El Gobierno del almirante Aznar

   

            Al igual que con Primo de Rivera, la situación era tal que, hiciese lo que hiciese Berenguer, todo tenía efectos negativos para la dictadura. Así los fusilamientos de Jaca sólo sirvieron para crear dos mártires republicanos en el ideario popular. La mayoría de las publicaciones periódicas, al día siguiente, al hilo de la corriente mayoritaria de opinión, que es lo que produce beneficios a los medios informativos (los que intentan modificar la realidad ciudadana tienen pérdidas y fuentes de financiación ajenas) propagaban lo injusto de las sentencias, en función de los antecedentes ya comentados. Se realizaron manifestaciones callejeras en protesta por las mismas. Todo ello maniató al Gobierno de la República cuando se enfrentó al problema de reprimir, por semejantes hechos, aunque de sentido opuesto, la sedición del General Sanjurjo, sin contar con que, si, como se puede sospechar, estuvo implicado en la conjura de diciembre de 1930, podría conocer implicaciones militares que, a menos de 18 meses de la reinstauración republicana, podrían haber desprestigiado la mitificación asumida del nacimiento absolutamente democrático de la misma. Y, también, en cierto modo, contra las conocidas maquinaciones golpistas del General Mola, en 1936. Este era un burócrata sumamente efectivo, maquiavélico, retorcido y sanguinario. Por eso era Director General de Seguridad en 1930. Consiguió apresar a la mayoría de los miembros del denominado “Comité Revolucionario”, también conocido como comité ejecutivo por la república, aunque Alcalá-Zamora, uno de los encarcelados, lo llamaba “Gobierno republicano”. Los demás lograron esconderse a tiempo. Con todo ello se desorganizó la parte civil de la conspiración y la huelga general abortó. No obstante, el resto de la conjura no fue conocida. Las detenciones de Mola eran, en parte, palos de ciego, en parte escarmiento, y, también, intento de acabar con la tolerancia de Berenguer, que no le estaba dando resultados, retrocediendo hasta la “dicta-dura” represiva tradicional.

 

            El levantamiento militar seguía en pie, sin ninguna obstaculización. Tal como estaba previsto, el lunes 15 el General Queipo de Llano, el comandante Ramón Franco y el subordinado de éste, Hidalgo de Cisneros, tomaron el aeródromo de Cuatro Vientos y cargaron de bombas un avión, que el héroe del “Plus Ultra” pilotó, para bombardear el palacio real, con la familia real en su interior. Quizás tal hecho influyó en la decisión de Alfonso XIIIº de huir del país cuando el Gobierno de Aznar no pudo asegurarle que el ejército garantizaría su protección. Lo cual, a su vez, estaría relacionado con la incapacidad, en aquel momento, de repeler un ataque aéreo, una alternativa a la que, hasta entonces, no se había tenido que enfrentar ningún gobernante español. Posiblemente estaba previsto que fuese la señal, el pistoletazo, para el levantamiento del resto de militares conjurados. Sin embargo, según dijo después, al sobrevolar los jardines de Sabatini, vio niños jugando y temió herirlos, por lo que volvió aeropuerto. Allí los tres principales implicados tomaron otros aviones de mayor autonomía y se dirigieron a Lisboa, permaneciendo exiliados hasta la proclamación de la II República. Con ello inauguraban una distinta ruta de escape, alternativa a la tradicional por la frontera francesa, y a la menos utilizada, sólo por insurrectos en Andalucía, por la gibraltareña. Sanjurjo volvería a utilizarla tras fracasar en su golpe de Estado. Si el bombardeo del Palacio de Oriente era la indicación prevista, su abandono, y la posterior huida de sus impulsores, anuló cualquier otro movimiento subversivo. A pesar de todo, de la eficacia represora de Mola, la causa republicana estaba fuertemente establecida. Por ello, cualquier acción o reacción siempre iba en detrimento de la dictadura y la monarquía que la había tolerado e, incluso, apoyado, mostrando orgullo de ella. Y así ocurrió con dicha represión.

 

