El Gobierno constituyente

 

Así se empeñó en que el artículo primero definiese al Estado como una república de trabajadores, imitando, en cierta medida, la Constitución de la U.R.S.A.. Lógicamente los liberales no podían aceptarlo. Al final se llegó a un consenso sesgado como “república democrática de trabajadores de toda clase” ¿Qué significaba eso? ¿Cuántas clases de trabajadores hay? Indudablemente se trataba de interpretar que los empresarios también trabajan, justificando su derecho a la existencia. Pero ¿y los rentistas? ¿y los capitalistas? Los empresarios no podían sino inquietarse por la más perjudicial, para sus intereses, de las sospechas: que se pretendía la revolución, la expropiación de sus patrimonios. No hay nada más estúpido que amenazar con la revolución. Sobretodo si no se está preparando la revolución, si no hay la menor intención de hacerla. Si todo el mundo se había conmocionado por la tercera revolución rusa, la “bolchevique”, y se había aprestado a aniquilarla, igual que en su día hicieron con la revolución francesa, era infantil, iluso, creer que en el otro extremo de Europa, en el occidente, la puerta de paso marítimo entre el océano Atlántico y el Mediterráneo, no iba a tener consecuencias. Cinco años después, cuando el Gobierno legítimo, constitucional, solicitó comprar, urgentemente, armamento de los países de su entorno, seguía sin comprender que la palabra “democracia” es simple propaganda para los Gobiernos capitalistas, que, a pesar de la opinión popular de que debía apoyarse a la España democrática, preferían colaborar (en su momento se detallarán las ventas de armamento y petróleo a los fascistas, lo que se negaba al Gobierno legítimo y democrático) a que los antidemócratas exterminasen cualquier veleidad revolucionaria.

Aún en la actualidad la mayoría de las personas continúan sin comprender por qué tales Gobiernos no tomaron una posición más decidida, cerraron las puertas a las peticiones de ayuda de los españoles. Pero una actitud más declarada sólo podía enfrentarse aún más a su propia opinión pública, colaborando más descaradamente con la instauración del fascismo, que se consideraba la única alternativa posible al comunismo. Si realmente se podía temer o no un estallido revolucionario en España es menos significativo que las sospechas e inquietudes que pudiera despertar: el capital pretende certezas, apostar sobre seguro. La actuación internacional respecto a Palestina, rechazando que sus ciudadanos hayan votado libremente en contra de la candidatura apoyada por Estados Unidos, o de la República Arabe Saharaui Democrática, a cuyos ciudadanos los invasores marroquíes no les permiten votar, de Estonia, Letonia o Lituania, en las que no se permiten votar a los ciudadanos de etnia rusa, de Bosnia o Croacia, a cuyos ciudadanos de etnia servia no se les permite votar, o en Irak, dónde sólo están permitidas las candidaturas autorizadas por los ocupantes estadounidenses, demuestran el restringido concepto de democracia, mucho más relacionado con los intereses económicos, que, en realidad, impera. Como símbolos del Estado se impuso la bandera tricolor, producto de sustituir la segunda franja roja por una morada a la escogida por Carlos III sobre un rediseño de la bandera mercante aragonesa, utilizada en el tráfico mediterráneo, por ser más visible en la distancia, sobre el cielo marino, que la cruz de San Andrés o de Borgoña, traída a España por Felipe I, llamado “El Hermoso” por su parecido con el francés Felipe IV, sobre fondo blanco. La franja morada respondía a la bandera comunera, con lo se incorporaba una representación de los reinos de Castilla y Valencia a lo que  se interpretaban colores exclusivos del reino aragonés.

