El Gobierno provisional

 

Donde la CNT era suficientemente fuerte, combativa y organizada los trabajadores se encargaron de la recolecta, que repartían entre los que la realizaron y las familias más necesitadas de los pueblos. Lógicamente, los propietarios echaron mano de la Guardia Civil. Pero, en una época en la que los teléfonos eran poco usuales, menos aún en el campo, era complicado. Hicieron uso de la delación del chivatazo. La estrategia adecuada era cambiar el objetivo en el último momento, y diversificarlos, de forma que fuese imposible que la Guardia Civil acudiese a todos ellos. En algunos casos se les convenció que sólo se detraía los salarios de los recolectores, dejando el resto en la finca. Pero, como la Guardia Civil no podía custodiar todas ellas, tarde o temprano terminarían apropiadas o repartidas. Entonces los latifundistas hicieron uso de su poder de amenaza, de extorsión, impidiendo que los mayoristas e intermediarios de productos agrarios, los harineros, e incluso los panaderos, admitiesen cosechas de quienes no pudieran demostrar ser propietarios o arrendatarios tradicionales. Esto significó que la vida volvía a la Edad Media: las mujeres debieron moler el grano y amasar el pan a diario. Los panaderos, que, de alguna forma tenían que ganarse la vida, accedieron a hornear los panes familiares. El Gobierno comprendía que la situación se tensaba por momentos, generaba espíritu revolucionario, y no podía terminar sino de forma trágica. Así se le ocurrió una salida que era bastante revolucionaria: se obligó a los propietarios, por encima de cierta extensión de tierras, que alimentasen, e incluso alojasen, sin eran requeridos a ello (sobretodo en explotaciones alejadas de los poblados) a un número de familias en proporción al tamaño de sus fincas.

Que se les diera (o que hubiese) trabajo o no era problema de los propietarios. Los sindicatos se encargaron de la distribución de los “repartidos” (en lugar del “reparto de tierras” de los revolucionarios liberales o de los anarquistas, se repartían personas) lo que aumentó su poder, su consideración entre los campesinos, y la expectativa revolucionaria por parte de unos y otros. Como estaban allí no se les podía acusar de asalto a las propiedades. Los terratenientes de entonces eran rentistas, absentistas, vivían en “la corte”, en “los madriles”, dejando la explotación de sus fincas a manos de administradores y capataces, que no siempre actuaban en beneficio de la propiedad, que, a su vez, se contentaba con el mantenimiento de las rentas tradicionales, sin realizar nuevas inversiones. Administradores y capataces eran conscientes de que un año de excesivo beneficio estimulaba la ambición de los señores, que exigirían al siguiente la repetición de iguales cantidades, lo que no siempre era posible. Así que era mejor mantener unas rentas mínimas equilibradas, que no creasen excesivas expectativas. Eso, suponiendo una honesta administración. Sin embargo el poder del que disfrutaban, en representación de los señores, era inmenso: podían elegir a los jornaleros, comprar su lealtad personal, su sumisión su vasallaje, creando grupos de adeptos. Los “repartos” por los sindicatos rompían directamente esta situación: ya no podía elegir, premiar o amenazar. La presencia de personas no “escogidas”, que no les debían agradecimiento a ellos (incluso que arrastraran cuentas que saldar) sino al Gobierno y a los sindicatos, acababa con su poder, y hasta llegaba a intimidarles. Así los propietarios, aguijoneados por las manifestaciones obreras, por las frases revolucionarias que gritaban o exhibían en sus pancartas, y por entender que debían defender sus tierras, de las que, en buena medida dependía su estilo de vida, decidieron volver al campo. Una especie de vuelta a la Edad Media, a la aristocracia rural.

Por un lado esto supuso, en algunos casos, una mejora de las explotaciones, mayor mecanización, gestión más tecnificada, nuevas inversiones y mayor productividad. Pero también una disminución de las necesidades de mano de obra, en una época en que el desempleo golpeaba a todo Occidente. A corto plazo esta dispersión de los grandes propietarios, casi un exilio voluntario, dificultaba la coordinación de una ofensiva antirrepublicana. Pero, a medio plazo, significó que pudiera llevarse a cabo sin que fuese posible controlarla, alejados de la vigilancia de las fuerzas de seguridad. Las cacerías eran el lugar apropiado para criticar al Gobierno y organizar su sustitución, dentro o fuera de la legalidad democrática. Esta batalla perdida generó, lógicamente, un mayor enfurecimiento por parte de los terratenientes en contra del Gobierno democrático, y deseos de venganza, incluidos los administradores, capataces y asalariados proclives a los patronos, que se habían visto mermados en su poder, y hasta ridiculizados y humillados, contra los trabajadores más combativos y sindicalizados. El 17 de abril tres Ministros del Gobierno provisional se dirigieron a Barcelona para convencer a Maciá y Companys que desistieran de su proclamado Estado Catalán. Consiguieron convencerles, con bastantes reticencias, a cambio del compromiso de un Estatuto de Autonomía, y el nombramiento de Maciá como Presidente del gobierno de la Generalidad de Cataluña. Esto se consumó por decreto del 21 de abril.

