos y en contra de los obreros y las clases humildes, a las que siempre veían como sospechosas. Así, en su mayoría, llegaron al convencimiento de que la República no era algo suyo, y que no tenían la obligación moral de defenderla. Por el contrario habían pasado completamente desapercibidos los preparativos realizados en Sevilla, donde la “sanjurjada” triunfó plenamente. Esto llevó a la conclusión a los golpistas de que Sevilla debía ser la clave de un próximo intento, mientras que Madrid se presentaba como un objetivo muy difícil. Por similares razones, al Gobierno de 1936 le pareció que la defensa de Sevilla era poco práctica, y que debía centrarse en la recuperación y mantenimiento del poder en Madrid, donde todo le era mucho más favorable. Tal interpretación tuvo hondas repercusiones respecto de una actuación rápida y eficaz que impidiese la llegada del ejército colonial, los mercenarios marroquíes y las tropas regulares fascistas italianas desde Africa hasta la Península. En el triunfo de la “sanurjada” en Sevilla tuvo una destacada importancia la actuación de la Guardia Civil, mostrando una lealtad personal al que había sido su Director General hasta poco antes. Esto reafirmó el sentimiento popular, e incluso del Gobierno, de que no se podía confiar en ella. Y, a su vez, entre los golpistas y la propia Guardia Civil, que debía ser el instrumento principal en un segundo intento.

Poseían armas largas, gran entrenamiento de tiro, disciplina militar y experiencia en enfrentamientos arriesgados, tanto con las multitudes como con la delincuencia. Por tanto suponían una eficacia muy superior a la de los soldados de reemplazo, salvo los que habían pasado por Marruecos. El Gobierno, sobretodo a partir de entonces, evitó que hubiese munición fácilmente disponible para que cualquier sedicioso pudiese hacer uso de ella. Pero también suponía mermar la capacidad de reacción de las tropas que fueran leales. Sólo la Guardia de Asalto, la Guardia Civil y, lógicamente, el ejército colonial, en situación de guerra permanente, aunque, más o menos, larvada desde la ofensiva de Alhucemas, tenían plena dotación de amunicionamiento. Tal circunstancia sería determinante durante los primeros y decisivos meses de la guerra civil de 1936. Los sindicatos tomaron la iniciativa y Sevilla quedó paralizada. Como había ocurrido con la insurrección de Kapp en Alemania, doce años antes, si bien en dicho caso la combatividad del Partido Comunista alemán, colaborando con la resistencia armada, lo que le costó cientos de muertos, que no se sumaron a los cargos contra el golpista, que sólo fue condenado a pocos años de cárcel, fue fundamental. En España los futuros golpistas tomaron nota: los sindicatos eran sus enemigos, defensores de la República, y constituían el segundo objetivo prioritario. Así en Sevilla, en 1936, la cifra de obreros fusilados continúa en cifras incalculables, labor ímproba para los encomendados a la recuperación de la memoria histórica, que reúnen material para varios libros. En tal situación, sin conseguir el menor apoyo, Sanjurjo decidió huir a Portugal, siendo detenido en Huelva. Los onubenses repiten que el Gobierno reprendió al Gobernador Civil por no haberle dejado escapar, endosándole, de este modo un problema más.

Efectivamente, para los republicanos, que se habían opuesto al fusilamiento de los sublevados de Jaca, ahora se presentaba un problema ético, moral, de coherencia, que resolvieron del mejor modo posible, sin dejar de dar escarmiento, aunque, al final, no fue en absoluto disuasorio. Los fascistas no tienen ningún problema ético, moral, ideológico o de incoherencia: les da igual ante su objetivo único de ocupar el poder y favorecer a los sectores privilegiados. Ciento cuarenta implicados en el golpe fueron desterrados al Sahara, a Villa Cisneros. Todos los principales conjurados, entre ellos José Antonio Primo de Rivera, Ramiro de Maeztu y el General Mola fueron apresados. Este último fue separado del servicio activo pasando a la segunda reserva. Las fincas de los Grandes de España fueron incautadas, puesto que la nobleza terrateniente se había puesto de parte de los golpistas. Lógicamente trataban de volver a la monarquía, al feudalismo, que es lo propio de la aristocracia. Una medida que, ni de lejos, puede compararse con los hechos revolucionarios liberales, como la expropiación de las tierras de la nobleza huida, en tiempos de la Revolución Francesa, o de Napoleón, o la desamortización civil española del siglo anterior. Sin embargo, sin llegar a ser revolucionaria, puesto que, a pesar de las grandes extensiones apropiadas, un buena parte improductiva, no afectaban en gran medida a la estructura de la propiedad agrícola. Tal vez se aprovechó la ocasión para conseguir tierra para la reforma agraria, precisamente en las zonas que más lo necesitaban, donde mayores eran los latifundios, casi siempre aristocráticos, y mayor el número de jornaleros desposeídos, sin ninguna garantía de subsistencia, salario ni trabajo.

