La llegada de la II República

 

No sólo eso, sino que se encomendó la tarea de convencer al resto de Partidos republicanos del error que suponía mantener su estrategia abstencionista. Tal cambio de actitud parecía contradictorio con la estrategia anterior. Sin embargo había dos importantes circunstancias. Primo de Rivera no había cambiado la normativa para las elecciones municipales, y, aunque estaba diseñada para favorecer la corrupción e impedir la auténtica representatividad, especialmente en las zonas rurales, podían presentarse como un retorno a la “normalidad democrática” anterior y, por tanto, como la escenificación del fracaso de las dictaduras. No había, por tanto, una razón de peso que justificara ante el electorado no concurrir a ellas. Así que podía ser frustrante para los republicanistas, hacer desconfiar de la coherencia del proyecto a los dudosos y, sobretodo, si conseguían la victoria electoral, aunque fuese con la abstención de los opositores, los monárquicos podían legitimarse ante la opinión pública. Además representaba una alternativa al fallido pronunciamiento militar y a las huelgas generales, que estaban agotando la capacidad combativa obrera sin conseguir los resultados esperados. Finalmente los Partidos del Pacto de San Sebastián decidieron concurrir con un programa común, que relegaba cualquier exigencia de los trabajadores y se comprometía en el establecimiento de un sistema representativo burgués. Es decir, lo mismo que se hizo en la última transición a la democracia, tras el retorno de la monarquía. Como rechazo a ello, y siguiendo un análisis correctamente revolucionario, aunque alejado de la realidad, el PCE lanzó la propaganda de “Ningún compromiso”, que lo llevaba a un aún mayor distanciamiento del Pacto de San Sebastián. Algunos Comités Regionales, como los del País Vasco y Andalucía, se opusieron a tal decisión. En Sevilla y Málaga llegaron a pactos electorales con otros Partidos.

El proletariado comprendió que era absurdo dividir votos que restaran fortaleza al “bloque antidinástico”. Todo ello es necesario comprenderlo para sopesar la relación entre la representación conseguida y la fortaleza real del PCE, que se iba a demostrar en sólo un par de años. Desde la misma noche del 12 de abril se constató que el triunfo republicanista (ver el capítulo anterior “El Gobierno del almirante Aznar”) excedía los presagios más optimistas. Al día siguiente, tanto el pueblo, que se había adueñado de la calle, como el “Comité Revolucionario”, que publicó un manifiesto en tal sentido, exigían la abdicación del rey y su salida de España. El lunes 14 abril, antes de las 6 de la mañana, los eibarreses se habían concentrado en la plaza del Ayuntamiento. Poco después llegaron los concejales electos, se proclamaron como tales, se constituyeron en sesión municipal, izaron la bandera tricolor en el balcón y, desde él, proclamaron que España ya vivía en República. Al mediodía Maciá izó la bandera de la República Catalana en Barcelona. Desde las tres de la tarde flameaba la tricolor en el Palacio de Comunicaciones de Madrid. En unas horas, por todo el país, las masas y algunos de sus representantes habían proclamado la República. Aquel mismo día se quemaron las primeras iglesias en el centro de Madrid: una estúpida manera de enturbiar la pacífica y entusiasta llegada de la República, en la que había habido una clara confluencia de los sectores más radicales con las clases medias, la intelectualidad, mayoritariamente de corte pequeño burgués, e incluso conservadores, tradicionalistas, atraídos por la personalidad extraña de Alcalá-Zamora.