El resultado fue que se eligieron los mismos colores que la ¡República Independiente de Fiume! el primer y efímero Estado fascista del mundo. En realidad fue el pueblo el que escogió esta bandera, que se fue popularizando, a partir de la bandera bordada por Mariana de Pineda, desde finales del siglo decimonono, durante toda la campaña de las elecciones municipales y el mismo 13 de abril, al conocerse sus primeros resultados. El Gobierno provisional sólo la confirmó, y lo mismo hicieron las Cortes Constituyentes. Como escudo se sustituyó el ovalado, propio de los borbones, que nuevamente se ha instaurado en la bandera española, por otro de tipo heráldico, ya implantado por los Reyes Católicos y la casa Habsburg, cuyo vértice inferior permitía un mejor ajuste del símbolo del reino de Granada, el último incorporado a la unidad del Estado peninsular, lógicamente sin el óvalo central con la flor de lis. Se mantuvieron las “columnas de Hércules” unidas por la estola o banderola, en forma de S (de donde proviene el símbolo del dólar, moneda que imitaba las doblas de plata españolas) con el lema Plus Ultra. Este escudo fue utilizado por la dictadura franquista, aunque atrapado por un águila. También se sustituyó la corona imperial, que aún se mantiene, impropiamente, pues nunca España fue un imperio reconocido por el papado, que sólo proclamó el Imperio Romano-cristiano, el Imperio Franco, y sus sucesores, el Sacro Imperio Romano-Germánico, el Imperio Austríaco (de este proviene el uso, indebido, de tal enseña, a partir de Carlos I, el kaisser Karl V) y el Imperio Austro-Húngaro, por una “corona mural”.

Es decir, un lienzo amurallado, intercalado entre torreones, coronado de mirlones y almenas, en una perspectiva irreal, superior y curvada, sin ninguna simbología, simplemente a efectos ornamentales, muy común en los escudos municipales de Cataluña, posiblemente por herencia de la República Catalana, que recuerda también el premio que se le daba al primer soldado que escalaba una muralla. A la bandera republicana con este escudo, y su corona, le sustituyeron la franja morada por una segunda roja los rebeldes fascistas, hasta que la cambiasen por completo por la suya. Como himno se escogió, a insistencia Azaña, la música, más bien ramplona, como de charanga, de baile de pueblo, poco adecuada a ceremoniales y a enaltecer el espíritu patrio, compuesta en honor del fusilado Teniente Coronel Riego, que ya había sido himno oficial de España entre 1822 y 1823, a finales del trienio liberal, y que no es sino una imitación del Ball de Benás, música popular del valle de Benasque. Tanto es así que dicho baile fue prohibido por el franquismo, y hoy se ha perdido. No tenía letra oficial, como ocurre con el himno actual, aunque el pueblo le adoptó la irreverente de amenazar de palizas a los curas y a los reyes para que gritaran libertad. A continuación se centraron los debates sobre el Estado de las Autonomías, una aportación original que intentaba eludir el enfoque federalista, de tan nefastas consecuencias para la Iª República. Posiblemente sería Azaña quien consiguiera el consenso con el texto: “un Estado integral compatible con las autonomías de los municipios y las regiones”. Tras grandes enfrentamientos se deslizaba una concepción unitarista, aunque escondida bajo el término “integral”, que, indudablemente, negaba las posibilidades de autodeterminación. El anteponer la autonomía de los municipios hacía retroceder la situación a la Mancomunidad Catalana (de municipios) de Cambó, lógicamente para el resto de regiones, puesto que Cataluña ya había conseguido la suya, sin esperar a ninguna Constitución ni nada.

Aunque se abrían las posibilidades legales para constituir comunidades autonómicas, los escollos eran tantos que sólo era esperable que los superase Cataluña, utilizando como resorte facilitador las instituciones que se le habían otorgado como “graciable” privilegio. En todo caso el País Vasco, si es que decidía mirar a otro sitio que no fuese su ombligo e integrarse en la construcción del Estado republicano. Igual que hizo la Constitución de 1978. Y, como entonces, fueron Andalucía, y también Galicia, las que rompieron el molde pre-establecido. En el caso de Andalucía (al contrario de lo ocurrido en la última transición a la democracia, quizás motivado porque entonces no estaba integrado en el Gobierno y pretendía utilizar la autonomía andaluza como trampolín, sin ningún convencimiento ni objetivo autonomista) con la férrea oposición del PSOE, que consideraba la zona como un coto privado, como se verá en su momento. Pero donde las espadas estaban en alto, preparadas para una áspera disputa, era respecto de los artículos que establecían las relaciones con la Iglesia Católica. Las propuestas de los artículos 26 y 27 presuponían la disolución de las órdenes religiosas. Se trataba de una aspiración del espíritu revolucionario liberal, de acabar con las “manos muertas”, que comían sin trabajar, sin aportar nada al mundo empresarial, al mercantilismo capitalista, así como de liberar, “desamortizar”, los bienes mortecinos que gestionaban sus manos. Pero, además, de un medio para, mediante la incautación de sus bienes, conseguir reequilibrar las reservas del Estado (igual que ocurrió durante la Revolución Francesa y durante la desamortización de un siglo antes) esquilmada por la desastrosa gestión financiera y tributaria del tándem Primo de Rivera-Calvo Sotelo.