Es decir, una situación de privilegio para Cataluña, de las que gustan los catalanistas y, que, en 1936, ya estallada la guerra (in)civil, sin cumplir ninguno de los requisitos, se reprodujo para el País Vasco, mientras que a Galicia y a Andalucía se le oponían todo tipo de trabas para evitar su autonomía, hasta el punto de que Andalucía no llegó a lograrla por culpa de los fascistas, que la dividieron en dos desde los primeros momentos de la sedición militar. Y, desde entonces, se refriega lo de “autonomías históricas”, reproduciendo y autojustificándose lo que sólo puede catalogarse de una injusticia, fruto de la desmemoria histórica, y de la capacidad de extorsión, insolidaria y exclusivista, de los nacionalismos. Mientras tanto el Ministro de Hacienda, Indalecio Prieto, representante del ala liberal del PSOE, organizó una auténtica defensa contra la fuga de capitales, fiscalizando las transacciones en divisa. Importó petróleo de la Unión Soviética (lo que también convenía a Stalin, que no lograba salida para el mismo, recibiendo divisas) a menor precio que el de las grandes distribuidoras estadounidenses, logrando nuevos enemigos. Todo lo que es bueno para los demás países es visto con odio por los que actúan como dueños del mundo. El resto del Gobierno, procedente de siete partidos políticos distintos, con distintas visiones de la política, incluso con sus enfrentamientos y limitaciones personales, no fue menos eficaz en su gestión. Nunca en España se tomaron mayor número de medidas y de tanto calado. Algo increíble para un Gobierno de coalición. Inimaginable para un Gobierno provisional. La falta de un Parlamento que limitara y controlara al Gobierno facilitó dicha labor. Pero también carecieron de uno auténtico Primo de Rivera y Franco, que amañaron un remedo, una caricatura de “cortes” aborregadas, sin oposición, del mismo estilo que el Gran Consejo Fascista, de Mussolini, y no fueron capaces de asemejarse al ritmo de acometida de problemas que lo hizo el primer Gobierno de la II (III contando la catalana) República.

Los decretos se sucedían un día tras otro, especialmente los relacionados con el medio rural: se prohibió la expulsión de los arrendatarios de sus fincas, la contratación de jornaleros de otros municipios mientras hubieran del propio sin contratar (ambas medidas contrarias al espíritu liberal y a los intereses patronales) se obligó a los propietarios agrícolas a cultivar sus fincas siguiendo los usos y costumbres de la zona, y a aplicar las mismas normas de seguridad en el trabajo, de jornada máxima laboral de 8 horas y los jurados mixtos para la solución de conflictos laborales, que eran de aplicación en los sectores industrial y de servicios. Todo ello contribuía a aumentar el poder de los sindicatos, que aparecían como el único instrumento capaz de fiscalizar y obligar a los patronos al cumplimiento de tales normas. Y al odio de los terratenientes contra la República y la democracia que la había traído. Y venía de manos de un Gobierno de mayoría liberal, lo que demuestra la importancia de la presión social y el acoso a que se veía sometida la República. Algunos autores, embarrados en la propaganda fascista, arremeten contra el análisis social, que prejuzgan como marxista. Pero, sin tal visión social, socioeconómica, la Historia se falsifica en una “olla podrida” (en francés pot pourrie) de anecdotarios individualistas, que ocultan la auténtica realidad, cómo los intereses y presiones de clase hacen que la política discurra por derroteros a veces antagónicos con los deseos, e incluso contra los intereses, de los propios individuos gobernantes, como se ha evidenciado en los párrafos anteriores. Se creó una Comisión Técnica Agraria para que iniciara de inmediato la elaboración de un proyecto de ley de reforma agraria. Algo en lo que se llevaba fracasando ¡ciento cincuenta años! Y que, setenta y cinco años después, aún no se ha conseguido ni atrevido a hacer.