Si bien es cierto que, desde el asesinato del cardenal Soldevilla, al parecer en venganza (igual que el del Presidente del Gobierno, Eduardo Dato) por el asesinato de anarquistas, como Salvador Seguí y otros, por la patronal catalana, con el beneplácito del Gobernador “Civil”, General Martínez Anido, la Iglesia Católica había llevado a cabo una continuada soflama panfletaria de contra los ácratas, al tiempo que apoyaban y admiraban el fascismo y la dictadura de Primo de Rivera y sus sucesores. Aún no se había marchado el rey y ya se comenzaban a espantar los apoyos con los que contaban. Finalmente Alfonso XIIIº decidió que la familia real debía salir de España, enviándola en tren, desde Aranjuez. Los resultados de una acción militar eran impredecibles, puesto que no se conocía el apoyo que la república podría concitar, tanto entre los militares cuya implicación de las sucesivas conjuras no se había descubierto, como, sobre todo, entre la tropa, al ver al pueblo en las calles. Más aún considerando que, en muchas ciudades, habían manifestado su júbilo y connivencia con él. Este alborozo popular hacía estremecer a las clases dominantes, que decidieron que era preferible abandonar al rey, ofrendarlo a los deseos populares y apostar por una República conservadora, que arriesgarse a que la situación degenerase, como parecía temerse, en revolucionaria, haciéndoles perder sus privilegios sociales y patrimoniales.

El que había envalentonado al Comandante General de Melilla, General Fernández Silvestre, y su insensata expansión en  territorio marroquí, estimulándolo a incumplir las recomendaciones de prudencia de su superior, el Alto Comisario en Marruecos, General Berenguer (lo que no anula la responsabilidad de éste, que no envió refuerzos o apoyo para proteger la retirada, si bien hay que señalar, en su descargo, que sólo contaba con reclutas, aunque en gran número, pero sin experiencia en combate, que debían mantener sus posiciones mientras presenciaban a tropas experimentadas huyendo a la desbandada) con el telegrama que decía “Ole los hombres”, lo haría una hora después, en automóvil, de noche, en dirección contraria, hacia Cartagena, el mismo puerto que Juan Carlos I escogería para recibir sus restos, con destino al panteón de El EscorialDurante esta hora escribió una carta resignando todas sus funciones en el antidemocrático y poco representativo remedo de Cortes que había instituido Primo de Rivera. Con ello dejaba la opción abierta a que éstas pudieran volver a reclamar su presencia y devolverle el poder. O, al menos, continuar la herencia dinástica. Además de razones de seguridad, huir por separado le permitió reunirse con su amante, la actriz Carmen Ruiz Moragas, de la que tenía dos hijos (además de otro anterior, con la aristócrata francesa Mélanie de Gaufridy de Dortan; estos tres han sido reconocidos por la Justicia española como hijos del dicho monarca: quizás hubiera más) y pedirle que lo acompañara al exilio, lo que ésta rechazó. Desde Cartagena un buque de la Armada española lo llevó a Marsella. Se despidió con un “hasta pronto”, lo que confirma su absoluta incapacidad para comprender la realidad de los hechos. Pero fijaría su residencia en Italia, la patria del fascismo, lo que resulta significativo. Tal vez el Gobierno de Francia no quisiera tener en su territorio al que le correspondía, y llegaría a aceptar, en 1936, la sucesión legitimista (?) al trono francés.

La reina, en cambio, acabaría divorciándose, al no encontrar ya motivos para aguantar tantas infidelidades, y se refugió en Suiza. Antes de que el rey embarcase, aquella misma noche, el Comité Revolucionario se constituyó en Gobierno provisional de la República. Niceto Alcalá-Zamora y Torres adoptaba las funciones de Jefe de Estado. En dicho Gobierno, igual que en el Comité Revolucionario, había tres representantes del PSOE: el Ministro de Hacienda, Indalecio Prieto, el de Justicia, Fernando De Los Ríos, y el de Trabajo y Previsión Social, Francisco Largo Caballero. Dos representantes de Derecha Liberal Republicana: el Jefe de Estado y el Ministro de Gobernación, Miguel Maura. Dos del Partido Republicano Radical: el Ministro de Gobernación, Alejandro Lerroux, y el de Comunicaciones, el sevillano Diego Martínez Barrios. Otros dos del Partido Republicano Radical Socialista, escindido en 1929 del anterior: el Ministro de Fomento, Alvaro De Albornoz, que había ingresado en la masonería en 1927, y el de Instrucción Pública, Marcelino Domingo. Manuel Azaña, de Acción Republicana, fue Ministro de la Guerra. Luís Nicolás D’Olwer, de Acción Catalana Republicana, que también se denominaba Partido Catalanista Republicano, Ministro de Economía. Y Santiago Casares Quiroga, de la Federación Republicana Gallega, Ministro de Marina. Obsérvese que los puestos más importantes los controlaban Alcalá-Zamora, Maura, Lerroux, Azaña y, en cierto sentido, D’Olwer. Es decir, todos ellos representantes de la derecha conservadora, liberal o moderada. El PSOE, a pesar de contar con tres representantes, estaba en minoría. Estos ocupaban ministerios de escaso poder decisorio. Su cometido parecía el de mantener las ilusiones populares. Y también soportaría el coste de la subsiguiente desilusión.