Pero tal coyunturalidad dejó a los afectados el sentimiento, la propaganda, de injusticia, de castigo no sancionado por los tribunales ni por la Ley, el temor de que la situación podría continuar por el camino revolucionario y que la seguridad de su patrimonio pasaba por el aplastamiento de la República: sería una buena inversión financiar a los futuros golpistas si conseguían el poder y devolverle el favor y sus tierras, garantizándoles, de paso, un precio mínimo para su trigo, es decir, unos beneficios seguros, como habían hecho todos los reyes con los precios tasados (el rey era, tradicionalmente, un aristócrata terrateniente, de realengo, cerealista) lo que volvería a hacer Franco con su Servicio Nacional del Trigo, después convertido en Servicio Nacional de Cereales y Servicio Nacional Agrario. Sanjurjo fue juzgado y condenado a muerte, pero el Gobierno conmutó la sentencia por la de prisión. El demencial Lerroux, tras ser nombrado Jefe del Gobierno, lo amnistiaría. Se marchó al Portugal del dictador De Oliveira Salazar, proclamando que organizaría la salvación de España del deshonor ¿No le parecía deshonor su historial, de sucesivas traiciones y deslealtades? ¿Puede un deshonrado honorar algo? La “sanjurjada” hizo meditar al Gobierno, posiblemente a Azaña más que a ningún otro, sobre la lealtad de los militares y la posibilidad de contrarrestarla. Largo Caballero, arrimando el ascua a su sardina, llamó la atención sobre la necesidad de una “reconciliación” con el mundo sindical, especialmente con el campesinado, por lo que se engrasó la maquinaria de la reforma agraria, con la mencionada incautación de tierras a la “grandeza”, entre otros métodos. La Comisión Técnica Agraria dictaminó que existían dos millones de hectáreas de secano y ochenta y ochomil de regadío susceptibles de mejora y, por tanto, de expropiación. Eso sí hubiera sido revolucionario. Pero ni había presupuesto ni los liberales tenían el menor deseo de llegar a tal grado de enfrentamiento.

La Ley sólo afectó a Salamanca, Extremadura, La Mancha y Andalucía. En Cádiz y Sevilla casi la mitad de la superficie cultivable excedía de las 250 Ha.. Los terratenientes hicieron todo lo posible por retrasar el proceso, esperando que un triunfante golpe de Estado “volviera las cosas a su sitio”. Todo lo cual llevó a la exasperación a los jornaleros, que tan ilusorias esperanzas se habían creado. En 1934 sólo se había reasentado 12.000 familias, de las 200.000 previstas, y sólo se habían expropiado 117.000 Ha.. También los catalanistas, como de costumbre, trataron de sacar provecho de los tiempos revueltos, de las catástrofes nacionales. En mayo de 1932 se inició la discusión del Estatuto de Cataluña, que deparó ¿cuándo no? la reacción españolista, unitarista y anticatalanista de la derecha. Azaña, con uno de los mejores, más razonados y emotivos discursos de su vida, tanto como la intentona golpista de Sanjurjo, consiguieron su aprobación, aunque muy recortado respecto a la propuesta catalanista, el 9 de septiembre. El 20 de noviembre Izquierda Republicana de Cataluña ganó las elecciones a su parlamento. Aunque por entonces se consideraba a Estados Unidos algo muy lejano, y su actitud de inhibicionismo (le llamaban neutralidad) respecto de todo lo que excediera a sus intereses directos en el continente americano y sus mercados asiáticos, así como su inmenso potencial económico, que, no obstante, no le servía para salir de su inmensa depresión y la situación catastrófica de desempleo obrero, los hacía distantes y poco modélicos respecto de la situación europea, la victoria del Partido Demócrata y de Roosevelt pudieron influir en el PSOE, especialmente en el sector liberal, encabezado por Prieto, de que era posible otra línea de actuación, convencer al resto de socios del Gobierno, liberales, de esta posibilidad, y que podrían recuperar el entusiasmo de las bases electorales, alejarlas del sendero revolucionario.