El enfrentamiento se hizo tan virulento que Alcalá-Zamora y Maura dimitieron. Azaña, teniendo en cuenta las vinculaciones de ambos con la monarquía, por una parte temió que pudieran unirse a los contrarios a la República, pero, por otra, que dicha escisión en el Gobierno supusiera aumentar el poder del PSOE y los difícilmente controlables miembros del Partido Radical. Así que volvió a emplear toda su capacidad de convicción. Teniendo en cuenta los inmensos bienes acumulados por la Compañía de Jesús, los antecedentes de disolución de la misma bajo regímenes monárquicos, incluso en España, y hasta por el Papa (sobre el que pesaba la capacidad de presión de dicha orden religiosa) y ser conocido públicamente su voto de obediencia personal al Papa (lo que no obstaculizaba para que, la llamada “araña negra”, o el Papa Negro, tratase de imponerle a éste sus puntos de vista) por lo que se negaban en ningún país a jurar su Constitución, lo consideró que era el objetivo deseado, limitando a ella la única disolución, que se llevaría a cabo en enero de 1932. En este plazo pudieron poner gran parte de sus posesiones a nombre de particulares, eludiendo su confiscación. Sólo sus abogados, entre ellos Gil-Robles, conocían el embrollo patrimonial originado, que estaría detrás de la financiación del Partido de éste y de la guerra (in)civil. El mismo artículo fijaba un plazo de dos años para terminar con la financiación estatal, impositiva a la Iglesia Católica. Los mismos que abogan por la reducción de impuestos para los ricos, con mermas de los derechos sociales, dejando arruinar el sistema de pensiones, de subsidios al desempleo, la Seguridad Social, la sanidad, la escuela o las universidades públicas, exigen el aumento de subvenciones para las empresas privadas, incluyendo los colegios, y a la Iglesia “oficial” de España.

En aquella época sólo acudía a misa un 20% de los españoles (y ni siquiera un 5% de los andaluces) adelantándose a lo que sería el resto del orbe cristiano, consecuencia de la pérdida de influencia ideológica, sobretodo por sus evidentes promiscuidades con el fascismo. En España fue el franquismo, bajo amenazas, el que llevó más corderos al redil. La pérdida de semejante fuente de ingresos suponía la incertidumbre de los 150.000 religiosos que vivían de ella. El diputado católico Gil-Robles se opuso por ello a toda la Constitución. En 1933 aún se iría más lejos, prohibiendo que los religiosos se dedicaran al comercio (esto ya lo recogía el Código de Comercio, desde 1829) la industria (¿se puede ejercer la industria sin, simultáneamente, ejercer el comercio de los productos fabricados?) y la enseñanza. Esto último sería la causa de la actitud beligerante de la Iglesia Católica, que llevaría a dominar el voto femenino, trayendo como consecuencia el triunfo de la derecha en las elecciones de dicho año. El arzobispo Gomá lo consideraría la declaración de la persecución contra la Iglesia Católica, llamando a los católicos a la resistencia pasiva contra la República. No es extraño que arreciaran las quemas de iglesias. En la misma línea la encíclica Dilectissima nobis, de Pío XIº, comparaba la situación española con la persecución que se producía en Méjico o en la Unión Soviética coetáneamente. El PSOE presentó una propuesta de artículo 44 que permitía la expropiación de propiedades privadas si convenía al interés nacional. Hoy nos parece lo más lógico del mundo. El franquismo haría un uso abusivo de tal criterio. Pero la composición de la Cámara no facilitaba su imposición. Es posible que Azaña volviese a actuar, a cambio de otras cesiones, y al final, con la oposición de Alcalá-Zamora, se consiguió el respaldo constitucional a la expropiación de fincas incultas y la reforma agraria.