El PCE, como no se había integrado en el Pacto de San Sebastián, tampoco había formado parte del “Comité Revolucionario”, por lo que tampoco se le incluyó en el Gobierno provisional. Esto significaba que anarquistas, la segunda (primera, en mi opinión) y comunistas, cuarta, organizaciones sociales, las más radicales, quedaban fuera de la representación gubernamental, lo que supondría un nivel de exigencias,  bastante revolucionarias, que la República, en los términos en que había sido constituida, no podía colmar. El nuevo Gobierno enfrentaba problemas irresolutos durante siglos: la reforma agraria, la racionalización de la estructura militar, la extensión de la enseñanza y la alfabetización, la “cuestión catalana” y la delimitación de las funciones y relaciones entre Iglesia Católica y la nueva legalidad que se constituía, que no tenía que recibir la corona de ningún prelado. Entre sus primeras medidas, consecuente con la legitimación y estructuración republicanas, superando la situación de excepcionalidad y transitoriedad de la I República Española (II, contando la catalana) estuvo la de convocar elecciones a Cortes Constituyentes, para el siguiente 28 de junio, dos meses y medio después. Fue una decisión honesta y arriesgada, casi sin tiempo para acometer una adecuada campaña electoral, pero que tuvo la virtualidad de dejar descolocada, paralizada, ante la sorpresa de lo ocurrido, a toda la reacción antidemocrática, al tiempo que aprovechó todo el espontáneo entusiasmo popular, tal vez injustificado. Para ello, como ya se había analizado anteriormente, era necesaria una nueva ley electoral.

Se ampliaron los distritos electorales, de forma que dejaran de ser unipersonales, como actualmente sigue ocurriendo en Estados Unidos de (norte)América, Reino Unido de la Gran Bretaña, Francia, Alemania -si bien en este país tienen un admirable sistema compensatorio a través de una lista nacional, de la que eligen candidatos, en número no prefijado, lo cual es uno de sus inconvenientes, hasta conseguir que todas las listas que acumulen un cierto porcentaje mínimo de votos, otro de sus factores negativos y limitatorios de su democraticidad, tengan exactamente la misma proporción de votos por escaño conseguido, lo que significa la proporcionalidad absoluta, aunque el sistema, en sí mismo, por su estructura de conjunto, por su elección por distritos unipersonales, favorece a los mayores Partidos, perjudicando a los demás- y Rusia, entre otros, que significa sufragio por el sistema mayoritario, con exclusión de las minorías, menos democrático y propenso a la corrupción y el soborno, y pasaron a elegir listas múltiples. Fueron los pequeños Partidos republicanos, conservadores y liberales, así como los nacionalismos, quienes más apoyaron esta decisión. Lógicamente, puesto que eran a los que más perjudicaba el sistema mayoritario, excluyente para las minorías. Sin embargo, por iguales razones, los Partidos que habían obtenido más concejales el 12 de abril (PSOE, Partido Republicano Radical y Partido Republicano Radical Socialista) que sumaba 7 de los 12 miembros del Gobierno, preferían el sistema mayoritario, con el que aspiraban a desembarazarse de la necesidad de tener que llegar a alianzas y coaliciones. Para dichos Partidos, esto significaba todo un cambio de estrategia, de visión política respecto de su futuro, cuando, sólo unos días antes, se veían a sí mismos como fuerzas minoritarias, que precisaban de pactos para aspirar al poder.