En enero de 1933, igual que había ocurrido en 1932 en el valle del Llobregat, en un momento de apogeo huelguístico, la FAI llamó a la destrucción del Estado y la proclamación del comunismo libertario. En ninguno de los dos casos las masas obreras siguieron sus convocatorias, sino que estas sirvieron -como suele ocurrir con los planteamientos que exceden con mucho las propensiones de la vanguardia obrera- en lugar de iniciativa, de empuje, hacia posiciones más combativas, para  la desorganización, la desconfianza, la retracción de la mayoría, debilitando el movimiento huelguístico. Sin embargo era cierto que el anarquismo contaba con gran arraigo popular, y había un cierto convencimiento, por una minoría, de que la situación era revolucionaria. De hecho, confundiendo el análisis de la independencia del continente americano, en una comparación anacrónica, todos, incluso el Partido Comunista, calificaban de revolución la huida del rey de España, sin llegar a comprender que las estructuras económicas, de la propiedad, en la que se basa el poder real, estaban intactas. Y  parte de dicha minoría, unida sentimentalmente al anarquismo histórico, prestaron oídos a los proclamas. En ambos casos se atacaron a policías y a centinelas de los cuarteles. En 1933 tal proceder se expandió por Barcelona, Lérida y Madrid, entre otras ciudades. Generalmente la policía conocía de antemano lo planeado, y evitaban o reprimían los acontecimientos. Sin embargo, cuando tales actos se extendieron al campo andaluz, atajarlos se hizo imposible. “El Debate”, publicación periódica de Acción Católica, dominada por Herrera Oria, comentó que, en un solo mes se habían ocupado más fincas en España que en el periodo 1919-1922 en Italia ¿Qué pretendía con semejante comparación? ¿Indicar que era “necesario” un golpe de Estado fascista, como en Italia, para devolver la tranquilidad a los caciques?

En el pueblecito de Casas Viejas (Cádiz, redenominado Benalup de Sidonia en tiempos de Franco, para evitar su recuerdo; por la misma lógica toda España debía haber cambiado de nombre, dado el genocidio ocasionado por militares y falangistas) anarquista “de toda la vida”, se atacó el cuartel de la Guardia Civil, muriendo dos guardias civiles. De Cádiz llegaron refuerzos de guardias civiles y de asalto, realizando apresamientos. Localizaron una chabola en la que creían que vivían algunos dirigentes del pretendido asalto, entre ellos “Seisdedos”, un bolichero (productor de carbón vegetal, a partir de leña y varetas de olivo carbonizadas bajo una cubierta de tierra en el boliche) de 70 años. Pero, al acercarse, fueron tiroteados, muriendo un guardia de asalto, según declararon. Se envió al capitán de la Guardia de Asalto Manuel Rojas, quien ordenó incendiar la chabola. Al efectuarlo fueron heridos otros 4 guardias de asalto. Varias familias que se encontraban allí murieron calcinadas o por los disparos, cuando intentaron salir, incluso un campesino que gritaba que no era anarquista. Catorce detenidos fueron fusilados extrajudicialmente. En total 25 muertos. La derecha comenzó felicitando a las fuerzas del orden por haber actuado tal como ellos exigían, para acabar con cualquier amotinamiento. Sin embargo, cuando comprendieron el desgaste que podían infligir al Gobierno, utilizaron el Parlamento y las publicaciones periódicas para acusarlos de brutalidad, responsabilizando a las más altas instancias. Se procesó al . capitán Rojas. En el juicio, cinco capitanes destinados a la Guardia de Asalto firmaron, “por el prestigio y la dignidad del Cuerpo”, que, por conducto de sus jefes, habían recibido órdenes verbales de la Dirección General de Seguridad de que no se querían supervivientes.

El capitán de Estado Mayor Bartolomé Barba, que aquella noche estuvo de servicio en el Ministerio de la Guerra, declaró que Azaña, Presidente del Gobierno y Ministro de la Guerra, le había ordenado avisar al General de la División que estuviera prevenido, y nada de hacer prisioneros, que luego los tribunales los dejan en libertad, sino que debían disparar a la barriga. Parece una crueldad innecesaria que hace dudar de la veracidad de la declaración íntegra. En el Congreso, Azaña había defendido que las fuerzas de seguridad habían actuado en defensa propia. No es lógico que, si estaba al corriente de los hechos, hubiese realizado tal declaración, tan fácilmente refutable. Sin embargo fue cesado el Director General de Seguridad ¿Había algo de cierto en todo lo declarado o era carne arrojada a los tiburones, para calmar a la opinión pública, haciéndolo responsable? Lo cierto es que en el juicio resultó absuelto. Rojas fue sentenciado a 21 años de cárcel, y formó parte del bando franquista. El triunfo de la derecha en las siguientes elecciones estuvo en gran parte relacionado con tales acontecimientos.

El Partido Comunista, criticando a un tiempo la violencia elitista, cuando no terrorismo individualizado, y las tendencias colaboracionistas con la burguesía, de PSOE y UGT, que postulaban que en tiempo de crisis, de desempleo, no se deben realizar huelgas, y, tanto ellos como la CNT, se enzarzaban en una confrontación fratricida sobre qué organización sindical era o debía ser la mayoritaria, continuaba con su política del Frente Unico de Trabajadores, sumándole la experiencia acumulada en la Internacional Sindical Roja (futura Federación Internacional de Trabajadores) para constituir comités de fábrica, órganos unitarios posteriormente reaparecidos en Comisiones Obreras, y base de la actual legislación española sobre elecciones sindicales, que algunos se empeñan en enterrar, en convertir en meros trámites formulistas, olvidados e inoperantes, sustituidos por las Secciones Sindicales, como siempre han propugnado UGT y CNT.

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