    En enero siguiente se reanudó la huelga de universitarios. Los intelectuales organizaron la agrupación “Al servicio de la República”, en la que se integraron Antonio Machado, que la presidió, Ortega y Gasset, Marañón, Pérez de Ayala (estos tres, entre otros, fundarían un partido político con el mismo nombre, que se pasaría al bando fascista en 1936) Unamuno, Valle-Inclán, Bergamín, y otros muchos. Esto reforzó a los estudiantes, que insistieron en manifestaciones callejeras. Berenguer se vio obligado a convocar elecciones parlamentarias, y lo hizo para el 19 de marzo. Pero todos los partidos políticos se negaron a aceptarlas mientras no se reformara la ley electoral de Primo de Rivera, que restringía el sufragio a un número poco representativo de votantes. Ante este fracaso, el 14 de febrero, el rey lo destituyó, sustituyéndolo por el Almirante Aznar. Antes había ofrecido el cargo a Santiago Alba. Ministro de Hacienda entre 1916 y 1918, de notable éxito, partidario de la reforma agraria, exiliado por Primo de Rivera, sería presidente de las Cortes durante el “bienio negro” republicano. Pero éste, sin duda, no quiso colaborar en los últimos estertores de la monarquía. La alternativa razonable habría sido Sánchez Guerra, a quien acabaría acudiendo para que negociase con los republicanos, ya a destiempo. Al parecer el rey exigió a Aznar que convocara elecciones en menos de dos meses. Este propuso efectuar primero una “prueba” con elecciones municipales, en las que los muchos puestos locales a cubrir daban grandísimas posibilidades a que los caciques volvieran a colocar sus peones, en apoyo a la monarquía. Fue otro nuevo error. Debió haber convocado directamente elecciones constituyentes. Quizás Aznar aún pretendía una oportunidad para salvar la tan ventajosa, para los déspotas, Constitución de 1876.

 

    Pero, en unas votaciones municipales, poco decisorias, en las que la corrupción electoral aseguraba el triunfo monárquico, no hubo la menor restricción para emitir el voto más radical, de entre las alternativas más populares en aquel momento. No obstante, las elecciones constituyentes del siguiente junio refrendarían, más allá de ninguna duda, el apoyo republicano. Claro que la continuación de la presencia del rey habría influido en moderar el voto, hacerlo continuista. Aún así las circunstancias habrían llevado, con toda posibilidad, a una Constitución republicana, aunque posiblemente, con una composición más moderada de la Cámara de Representantes. Aznar fijó la fecha de las votaciones para el 12 de abril. Sin duda contaba con que el juicio contra el Comité Revolucionario, previsto para el mes de marzo, socavaría su prestigio. Pero no fue así. La opinión pública y, arrastrados por ella, y retroalimentándola, la mayoría de los periodistas, trataron a los acusados como auténticos miembros de un Gobierno de la República.  Como el pronunciamiento militar había resultado en un fiasco, tanto por el error del levantamiento de Jaca como por el incumplimiento de Ramón Franco -todo lo cual finalmente fue muy beneficioso para la democrática llegada de la II República, sin deber nada a los militares o producir más muertes de las que hubo, lo que no era otra cosa sino un aplazamiento de la guerra civil que los antidemócratas ya tenían decidida, aunque no fijada- no había pruebas para vincular en ello a los acusados. Así, ante el electorado, se estaba juzgando un “delito” de opinión, simplemente por apoyar la República.

 

    Indudablemente suponía una violación de la Constitución de 1876. Pero ésta, a su vez, violaba la Constitución de 1869, la más democrática que había tenido España hasta entonces, y a la legalidad de la I República española, además de haber quedado inaplicable por el golpe de Estado de Primo de Rivera y los sucesivos dictadores. Siendo imposible abstraerse del entorno, el propio tribunal se vio obligado a tratar con suma deferencia a los acusados, lo que redobló la sensación popular de injusticia. Sólo se les pudo condenar a seis meses de cárcel, sustituibles por libertad condicional. El Gobierno, consciente de la influencia de la excarcelación de los acusados, impidió que se llevase a cabo antes de las elecciones. Además de una manifiesta injusticia, era un nuevo error, que volcaría aún más el voto en los republicanos. Así se llegó a las elecciones del 12 de abril. La afluencia a las urnas fue mayoritaria. Aquella misma noche, cuando se empezaron a conocer los resultados de las grandes capitales, quedó patente el arrollador triunfo de la coalición republicano-socialista. Al día siguiente, todos los medios informativos publicaron que, en Barcelona, los republicanos habían cuadruplicado los votos de los monárquicos, y, en Madrid, los triplicaban. En conjunto, los republicanos habían obtenido la mayoría en 41 de las 50 capitales de provincia. Era evidente que los anarquistas habían acudido masivamente a votar: su represión no sólo no había acabado con ellos sino que colaboró a la llegada de la II República. Sólo los más conservadores, los más monárquicos y tradicionalistas, llamaban a la calma, a esperar a conocer los resultados en los pueblos, en los que estaban seguros de vencer, dada la desproporción de votos necesarios para elegir un concejal en un distrito urbano (a veces 100.000 votos) respecto de los necesarios (en algunos casos sólo 14 votos) en las zonas de dominio caciquil.