Ante todo ello Alcalá-Zamora y Miguel Maura formalizaron su dimisión el 14 de octubre de 1931. Como Presidente del Gobierno se nombró a Azaña, al que se creía el único capaz de mantener el apoyo de la derecha, incluso de los conservadores, hacia la República. Sin embargo las mencionadas dimisiones habían dejado un Gobierno desequilibrado, en relación a la proporcionalidad parlamentaria, lo que fue sabiamente aprovechado por el PSOE, especialmente el sector más izquierdista, encabezado por Largo Caballero. Lo cual tendría graves consecuencias respecto de la lealtad del Partido Republicano Radical, que terminaría saliendo del Gobierno en noviembre: otro duro golpe para la República, puesto que era el segundo Partido en número de votos. Esto supondría una constante obstrucción a la labor gubernamental en el Congreso, y el disgusto de la ciudadanía en las calles, por unas reformas anunciadas que no llegaban a hacerse efectivas, a la decisión del Presidente de la República a convocar elecciones anticipadas, al triunfo en éstas de la derecha, a la coalición de Gobierno del Partido Republicano Radical con los partidarios de las dictaduras, y a la crispación de la vida pública, que llevaría al enfrentamiento militar. En el mismo mes Antonio Goicoechea con los borbonistas alfonsinos crearon Acción Nacional, prohibido por el Gobierno, que no admitía la monopolización del término Nacional por ningún Partido.

Quizás por ello los fascistas se autodenominaran “nacionales”, para ocultar su esencia ideológica, que en España era vergonzante y no encontraba seguidores, proclamar su rebeldía frente a la República, su desprecio e incumplimiento de la legalidad vigente, y negar la españolidad, la nacionalidad (a pesar que nadie más que ellos recibían apoyo extranjero: marroquíes, fascistas italianos, nazis alemanes, portugueses, irlandeses, etc.) incluso el derecho a la vida, de los que defendieran la democracia y las instituciones legítimas republicanas. En lugar de disolverse cambiaron su denominación a Acción Popular, en la que se integraron el diputado del Bloque Agrario, Gil-Robles, y Herrera Oria, efímeramente, pues la oposición a la continuidad de la República hacía incompatible ambas visiones, por lo que, en 1933, se escindieron. Estos últimos fundaron la C.E.D.A., y Goicoechea, Renovación Española, en la que se integraron Calvo Sotelo y los monárquicos Ramiro de Maeztu, Pedro Sáinz Rodríguez y José María Pemán. Los debates constituyentes continuaron, reconociéndose la libertad religiosa (otro motivo de trifulca con la Iglesia recalcitrante, que pretendía mantener los privilegios de tiempos de la “reconquista”) de expresión, reunión, asociación y petición (al Gobierno) y la más garantista declaración de habeas corpus indemne de ninguna Constitución española, incluida la actual. Muchas Constituciones progresistas de todo el mundo imitaron dicho articulado. Se reconocía el derecho al divorcio (otro motivo de crispación de los recalcitrantes, que Franco anularía, obligando a convivir forzosamente a divorciados republicanos) al trabajo (lo cual suponía, por primera vez, un reconocimiento de la obligación del Estado a asegurarlo) y la enseñanza, lo que implicaba que ésta debía ser gratuita, al menos en sus niveles mínimos.