Posiblemente no se haga nunca: los propietarios han hecho su propia “reforma”, a su interés y antojo, expulsando del mercado de trabajo, de los campos y del medio rural a millones de trabajadores, despoblando pueblos y zonas enteras de España: sacrificios humanos al Dios Mercado. El objetivo de la república era reasentar cada año entre sesenta y setenta y cincomil familias. Demasiadas expectativas que iban a generar intensa frustración. Y, sobretodo, intensa inquietud entre los propietarios, que veían peligrar parte de sus fortunas por expedientes de expropiación forzosa no suficientemente, a su parecer, indemnizados. Para ello se constituyó el Instituto de Reforma Agraria, dotándolo con 50.000.000 de ptas. anuales, ya que no se contaba con mayor presupuesto disponible, mientras la Guardia Civil absorbía cien. Pero la más valiente de las reformas fue la llevada a cabo por el Ministro de la Guerra, el propio Azaña, desde la semana siguiente a su toma de posesión. Ofreció a Generales, jefes y oficiales el pase a la reserva, manteniéndoles no sólo el sueldo íntegro, sino los futuros incrementes que les hubiesen correspondido de continuar en activo. Con ello se pretendía alejar del mando a quienes no estuviesen dispuestos a obedecer, leal y disciplinadamente, al Gobierno salido de la voluntad popular democráticamente expresada. Se trataba de una medida que pretendía ser justa, igualitaria, ofrecida a todos, sin levantar ninguna sospecha ni reacción. Pero, por todo ello, también era inocente, porque la mayoría de los que planearon la destrucción de la convivencia democrática continuaron en sus puestos, para favorecerse de ellos en sus aviesas intenciones, que era lo que, de forma tan ilusa, se intentaba evitar.

Y los que se acogieron a ella (84 Generales y casi 9.000 Oficiales, casi tantos como la previsión del Gobierno de plantilla idónea militar) al convertirse en guerra civil el fracasado golpe de Estado del General Mola, se sumaron mayoritariamente al bando fascista. Así la medida no impidió que los levantamientos se produjesen, posiblemente contribuyó a que fracasasen, pero no pudo evitar, una vez degenerados en guerra, más internacional que civil, el triunfo final de los antidemócratas. Pero había otro objetivo, expuesto públicamente y de toda justificación: al eliminar dichos puestos se aligeraba la estructura de mando, y con ello, las necesidades correspondientes de dotación de tropas a sus órdenes y acuartelamientos, contribuyendo a rebajar los inmensos costes militares. Se eliminaron las 16 capitanías generales (equivalentes a las Audiencias y Chancillerías de los antiguos reinos, antes de su división en provincias, nombre proveniente de la estructura militar del Imperio Romano, cuya etimología significa “para ser vencidas”) una estructura administrativa que duplicaba la civil, con no disimulada intención de suplir a ésta en caso de levantamiento, civil o popular, acordes con una visión despótica. Se sustituyeron por ocho Divisiones Orgánicas, estructura mucho más funcional, no ligadas a un división territorial y, por tanto, móvil, más adecuada a la defensa del territorio de la nación y menos propensa a la sedición de sus mandos. Se suprimieron los cargos más elevados, dejando el límite máximo en General de División. Esto significaba que el joven General Francisco Franco se quedaba sin posibilidades de ascenso, y tendría que buscar alternativas para su ambición personal. El Gobierno provisional revisó los méritos de guerra, intentando corregir injusticias. Pero también reducir el poder e influencias de los “africanistas”, lo que fue interpretado por éstos como un ataque a sus intereses de grupo, poniéndolos a la defensiva.