 

    Hay discrepancia sobre los resultados globales, ya que, una vez proclamada la República, a pocos interesó la exactitud numérica. Tradicionalmente la derecha computa 22.150 concejales monárquicos frente a 5.875 republicanos. Los antidemócratas siempre han protestado de que se valorase más el voto urbano que el rural, confundiendo los concejales electos con los votos emitidos, que no eran proporcionales, como se ha indicado. Parecida situación se ha originado, aunque con resultados inversos, en las últimas elecciones municipales, en las que, con menos votos, el PSOE ha obtenido más concejales que el PP, aunque también influye la concentración de votos pepero-populistas sólo en Madrid, y, en menor proporción, en Valencia y Cádiz, perdiendo sufragios en el resto, respecto de elecciones anteriores. En todo caso, todo el mundo conocía la corrupción electoral, consecuencia de los distritos electorales canovistas, en los pueblos, anteriormente explicada (véase el capítulo “Bajo el dominio de Cánovas del Castillo”) y razonaba en consecuencia. Sin embargo esos resultados eran parciales: durante el día 13 se continuaron recibiendo datos de casi 50.000 concejalías más. En “Elecciones y partidos políticos en España, 1808-1931”, publicado por Miguel Martínez Cuadrado en 1969, se resumen 19.035 monárquicos, 39.568 republicanos, y 15.198 de tradicionalistas, integristas, nacionalistas vascos, independientes, etc.. Igualmente los fascistas alegan que no se podía dar el tratamiento de unas elecciones constituyentes o, como mínimo, parlamentarias, a una confrontación municipal.

 

    Pero resultaba evidente que se trataba de una prueba, de contrastar la confianza popular en la dictadura y, consecuentemente, en la monarquía que la había consentido y apoyado. El pueblo, en las calles, celebraba el triunfo electoral con alborozado y pacífico entusiasmo. Berenguer, que continuaba como Ministro de la Guerra en el Gobierno de Aznar, comprendió perfectamente lo que estaba ocurriendo, y emitió orden al ejército de que acatara la decisión electoral. El conde de Romanones (hermano del fundador del Banco Español de Crédito) había colaborado con “la sanjuanada”, por lo que Primo de Rivera le impuso una multa de 500.000 ptas.. Era Ministro de Estado en el mismo Gobierno, y decidió, por su cuenta, pactar con el Comité Revolucionario el respeto a la vida de la familia real, posiblemente influido por el intento de bombardeo de Ramón Franco. Fue otro error: Alcalá-Zamora, con noticias muy escuetas de lo que ocurría, se creció, pensó que tenía el poder en sus manos y amenazó diciendo que no podía garantizar nada si la familia real no abandonaba de inmediato el país. El Ministro de Estado consultó entonces con el Director General de la Guardia Civil, el General Sanjurjo, si él podía dar tal seguridad, respondiéndole éste que no tenía certeza sobre el comportamiento de sus subordinados. Es decir, de qué lado se pondrían en caso de enfrentamiento. Los fascistas explicaron tales palabras basándolas en el grado de desorden y descomposición que se había alcanzado. Para ellos, que la Guardia Civil coincidiera con la decisión popular, electoralmente expresada, y la respetase, no es una prueba de acatamiento democrático, sino de desorden y descomposición, porque parten del supuesto de que su misión es mantener el dominio de los poderosos, por encima de la opinión popular y el voto democrático. Los historiadores republicanos siempre defendieron que se trataba, simplemente, de un riguroso análisis de la realidad.

 

    Una tercera línea de historiadores trata de explicar tal hecho en la psicología vengativa del personaje, ya que había sido relegado por el rey como sucesor de Primo de Rivera, a favor del General Berenguer, primero, y del almirante Aznar, después. Sin embargo simultaneaba su cargo de Director General de la Guardia Civil con el de Alto Comisario de España en Marruecos, puesto que había ocupado, anteriormente, el General Berenguer, y el rey le había concedido, ese mismo año, la Gran Cruz de Carlos III. Otros opinan que el rencor provenía de su fidelidad a Primo de Rivera, al que consideraba que había sido abandonado por el rey. Lo cierto es que, de inmediato, se puso a las órdenes del Comité Revolucionario, que le confirmaría en el cargo, colaborando a que la venida de la II República fuese absolutamente pacífica. Pero hay otra posibilidad que no se ha investigado, y es que Sanjurjo, tal como sospecho, pudiese estar implicado también en el pronunciamiento previsto para el 12 de diciembre anterior, cuando el levantamiento de Jaca, lo cual concordaría adecuadamente con tales comportamientos. Sobrepasado por los acontecimientos, Aznar dimitió. Las ediciones vespertinas comenzaron a publicar los resultados que se iban computando de los escrutinios rurales, indicando que la ventaja republicana se iba diluyendo. Con mayor énfasis encabezaban tal información los diarios del día siguiente, 14 de abril de 1931, especialmente los más conservadores y monárquicos. El pueblo temió que quisieran robarle, mediante el recurso a la corrupción electoral caciquil, la aplastante victoria, que ya tenía asumida, y se echó a la calle. Todo ello en un ambiente festivo, alegre, de desenfrenada ilusión, de una nueva vida que comenzaba, en lo que concuerdan todos los testigos. A las seis de la mañana de aquél día se había proclamado en Eibar la II República. El rey envió a Sánchez Guerra a negociar con Alcalá-Zamora, que, lógicamente, repitió la misma respuesta.