Se anulaba cualquier privilegio por nacimiento (excepto los derivados de la riqueza) lo que convertía los títulos nobiliarios, incluida la realeza, en meras distinciones honoríficas, aunque heredadas, no atribuidas a méritos propios. Se admitía la socialización de la propiedad, expresamente la de la tierra, minas, bancos y ferrocarriles, pero durante la República no llegó a aplicarse tal artículo a ningún caso concreto. Sería Franco, a pesar de haber acusado de comunista a la República, el mayor nacionalizador y estalizador de empresas que ha existido en España. Tras el retorno de la democracia no se ha hecho sino privatizar, dilapidando un patrimonio acumulado que pertenecía al conjunto del Estado, en beneficio de grupúsculos de capitalistas ambiciosos y especuladores, próximos al poder, de los que se sospecha corrupción. Las consecuencias han sido cierre de empresas, despidos, reducciones salariales, aumento de la siniestralidad laboral, aumento de precios, disminución de la capacidad de autoabastecimiento, aumento de importaciones, y de los beneficios de unos pocos, de lo que incluso se presume, como si eso justificara los sacrificios de todos los demás. Otro tema que originó grandes polémicas fue el sufragio universal para mayores de 23 años, tanto hombres como mujeres, por primera vez en España. Indalecio Prieto lo consideró un error, que llevaría al poder a la derecha y, con ello, acabaría con las reformas de la República y provocaría una guerra civil. Aparte de la opinión que puedan producirnos tales manifestaciones, lo cierto es que su pronóstico fue plenamente certero. El primer país en que se había instaurado fue Nueva Zelanda, en 1893, el siguiente Australia, en 1902, Noruega, en 1913 y Dinamarca, en 1915. Tras la revolución bolchevique multitud de países lo autorizaron. En Estados Unidos podían votar las mujeres de piel blanca desde 1920, aunque sólo en 1965 desapareció la discriminación racial.

En el Reino Unido, plenamente, en 1928, aunque desde 10 años antes podían votar las mayores de 30 años. En Ecuador en 1929. En todos los casos se pudo comprobar que la incorporación del voto femenino producía un desvío hacia posturas conservadoras en los resultados. Quizás fuera ese uno de los factores por el que se fue incorporando, aceleradamente, su autorización. Y, sin embargo, fueron los fascistas y franquistas los que, intentando dar marcha atrás a la Historia, lo volvieron a impedir. Aunque tampoco el voto de los hombres era muy tenido en cuenta por ellos. Sobre el motivo del carácter más conservador de las mujeres se ha aludido a su mayor religiosidad y sumisión a los predicamentos eclesiásticos, temor a los cambios sociales y las situaciones de transformación e incertidumbre, y su menor sindicación y participación en la combatividad obrera. En España se arguyó que el sufragio femenino suponía entregar millones de votos a los curas, para que los dirigiesen desde los púlpitos. Quizás si nos alejamos de la proximidad europea podamos realizar un análisis menos apasionado, menos visceral. El Gobierno revolucionario, constitucional, de Afjanistán, prohibió el gurka, obligó a las mujeres a aparecer en público con el rostro descubierto, autorizó su acceso a Hospitales, servicios sanitarios, a la escuela, la universidad, la administración pública y cualquier centro de trabajo. El resultado fue un golpe de Estado militar, que, tras su fracaso, derivo en guerra (in)civil, ambos con el apoyo de Estados Unidos, lo que obligó a implicarse a la Unión Soviética, pues se trataba de un país fronterizo (“el patio trasero”, como aplica Estados Unidos al referirse a Cuba, aunque entre ambos países hay un mar de por medio, o a Méjico, en los que ha intervenido en innumerables ocasiones, invadiéndolos, organizando ataques terroristas o implicándose en los Gobiernos que deben designar o derrocar) y al resto del mundo.

