Bajo el mando de Cánovas del Castillo

           

    Continuando con el artículo anterior “Revolución y contrarrevolución”, hemos de señalar que, tras la proclamación del General Martínez Campos, Alfonso XII entró en Madrid en enero de 1875, con sólo 18 años. Su llegada había sido preparada por su mentor, Cánovas del Castillo, como una representación operística. Apareció vestido de militar, aunque no lo era del ejército español (sólo cadete de una academia militar británica) sobre un caballo blanco. La ciudad había sido engalanada con decorados de modernos edificios que tapaban los más viejos, sucios y ruinosos ¿Para quién era esta representación? ¿Para hacer que le pareciera más bonita la que iba a ser su capital? No se trataba de un extranjero, como Amadeo de Saboya, al que hubiese que convencer para que aceptase lo que se le ofrecía. Se trataba de una oportunidad que no podía despreciar. Toda la representación estaba destinada al pueblo de Madrid: un nuevo rey, joven, que hiciese olvidar los malos recuerdos dejados por su madre, idealizado, mitificado, benévolo y angelical, pero militar, dispuesto a imponer el orden, sobre una ciudad reedificada, reconstruida, presagio de la modernización que debería acometerse si se dejaba de “perder el tiempo con disputas ideológicas” y se destinaban todos los recursos a ello. Y, efectivamente, dio resultado: el pueblo lo aclamó con entusiasmo, por lo que fue proclamado rey ante las Cortes. Es decir: estas no debatieron el nuevo sistema político, ni la dinastía, ni la persona que debía asumir la jefatura del Estado, sino que se puso en su conocimiento el hecho consumado, una especie de repetición civil de la proclama del General Martínez Campos. Un golpe de Estado contra la Constitución de 1869, que regulaba la elección de la dinastía a la que ofrecer el trono.

Lógicamente, la presidencia del Gobierno pasó a manos de Cánovas del Castillo, como jefe del Partido Conservador. Ya había sido Ministro de Gobernación en 1864, con Isabel II. Cánovas nombró Ministro de Gobernación a Romero Robledo, que se demostraría un experto en amañar elecciones, y Ministro de Fomento a Queipo de Llano. No hay datos sobre la represión llevada a cabo con los republicanos y, sobretodo, anarquistas, durante la restauración borbónica. Abandonada la dirección de la guerra contra el carlismo por el General Serrano, deshecha cualquier apariencia legitimista republicana, el ejército se desmoralizó. Se les ordenó que reemprendiesen la ofensiva, pero no veían gran diferencia entre apoyar a uno u otro primo, ambos borbones. Incluso parecería que los carlistas estaban más próximos a una República federal. El propio rey, desoyendo los consejos de Cánovas, marchó al Frente. Desde luego no tenía más idea de lo que era una guerra de lo que podía haber aprendido en sus tiempos de cadete. Pero su sola presencia entre los soldados, sus conversaciones con ellos, compartir los campamentos, visitar los hospitales, dar muestras de proximidad, les forzaba a un trato de respeto, a reconocerlo como rey, a aceptar su nuevo servicio militar, al rey, y, por tanto, a defender su control del Estado sobre los rebeldes carlistas, obró el milagro. Al mismo tiempo Cánovas aceptó una versión reducida de los fueros vascos y navarros, todo un paripé, pero que tendría gran importancia durante la organización autonómica de la II República y el posterior dominio franquista.

Con ello se propició que, en 1876, los carlistas fuesen derrotados, con Alfonso XII contemplando la última batalla, y abandonaran España. No volverían a ser un problema hasta 1936, en lo que podría considerarse la 4ª Guerra Carlista, si no fuera por la presencia de Partidos y ejércitos fascistas y nazis y mercenarios marroquíes. Simultáneamente se consiguió la Paz de Zanjón, por la que acabó el segundo episodio de la guerra de Cuba. Cánovas aprovechó todo ello para denominar a Alfonso XII “El Rey Pacificador”, para que republicanos y monárquicos de otras dinastías se sumaran al proyecto de una España en paz y en orden. Franco haría algo parecido sesenta y tres años más tarde. Sólo que sin integrar ni a monárquicos ni a republicanos, sino manteniendo su excluyente dictadura personal. La paz y el orden tras el desastre y el desorden de la peor guerra que España había conocido. Al menos Alfonso XII no había iniciado ninguna de las guerras que se concluyeron, aunque sólo fuese transitoriamente, durante su mandato. Cánovas había reflexionado sobre la situación del ejército, y concluyó que debía terminarse con los militares liberales y ambiciosos, que pretendiesen imponer sus concepciones políticas y conquistar el poder. Fue obligatorio conseguir una plaza vacante, según el orden de puntuación obtenido en alguna Academia Militar. Esto ya existía en muchos países. Se parecía mucho a una oposición para funcionarios. Tenían preferencia los hijos de militares. Sin embargo a los hijos de republicanos o liberales destacados se les hacía casi imposible conseguir puntuación suficiente para cubrir una vacante. Así que el sistema, en realidad, beneficiaba a los hijos de aristócratas. Era la vuelta al Antiguo Régimen, casi a la Edad Media. Para que el sistema fuese efectivo no podía existir otro modo de ascenso que la mera antigüedad. Esto excluía los méritos de guerra.