A Azaña tampoco le parecía mal dicha idea, puesto que aspiraba a aglutinar (bajo su batuta, puesto que era el político más hábil para conseguir pactos y coaliciones, convencer en negociaciones y reuniones bilaterales) a toda la derecha republicana democrática, y un sistema absolutamente proporcional no estimulaba en dicho sentido, sino en el de la susbsiguente subdivisión y fraccionamiento en minúsculos partidos políticos y sus corrientes y personalismos internos. Así se inició un debate en el que, entre otros argumentos, se barajaba un análisis, a mi entender falso, de que el ascenso del fascismo en Italia había sido consecuencia del tradicional sistema respetuosamente proporcional. A mi entender, los 35 escaños obtenidos por los fascistas no justificaban su conquista del poder, aunque hay que reconocer que le permitieron hacer propaganda, darse a conocer públicamente, sino el empleo de la violencia, puramente terrorista, la continua falsedad, algo que es típico de la derecha tradicional, la imbecilidad del resto de partidos políticos italianos y las circunstancias especiales por la que atravesaba el país tras la I Guerra Mundial. Parafraseando a Lenin, en su análisis de la situación rusa: el poder estaba en la calle y nadie se atrevía a recogerlo. Mussolini lo hizo. Sin embargo, con tales y otros argumentos, se llegó a un acuerdo intermedio: se aprobaron los distritos amplios, que dificultaban el fraude, la corrupción política, el soborno, y el asesinato de opositores, pero también la ventaja a los Partidos más votados en cada uno de ellos, que obtenían directamente un determinado número de escaños por obtener la mayoría de votos en el distrito en cuestión. Es decir, bajo el argumento de impedir el ascenso al fascismo, resulta que se aprobaba un sistema electoral, en cierta medida, aunque no en la misma proporción o cuantitativización ¡semejante al que había impuesto Mussolini para conseguir el poder absoluto!

Esto es imprescindible tenerlo en cuenta para comprender los sorprendentes altibajos que se iban a producir en los resultados electorales (aunque no tanto en los porcentajes de votos) en las tres elecciones parlamentarias llevadas a cabo en los cinco años que los antidemócratas “permitieron” la pervivencia democrática normalizada de la II (III, si se computa también la catalana) República Española. La dificultad de establecer la proporcionalidad de los votantes en función de los escaños obtenido, lo que ha necesitado sesudas investigaciones, que no llegan (sería imposible, dada la intencionalidad ideológica, de negar o confirmar la representatividad democrática) conseguir un consenso unánime. Y también, por todo ello, el cuestionamiento, que fue haciéndose progresivamente más altisonante y peligroso, de la representatividad y legitimación democrática de los vencedores a ojos de los derrotados. Y esto es importantísimo para comprender la situación social y psicológica que lleva a las diversas huelgas generales revolucionarias y levantamientos que se iban a suceder. La asquerosa política seguida por los pepero-populistas desde que perdieron, por culpa de su tosco intento manipulador de la opinión pública, las elecciones de marzo del 2.004, deslegitimando la democracia, la limpieza electoral y desprestigiando la figura del Jefe del Gobierno, como si no fuera una representación del Estado, de nivel semejante a la bandera o al Jefe del Estado, nos lleva por la misma derrota. Queipo de Llano, Ramón Franco e Hidalgo de Cisneros volvieron del exilio. Al primero se le designó General de División, que sería la más alta graduación durante la República, desde que se eliminaron los de Comandante, Capitán y Teniente Generales, jefe de la 1ª Dvisión Orgánica, Jefe de la Guardia Presidencial y, posteriormente, Jefe de la Casa Militar del Presidente de la República. 