 

El ultraderechista Juan De la Cierva y Peñafiel (padre del inventor del autogiro, que murió en Inglaterra en 1936, donde había acudido para comprar municiones para Franco) implicado en el caciquismo y corrupción política y electoral en Murcia, su provincia de nacimiento, Ministro de Fomento en el Gobierno del dimitido Aznar, recomendó al rey hacer uso del ejército, una vez más, para mantenerse en el poder. Muchas veces se ha repetido que Alfonso XIIIº no quiso provocar una guerra civil, pero la verdad es que no encontró ningún apoyo firme. El Tenientecoronel Francisco Maciá, masón,  había condenado los sucesos del Cu-Cut! Recordemos: En 1905 esta revista satírica catalana publicó un chiste antimilitarista, por lo que 300 militares atacaron su redacción. Posteriormente también lo fueron otras publicaciones periódicas que informaron de tales hechos, añadiendo comentarios y opiniones críticas, así como una librería, apaleando, de camino, a transeúntes. Para impedir que los militares fueran juzgados por tribunales civiles se aprobó la Ley de Jurisdicciones, por la que, tanto los asaltantes como los periodistas y caricaturistas del Cu-Cut! se enfrentaron a consejos de guerra: como cabía esperar, los primeros fueron absueltos y los segundos condenados. Precisamente hoy se publica que han absuelto a dos francotiradores estadounidenses por asesinar, con fusiles con miras telescópicas, a dos civiles iraquíes. Al parecer tenían órdenes de colocar cables detonadores de bombas y asesinar a quienes se acercaran a investigarlos: ¡juicio, condena y ejecución inmediata, asemejando curiosidad a conocimiento militar, es decir, criminal! Sin embargo sí fue condenado, uno de ellos, a cinco meses de cárcel, computando como cumplido el tiempo de la reclusión preventiva, por falsear las pruebas, ya que colocó los cables después de haberlos asesinado.

 

Es decir: no había el menor indicio de que los asesinados fuesen terroristas o resistentes contra los invasores, pero, de todas formas, no se considera delito que un militar cometa crímenes, aunque sí que intente justificarlos. Maciá tuvo que abandonar el ejército. Tras la revolución bolchevique viajó a Moscú, para pedir financiación para la insurrección armada en Cataluña, pero le fue denegada. En 1922 fundó el partido separatista Estado Catalán. En 1925, su rama “militar”, La Bandera Negra, intentó asesinar al rey. En 1926 preparó desde Francia dicha insurrección armada: la gendarmería lo descubrió y lo expulsó del país, pero se granjeó la popularidad en Cataluña por ello. En 1928 fundó en Cuba el Partido Separatista Revolucionario de Cataluña. En 1931, Estado Catalán y el Partido Republicano Catalán se coaligan en Izquierda Republicana de Cataluña, en la que se integra Maciá. Dada la mayoría obtenida por dicha coalición en las elecciones del 12 de abril de 1931, el 14, basándose en la proclamación de Eibar, desde el balcón del Palacio de la Generalidad (de los Estamentos, una institución medieval antidemocrática, puesto que su miembros se escogían por sorteo, insaculación, introduciendo un cuchillo en el libro, cerrado, de registro de imponentes, es decir, pagadores, tributarios, aunque sí progresista, para su época, ya que todos los diputados, o sea, encargados, dado su modo de designación, eran comerciantes burgueses)  proclamó la República Catalana, un antecedente de lo que haría su sucesor, Companys, en 1934, al proclamar el Estado Catalán.

 

Más tarde, el Gobierno republicano de 1931 recriminaría a Companys lo que esto significaba de incumplimiento del Pacto de San Sebastián, convenciéndoles de su integración leal en la constitución de la II República Española (en realidad era la III, contando la República Catalana de 1.640, la primera española, que se inde­pen­dizó de los reinos de los Felipes III y IV durante veinte años) a cambio de introducir en la proyectada autonomía un Parlamento propio, que denominarían, errónea y anacrónicamente, Generalidad, falseando el antecedente histórico. Pero el daño ya estaba hecho. A algunos se le debieron erizar todos los vellos del cuerpo: aún no había salido Alfonso XIIIº de España y ya se estaba reproduciendo la desintegración de la I República (II, contando la catalana) que, después de haber contado con su apoyo, había estimulado la insurrección carlista, la cantonalista, el pronunciamiento de los militares antirrepublicanos y unitaristas, encabezados por el General Martínez Campos, y el retorno de los borbones.

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