Cuando se promulgara la Ley de Depuración de Responsabilidades Políticas contra los que habían colaborado con las dictaduras y sus actividades represoras, unos y otros harían causa común, estableciéndose un núcleo antidemocrático compacto. Entre tales ascensos por méritos de guerra fueron investigados los de Franco, como consecuencia de lo cual fue rebajado en el escalafón, aunque no llegó a reducírsele su graduación. El servicio militar obligatorio se redujo a un año. Esto suponía la reducción de tropas, y, con ello, el ya excesivo número de oficiales, aún se hacía mayor. Era completamente lógico, por tanto, el cierre de la Academia General Militar. Franco, su director, había enviado algunos alumnos a la carretera de Zaragoza durante el levantamiento de Jaca, pero sin aclarar con qué intención. El 18 de abril las publicaciones periódicas informaron que Franco iba a ser nombrado Alto Comisario en Marruecos. Desconozco de dónde partió la noticia. Pero ABC publicó una carta suya declarando que ni el Gobierno provisional había podido pensar en ello, ni él habría aceptado ningún puesto que pudiese rechazar, ya que podría interpretarse como complacencia previa con el Régimen recién instaurado o deslealtad con la monarquía. No podía parecer más clara su actitud de marcar distancias respecto de los republicanistas. El 30 de junio, tras las elecciones constituyentes, se firmó el decreto de cierre. Franco, al conocerlo, hizo formar a sus alumnos y les dijo, entre otras cosas, que el verdadero sentido de la disciplina militar era obedecer las órdenes con las que no se estaba de acuerdo. Desde un punto de vista filosófico se trata de una verdad evidente. Algo semejante a la frase evangélica de que el mérito no consiste en amar a los que te aman, sino a los que te odian. Pero, con ello, hacía pública su oposición a tal medida.

En realidad era la repetición de una frase que le había dirigido Primo de Rivera en Marruecos, cuando Franco le hizo ver que la oficialidad se oponía a la intención de abandonar el Protectorado, que posteriormente se cambiaría por la de la ofensiva de Alhucemas y reconquista del territorio perdido. Sin embargo el Gobierno republicano reaccionó mal a tales palabras. Tal vez porque las publicaciones periódicas le dieron una excesiva importancia, dada la relevancia popular del personaje, y ser hermano del destituido Director General de la Aeronáutica Militar. Pero, quizás también, porque hubiese estado previamente comprometido, o así creyeron, a favor del pronunciamiento iniciado en Jaca. Es posible que todo ello influyese en el posterior descenso en el escalafón, ya comentado. Lo cierto es que se le asignó el mando de una de las brigadas con guarnición en La Coruña, un lugar alejado. Todo esto creó un espíritu de falsa persecución entre los militares más reaccionarios, sin llegar a separarlos del mando del ejército, que, más tarde, proclamarían como justificación de su amotinamiento -reconociendo con ello que lo hicieron, en realidad, por defender intereses y posiciones personales, por mero revanchismo- sin conseguir una verdadera eficacia en la consolidación de la República y en la promoción de los que eran más proclives a la misma, lo que se habría interpretado, lógicamente, como una injusticia por parte de los desafectos, pero que quizás habría contribuido a derrotarlos. Claro que hay que tener en cuenta que, durante el “bienio negro”, como se verá más adelante, todo esto podía haber sido vuelto del revés. Los fondos disponibles con esta reforma se aplicaron a las medidas sociales que el Gobierno pretendía.

Mientras, las relaciones con la Iglesia Católica oscilaban entre el furibundo ataque del Cardenal Segura o el obispo de Vitoria (también expulsado del país) propagado por ABC, y las llamadas al mantenimiento de unas relaciones sensatas efectuadas por el Nuncio de Su Santidad, el italiano monseñor Tedeschini, y Acción Católica, propagado por El Debate, aunque defendiendo los privilegios de la Iglesia Católica. Téngase en cuenta que aún permanecía vigente el Concordato de 1851. Entre el 11 y el 13 de mayo se incendiaron iglesias y al ABC. En Málaga, además, la Unión Mercantil y la Cámara de Comercio. El Gobierno decretó la ley marcial y reprimió duramente las algaradas, lo que ocultan quienes propagan que el Gobierno favorecía o no perseguía tales hechos. Sin embargo se atribuye a Azaña, sin que haya conseguido pruebas de ello, haber dicho que todas las iglesias del país no valían la vida de un republicano. La Iglesia Católica controlaba medios de comunicación, los sindicatos católicos, la enseñanza primaria, parte de la secundaria y escuelas técnicas y universidades, además de una capacidad de extorsión que imponía la censura sobre las asignaturas y programas de estudio, hasta el punto de impedir la libertad de cátedra estigmatizando teorías científicas a su antojo. Lógicamente, un Gobierno que pretendía la modernidad del país, recorrer los 50 años de atraso respecto de los países más avanzados de Europa, no podía permitir que tal situación se perpetuase. El objetivo era una educación integral y gratuita, básica, para todos los españoles. No la limosna a los que “pasaran por el aro” de la sumisión a la Iglesia, que mantenía un 45% de analfabetos. Y una libertad de cátedra, de discusión, de debate, que se abriera a la creación científica, a todas las teorías, fuesen cuales fuesen sus consecuencias, que se admitían en el orden académico europeo.