La consecuencia fue el triunfo de los talibán, entonces (y continúan siéndolo en Bosnia y Sesenia, lo que los incultos periodistas llaman Chechenia, transcribiendo erróneamente del cirílico CHCHNIA) aliados de Estados Unidos, el asesinato de todos los miembros del Gobierno constitucional y de sus seguidores, a pesar de que habían Tratados internacionales, garantizados por Estados Unidos, que pretendía evitarlo, la anulación de la Constitución, la reimposición obligatoria del gurka, la prohibición de que las mujeres pudiesen trabajar fuera de casa, llevar la cara destapada, acudir a hospitales o centros sanitarios, escuelas, universidades, etc., etc. (aunque hoy se han restablecido tales derechos la mayoría de las afjanas no se atreven a usarlos, a descubrirse el rostro, dada la cruel experiencia represiva de los anteriores socios de Estados Unidos) una nueva guerra civil, y, finalmente, la conquista por parte de Estados Unidos, imponiendo un Gobierno títere, de su gusto, con la colaboración de muchísimos países, entre ellos España, la caída del régimen soviético (los “malos”) y, con ello, el fin de los Estados del bienestar, donde los hubiera, el despido masivo de obreros, el fin de los derechos sociales, del poder sindical, de los Gobiernos auténticos de izquierdas, el cuestionamiento de la previsión social, etc., en toda Europa y buena parte del mundo, el recrudecimiento de las guerras (se ha cambiado la “guerra fría” por la “guerra caliente”) imponiendo Estados Unidos Gobiernos títeres por todo el mundo. Quizás hubiera sido más fructífero secuenciar la proclamación de tales derechos, acompasarlos a la situación social del país, asegurando su continuidad en el tiempo, que evitase la vuelta atrás que se produjo ¿Podría servir tal análisis para la situación republicana española?

La Constitución de la República mantenía un parlamento unicameral, situación mucho más democrática que la que actualmente mantenemos en España, puesto que el bicameralismo exige, lógicamente, distintos métodos de elección (si el método electivo fuese el mismo no habría ninguna justificación para separar las dos cámaras) lo que, de una u otra forma, termina favoreciendo a las mayorías, restando proporcionalidad, representación, a las minorías. Si bien hay que reconocer que el sistema de proporcionalidad sesgada a las mayorías que tenemos actualmente es más justo que el que se implantó durante la II República. Sólo había dos periodos ordinarios de sesiones: de febrero a abril y de octubre a noviembre. Es decir, 5 meses al año. Esto hay que comprenderlo dentro de la evolución desde las Cortes medievales, que se convocaban sin periodos fijos, cada vez que el rey necesitaba subir (legalmente) los impuestos, y hasta que conseguía imponerlos, la autorización de los representantes, a la sesión permanente y continua, salvo periodos vacacionales y disolución por elecciones, de la actualidad. Sin embargo la Constitución confería poderes al Presidente de la República para realizar convocatorias extraordinarias. También se fijaba una Diputación Permanente proporcional para los periodos en que no sesionaba. Se establecía el referéndum, que precisaba una participación mínima del 15% del electorado, y se prohibía para consultar estatutos regionales. El Jefe del Estado era el Presidente de la República, elegido por el Congreso y un número de compromisarios (sistema mixto entre el europeo y el estadounidense tradicional, lo que suponía un engorro sin ninguna utilidad práctica)  de igual número, elegidos por sufragio universal, para un periodo de 6 años, y que no podía reelegirse hasta pasado otro periodo igual.

Nombraba y cesaba al Presidente del Gobierno, podía suspender las leyes, aunque 2/3 del Congreso podía revocar tal suspensión, y disolver el Congreso, hasta un máximo de dos veces durante su mandato. El siguiente Congreso elegido analizaría si tal disolución estaba justificada. Tal infracción fue la que ocasionó (en realidad había otros motivos, como el desprestigio sufrido al estar implicado en el caso Strauss-Pearl o “estraperlo” de billares automáticos trucados para que no diesen el premio prometido, o haber firmado la amnistía para los condenados por colaboracionismo con las dictaduras, o permitir que estos llegaran a formar parte del Gobierno, o la represión de la huelga general revolucionaria de 1934) la destitución de Alcalá-Zamora. Sin dicha justificación se hubiesen precisado los 3/5 del Congreso, proporción que el Frente Popular no habría conseguido ni pactando con ninguna otra fuerza política, dado el número de escaños conseguidos por la extrema derecha de la Confederación Española de Derechas Autónomas (C.E.D.A.) de Gil-Robles. La Constitución, además, abogaba por una economía mixta. Sería aprobada el 9 e diciembre. Azaña comprendió la necesidad de reintegrar a los catolicistas a la República, para lo cual presentó a Alcalá-Zamora como Presidente de la misma. Este confirmó a Azaña en su cargo, que simultaneaba con el de Ministro de la Guerra, y se nombró un nuevo Gobierno, de parecida constitución, excepto el Partido Republicano Radical, que contó con la oposición del PSOE, dados sus antecedentes corruptos. Esto suponía una visión poco realista de las circunstancias, puesto que se trataba del segundo Partido en número de votos. Es posible que Azaña lo secundase porque Lerroux aspiraba a la Presidencia del Consejo de Ministros, rivalizando con él.