Ramón Franco fue nombrado Director General de la Aeronáutica Militar. Pero, al poco, se implicó en una revuelta anarquista en Andalucía, por lo que fue destituido, a raíz de lo cual presentó su renuncia en el ejército. Esto pudo influir en su hermano, Francisco Franco, y quizás lo llevó a poner en duda su propio futuro militar bajo la república. En las siguientes elecciones del 28 de junio, Ramón Franco se presentó bajo las siglas de Izquierda Republicana de Cataluña, obteniendo acta de diputado por Barcelona y 91.731 votos, algo que nunca llegaría a conseguir José Antonio Primo de Rivera y Saénz de Heredia, el hijo del dictador, que no llegó a alcanzar los 20.000 votos en toda su vida política. Esto es significativo, puesto que, tras haber criticado los bombardeos que el bando franquista (en el que se llegó a integrar con graduación de Teniente Coronel, tras superar dudas)  realizaba sobre Barcelona y Valencia, el que declaró no haber bombardeado el Palacio Real por temor a herir a niños, desapareció, sin dejar rastro, cuando pilotaba un hidroavión, desde Baleares (donde se había enfrentado a la oficialidad italiana, acusándola de obedecer más a Mussolini que a las órdenes de su hermano, Francisco Franco) al parecer con objetivo de bombardear Barcelona. Ignacio Hidalgo de Cisneros y López de Montenegro, perteneciente a una familia aristocrática y carlista, era oficial de intendencia cuando se integró en la aeronáutica militar. A su regreso a España fue destinado a la Oficina de Mando de la Escuela de Vuelo de Alcalá de Henares, como 2º jefe de la 1ª escuadra. Es decir, fue el menos recompensado (también era el de menor graduación) de los tres cabecillas del pronunciamiento del aeropuerto de Avión Cuatrocientos, y el que se mantendría con toda honradez del lado republicano durante el resto de su vida.

El cardenal primado de España era Pedro Segura y Sáez. Estaba fuertemente comprometido con la monarquía. Recuérdese que los soberanos españoles conservaban el privilegio medieval de designar cardenales, como título aristocrático, de entre una terna presentada por la Iglesia. Esta se negó a admitir tal prerrogativa al Jefe del Estado de la República, pero sí lo hizo con Franco, lo que demuestra, más allá de ninguna duda razonable que nadie pudiese mantener, de qué lado estaba la Iglesia Católica. Así que los prelados, si querían aspirar a las más altas jerarquías, debían aceptar una doble dependencia, acumular méritos ante ambos poderes. Es lógico, por tanto, que los obispos no criticaran ni al rey ni a los fascistas de la misma forma en que lo han hecho con los Gobiernos democráticos del PSOE, tanto durante la República como, tras el interludio dictatorial, después de recuperada la democracia. Una de las frases célebres de Segura era: “más de una peseta al día de salario es para vicios”. Sin embargo nunca tachó de viciosos a los capitalistas que ganaban más de eso. Entre ellos al Conde de Romanones, el mayor propietario español de empresas mineras del país y de Marruecos, y, por ello, implicado en la aventura colonialista. O el propio rey, socio de Romanones en muchos negocios, entre ellos en la financiación de la primera industria cinematográfica pornográfica de España, de cuyas producciones eran los primeros adquirentes y disfrutaban en solitario o en compañía. Siendo Obispo de Coria (Cáceres) conoció a Alfonso XIIIº y le acompañó en la “expedición” a Las Hurdes, un paraje agreste, aislado, extremeño, descubierto para la civilización poco antes, cuyos habitantes continuaban viviendo en plena Edad Media, o quizás en la prehistoria, sin instituciones políticas, sin alfabetizas, sin conocer el español: no se ha podido averiguar si hablaban portugués, ibero o un dialecto de uno de ellos.

De la amistad surgida con el monarca le llegaría el capelo cardenalicio, impuesto por el propio rey en el Palacio de Oriente, ante la corte real. Un par de semanas después de la instauración de la República, Segura llamó a los católicos a oponerse a ella. Nadie podía haber hecho más que él para fomentar el incendio de iglesias. Esto suponía tirar por tierra toda la estrategia participativa en la política de los católicos, preconizada por Herrera Oria y  la Asociación Nacional de Propagandistas de la Fe, que apoyaban las candidaturas del Bloque Agrario, con la intención de recuperar el poder perdido por los monárquicos ultracatólicos, especialmente los reaccionarios terratenientes, implicados en las dictaduras, cuando se estaba a sólo dos meses de las convocadas elecciones constituyentes. Así que, en su publicación periódica, El Debate, se editaron argumentos contrarios a ello, que originaron el enfurecimiento del cardenal, quien lo calificó de “papelucho liberal”. El 13 de mayo se fue a Roma, al parecer atemorizado por el cariz que tomaba la situación y la falta de apoyo que encontró. El Papa le ordenó regresar el 9 de junio, recordándole que era propio de su jerarquía ser ejemplo de disciplina y apostolado, aceptando el martirio si llegase el caso. Pero la República no quería ni mártires ni provocadores, por lo que, cuatro días después, lo detuvo y lo expulsó del país. Poco después al obispo de Vitoria, al pasar por la aduana, se le descubrieron unos documentos del cardenal Segura en los que ordenaba la venta de todas las propiedades eclesiásticas y sacar la fortuna correspondiente del país, sin duda para conseguir un catastrófico desplome de la peseta. A consecuencia de ello el Gobierno provisional pidió al Papa que lo cesara como cardenal primado.