A finales de mayo se creó el patronato de las Misiones Pedagógicas, para propagar la enseñanza en zonas rurales, a imitación de lo que habían hecho los soviéticos en el decenio anterior, bajo la presidencia de Manuel Pedro Bartolomé Cossío, un pedagogo krausista vinculado al regeneracionista Joaquín Costa, al Ateneo de Madrid, y, junto con Francisco Giner de los Ríos, a la Institución Libre de Enseñanza, creador de las bibliotecas y material escolar circulante, y las colonias escolares de vacaciones Antes de las elecciones constituyentes, los obispos publicaron una carta colectiva oponiéndose a la separación de Iglesia y Estado, lo que hoy resulta incomprensible, propio del integrismo mahometano, y a la supresión de la enseñanza obligatoria de la religión en las escuelas. Tres semanas después, el Gobierno creó 7.000 nuevos puestos de maestro, y les subió el sueldo entre un 15 y un 50%. Era una medida justa para una profesión vocacional, que, cuando era ejercida por seglares, en el medio rural, necesitaba de las dádivas de las familias más agradecidas y suficientemente desahogadas para su subsistencia. El resultado de todo ello fue el agradecimiento de gran parte de los maestros, su posicionamiento filosófico y vital, no siempre político, a favor de la República, su colaboración en la enseñanza de la Constitución y los valores democráticos, el odio mortal de los que se oponían a ello y el asesinato masivo de miles de estos abnegados valedores de la cultura en un país retrasado, de incultos, a los que se les regatea el derecho a la justicia, a su reconocimiento como víctimas, a la anulación de sentencias justificatorias de sus asesinatos, ya que no el pago de indemnizaciones, las condenas judiciales y el cumplimiento íntegro de las mismas, la petición de ser perdonados o la entrega de armas por parte de los asesinos, por el bien de la “concordia nacional”, al contrario de lo que se exige para otro tipo de terroristas.

Se puso en marcha la construcción inmediata de 7.000 nuevas escuelas, que llegarían a casi 10.000 durante el primer año de la República, casi tantas como la monarquía había construido en los 20 años anteriores. Una obra realmente colosal que incluso los fascistas de buena fe llegan a reconocer, aunque, durante la persecución política, se las tachó de nido de demócratas, se las bombardeó (sin preocupar que pudiesen haber niños dentro) incendió (¿Venganza por la quema de iglesias? Pues el número de escuelas incendiadas fue muy superior) o dinamitó, lo que deja sin lugar a dudas cuál era la posición de los fascistas respecto de la cultura y la educación popular. Efectivamente, sólo dos meses después de instituida la república, Azaña ya anota en su diario que tiene conocimiento de una organización para derribarla, en la que se integraban varios militares. Las elecciones constituyentes supusieron 117 escaños para el PSOE, 94 para el Partido Republicano Radical, 58 para el Partido Republicano Radical Socialista, 26 para Izquierda Republicana de Cataluña, y 21 para la Organización Republicana Gallega Autónoma. Junto con otros Partidos de menor representación los republicanistas obtenían, en conjunto, 400 de los 470 puestos a cubrir. En las segundas elecciones democráticas celebradas en España, las primeras desde 1869, no quedaba la menor duda sobre la preeminencia del republicanismo. Cualquier resquicio que pudiera quedar de las elecciones municipales, como que no era  el contexto adecuado para decidir la instauración republicana, quedaba completamente despejado. Claro que, para ello, había que creer en la democracia, en el derecho del pueblo a cambiar lo que desease por el simple hecho de emitir un voto. Monárquicos y, sobretodo, eclesiásticos, quedaron completamente frustrados en su intento de recuperar el poder por medios democráticos. Y así comenzaron a sopesar otras alternativas.