El resultado fue que el nuevo Gobierno no sólo contó con la esperada oposición de los monárquicos, sino también de los catolicistas: el nombramiento del Presidente de la República no había servido para calmar los enfrentamientos ideológicos, y, por tanto, sólo aportaba una difícil convivencia entre puntos de vista muy opuestos respecto del Gobierno. El Partido Republicano Radical inició un escoramiento hacia la derecha no comprendido por sus votantes tradicionales, que se vieron sorprendidos por su comportamiento, sus nuevas alianzas, a partir de 1933, que llevarían a amnistiar a los colaboradores con las dictaduras (Primo de Rivera, Berenguer, Aznar) e incluso a integrarlos en su Gobierno, como el caso de Calvo Sotelo. Con todo ello Azaña se veía cada vez más presionado. El PSOE ampliaba su poder (mantenía sus tres Ministros, que junto a Alvaro de Albornoz y Marcelino Domingo, los dos del Partido Republicano Radical Socialista, escisión del derechizado Partido Republicano Radical, suponían la mitad del Gobierno) y, dentro de él, Largo Caballero, con el apoyo de UGT y CNT en las calles y las empresas. La República no había escogido un buen momento para implantarse. La Gran Depresión de 1929, que golpeaba a todo el mundo, potenciando y propagando el fascismo, ya había alcanzado de lleno a España. Claro que si todo fuera un camino de rosas, si tanto las clases dominantes, las propietarias del capital, como las clases trabajadoras, hubiesen estado suficientemente satisfechas con la situación nadie habría apoyado un cambio tan drástico de régimen político, aunque ni mucho menos llegaba a constituir revolución: los poderosos seguían siendo poderosos y los desposeídos seguían sin dominar los recursos del poder.

Pero sí era cierto que se había producido un cambio de facciones: el sector agrario, tradicionalista, monárquico, catolicista, militarista, reaccionario y dictatorial, había sido sustituido por el industrial, más liberal, que abogaba por una cierta autarquía, que lo protegiese de la crisis económica mundial, lo que precisaba la intervención del Estado, reformas y modernizaciones. 

Y la Iglesia Católica por una clase media en pleno ascenso, convencida de la necesidad de la democracia, en su mayoría liberal y profundamente anticlerical. Sin embargo, enfrentados a la realidad de la política, su espíritu pequeño-burgués se vio absolutamente sobrepasado, angustiado por las “terribles” decisiones que había que tomar. Una minoría esperaba una república catolicista, no muy diferente a la monarquía parlamentaria ensayada en diversas ocasiones durante el siglo decimonono. No habían votado por el enfrentamiento con la poderosa Iglesia Católica. Así que, poco a poco, comenzaron a ser críticos con la República, a abandonarla, a sustituir su liberalismo, que empezaba a presentárseles como peligroso, por el conservadurismo, y a cuestionar si la democracia no era más inquietante, para ellos, que la dictadura. Por otro lado la clase obrera veía, por primera vez, un Gobierno que oía sus inquietudes y estaba dispuesto a calmarla, a apaciguarla, con unas idealizadas reformas, que no podía conseguir las metas revolucionarias a que aspiraban, ni esperar que los detentadores del poder sufrieran pacíficamente su desposesión. Todo ello produjo una euforia que, en menos de un año, poco a poco, iba a caer en la desilusión y la apatía. Ese mismo año se había fundado un partido fascista en Gran Bretaña y había habido un intento de golpe de Estado fascista en Austria.

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