Finalmente llegó a comprender el problema que estaba originando a la Iglesia, o, tal vez, en un auténtico pulso con el Papa, puso su cargo a disposición de Pio XIº, quien lo aceptó, incorporándolo a la curia romana, hasta 1937, en que lo nombró cardenal  arzobispo de la Sevilla conquistada por los fascistas. Mientras tanto no sólo la Gran Depresión, sino también la fuga de capitales, en castigo a la ciudadanía que había votado a favor de la democracia, golpeaban a España. Entre 1930 y 1933 tanto las inversiones como las exportaciones se contrajeron un 50%. La estadounidense Banca Morgan (que gestionaría las entregas del Plan del General Marshall, para favorecer la exportación de Estados Unidos a los países con Gobiernos socialdemócratas, laboristas o de Frente Popular que aceptaran el “patrón dólar”, lo que justificaba la expulsión de ellos de los Partidos Comunistas, que se oponían a tal medida) anuló la entrega de un préstamo de 60 millones de dólares, concedido a la dictadura de Aznar. Desde el 1 de abril al 30 de junio los depósitos bancarios se redujeron un 13% y la peseta se depreción un 20%. En cambio, sorprendentemente, la producción industrial sólo se redujo un 17%, y el producto personal interior bruto un uno por mil. Esto sólo puede explicarse, parcialmente, con el espíritu emprendedor liberado por una nueva clase media, que, desencorsetada de las amarras dictatoriales, marcaba unos nuevos senderos en la organización industrial del país, más tecnificada y con menos base en la explotación del obrero. Es un paradigma de la evolución de la Humanidad, convenientemente ocultado por los economistas tradicionalistas, que el aumento de los salarios conlleva el progreso tecnológico y de la productividad, por supuesto con la intención de suplir mano de obra, de expulsarla del mercado de trabajo hasta que se rinda, se humille, y acepte menores sueldos y más explotadores, intensivos y prolongados jornadas y ritmos de trabajo.

Al mismo tiempo el aumento de salarios actúa como un estímulo a la demanda y a la producción. Por el contrario, la receta conservadora, ya demostrada imposible en 1929, pero que, incomprensiblemente, se sigue aplicando, de reducción de salarios reales, sólo consigue el enquistamiento en la depresión económica, la incapacidad para superar la situación, para realcanzar el pleno empleo, y el sufrimiento, incluso la muerte, de millones de seres humanos. Los terratenientes, implicados con la dictadura, no reaccionaron bien a la llegada de la democracia. Si los empresarios dejaron de invertir por temor a una reforma fiscal o subida drástica de los salarios o aumento del poder sindical, en el campo, simplemente, dejaron de contratar a los jornaleros. Era, en todo caso, la “huelga contrarrevolucionaria patronal”. Trataban de ganar el pulso a las urnas, poner de rodillas a la república. U originar la violencia, contando que, con ello, podían volver a recuperar el poder. La misma estrategia que el cardenal Segura. Los latifundistas preferían que las cosechas se pudrieran, contando con compensar con muy superiores beneficios en el futuro. Más aún: llegaban a pasar con sus automóviles de importación, generalmente Mercedes, por las plazas de los pueblos, donde los jornaleros esperaban, en Andalucía a la sombra, que los buscasen para un trabajo. En lugar de ello, por las ventanillas, les zaherían: “¿No queríais República? ¡Pues comed República!”

Advertisements
This entry was posted in El largo y tortuoso camino a la democracia en España. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s