Por el contrario, el Gobierno, particularmente el sector largo-caballerista, consideró entusiasmado el apoyo obtenido, sin llegar a comprender lo inquietante de la dispersión del voto. PSOE, radicales y radical-socialistas podían haber formado Gobierno, pero la demagogia y variabilidad de los radicales lo hacían un socio inestable. Así que el PSOE, posiblemente convencido por el inteligente y manipulador Azaña, a través del influenciable y pro-liberal Indalecio Prieto, decidió que era preferible la estabilidad del Gobierno provisional, darle continuidad, puesto que lo estaban haciendo muy bien, tomando posiciones muy progresistas. Pero esto significaba mantener una presencia desproporcionada de los liberales, que las urnas no habían confirmado, lo cual no satisfizo las esperanzas de los más extremistas. Estaban demasiado próximas las municipales como para que sus resultados pudieran ser muy distintos. La CNT se radicalizó y convocó una huelga en Telefónica, que dejó sin servicio a Barcelona y Sevilla, realizando sabotajes contra los intereses de su propietaria, Internacional Telegraph & Telephone (ITT) lo que hizo intervenir al embajador de Estados Unidos, por lo que el Gobierno, que se sentía refortalecido por los resultados electorales, tomó medidas de fuerza a las que no se hubiera atrevido antes, queriendo demostrar su poder y su predisposición a impedir cualquier veleidad revolucionaria. Esa era la verdadera cara del Gobierno, que, durante la provisionalidad, no se había evidenciado. Así, autorizó el despido de los huelguistas y el uso de esquiroles de la UGT, que mantuvieron el servicio en Madrid. Esto sólo podía dar como resultado una mayor extremismo. Así que convocaron huelga general para el 20 de julio, que, en la provincia de Sevilla, tuvo un éxito inusitado. Un esquirol asesinó a un huelguista y, en su entierro, se produjo un enfrentamiento con las fuerzas del orden público que costó 7 vidas, 3 de ellas de Guardias Civiles.

El 22 se declaró el estado de guerra y se volvió a la “ley de fugas”. Imitando lo que había hecho el Gobierno pro-fascista austríaco, que cañonla barriada “Karl Marx” hasta su demolición, hizo lo propio contra Casa Cornelio, una taberna próxima a la muralla de la Macarena en la que se realizaban debates anarquistas. Sin embargo el disparo resultó elevado (¿resistencia pasiva de sus servidores?) cayendo el proyectil en la cercana plaza de Pumarejo. El resultado final de los sucesos de julio fueron 30 fallecidos y cientos de apresados: el nuevo Gobierno comenzaba a perder el apoyo de los obreros más radicales, con cuyos votos había llegado la república y se había constituido el nuevo gobierno. Coincidiendo con la fiesta nacional francesa y la conmemoración de la toma de La Bastilla, se habían inaugurado el Parlamento, eligiéndose como presidente a Julián Besteiro. Tal vez era una forma de alejarlo del poder. Pero también, con ello, se le daba un renombre, una autoridad, que, a mi parecer, no merecía, dadas sus desacertadas relaciones con la dictadura, y que tendría una influencia determinante en el abominable fin de la República. Con la intención de superar los errores de la I República, se actuó con una celeridad febril para consolidarla, para votar una Constitución a la mayor brevedad posible. Pero yo también veo en ello una maniobra del sutil Azaña: le daba un trabajo ímprobo al Congreso, a un ritmo acelerado, con lo que impedía que pudiese centrarse en controlar al Gobierno, que, así podía continuar elaborando normas sin contrapesas, sin que el PSOE pudiese desplegar su poder, relativo, y sopesar distintas alternativas de alianzas. Sólo mes y medio después, a finales de agosto, Luis Jiménez de Asúa presentó el proyecto constitucional.

El punto de partida fue la definición del Estado. Había propuestas federalistas, confederalistas y unitaristas. Creo vislumbrar la inteligencia de Azaña en eludir este debate, que había llevado a la destrucción de la I República. Inopinadamente los anarquistas no entraron en la disputa. Tal vez por la deriva ideológica a la que habían llegado o, en parte relacionado con ello, considerar que debían centrarse en la lucha sindical eludiendo actitudes políticas, que los alejaban de los trabajadores. O, quizás, porque comprendieron la incoherencia de propugnar la disolución del Estado y, simultáneamente, implicarse en su estructuración. Y, también, porque la experiencia dictatorial les había hecho ver que, aunque la alternativa federalista o confederalista pudiera llevar al Estado al borde de su disolución, también “justificaba” “soluciones” militaristas, y un Estado liberal era un entorno mucho más cómodo de actuación que los riesgos de empeñarse en destruirlo. El sector largo-caballerista, posiblemente influido por la radicalidad que imperaba en la calle y los centros de trabajo, quizás con la intención de integrar en el proyecto republicano a los extremistas, tomó posturas que se podrían calificar de demagógicas.

 

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