    Y, lógicamente, también las guerras, puesto que en ellas se producen bajas que hay que cubrir, siendo los más disponibles precisamente los que están en primera línea de batalla, y hay que estimular las actuaciones heroicas, por lo que se hacen imprescindibles los ascensos por méritos de guerra. Para evitar guerras, la política exterior de Cánovas fue muy comedida, para bien del país, aunque, con ello, se continuó perdiendo puestos, prestigio, en el ámbito internacional. Naturalmente, los puestos de confianza, especialmente los Generales, los designaba directamente el Gobierno, en función de la sumisión demostrada. El resultado fue un ejército burocratizado, falto de iniciativa y de estímulos, apático, que dio tranquilidad al país, pero a costa de convertirse en una maquinaria ineficaz para la guerra. Cuba no iba a permitir ni la paz ni la sumisión que Cánovas pretendía -más la segunda que la primera- por lo que se volvería a la guerra, interior, no exterior, conservadora, no revolucionaria, imperialista, para mantener el poder, no para conquistarlo. En ella, en Marruecos y, finalmente, en 1936, el ejército burocratizado parido por Cánovas produciría los tremendos fracasos y desastres que tantas muertes y sufrimientos iban a causar. Cánovas trabajó para acabar con la Constitución de 1869, presentando un nuevo proyecto desarrollado por una comisión de 600 notables, antiguos diputados y senadores de anteriores legislaturas, aunque era él, personalmente, quien impulsaba la aceptación de las bases urdidas por él mismo. De esta forma se evitaba el debate en unas Cortes que, conforme regulaba tal Constitución

, habían sido elegidas por sufragio universal.

La Constitución de 1876 imitaba la retrógrada imperial alemana, inspirada por Bismarck. Sólo puede explicarse que, finalmente, las Cortes la aprobaran, sin debates ni grandes cambios, por el ambiente de desmoralización que reinaba, de escarmiento de la experiencia republicana, por dar una oportunidad al nuevo rey, aclamado popularmente a su entrada en Madrid,  y a la convivencia, tras el agotamiento de un convulso periodo de violencia. En todos los aspectos era un retroceso, una vuelta atrás hasta los tiempos de Narváez. España se constituía en Estado confesional católico, si bien se toleraba a las demás religiones que respetaran a la católica. La soberanía y el poder legislativo eran compartidos entre el rey y las Cortes. Aquél podía vetar las leyes que no les gustaran y disolver las cámaras. El rey designaba directamente a los senadores. Las leyes ordinarias podían alterar los derechos y deberes constitucionales del ciudadano ¿Para qué servían, entonces, tales presuntas “garantías constitucionales”? Es como el Tratado anti-Constitucional Europedo, que anula todas las Constituciones nacionales en cuanto se le oponga, específicamente respecto de sus imperativas imposiciones ¿neo?liberales. El rey constituía el poder ejecutivo, con derecho a nombrar no sólo al Jefe del Gobierno, sino a los Ministros. Los ayuntamientos y las diputaciones quedaban bajo control gubernamental. Pero lo peor de todo, retrocediendo más allá de la Constitución bismarckiana, era la imposición, nuevamente, del sufragio censitario: para inscribirse en el censo para votar había que justificar el pago de una contribución territorial de, al menos, mil reales. Una verdadera fortuna. Sin embargo presentaba la novedad de permitir la acumulación de los contribuyentes menores, que conseguían un voto por cada mil reales acumulados.

Es decir, el voto más asquerosamente capitalista: cada mil reales un voto. Como se hace aún en la juntas de accionistas de las sociedades, en las que se fija un número mínimo de participaciones para poder estar presentes en los ¿debates? en los que se consideran aprobadas por aclamación de los aplausos (como hacía la Cámara Imperial o Reichtag, en tiempos de Hitler, una vez cada cuatro años) las propuestas del Consejo de Administración, considerándose sólo votos en contra los delegados con dicha expresa indicación, contabilizando un voto por cada acción delegada,  y las palabras de los oradores de las que indubitadamente se pueda llegar a la conclusión de que se oponen a lo propuesto, sin ninguna otra votación: la democracia capitalista. La dictadura de la burguesía. Dicha pseudoconstitución ha sido la más duradera, hasta la actualidad, de todas las españolas, para nuestra vergüenza: estuvo vigente durante 47 años. Inmediatamente Cánovas encaró el asunto del matrimonio del rey. No quería una nueva injerencia de las potencias extranjeras, como en la boda de la madre del rey, Isabel II. O, peor aún, en la designación de la dinastía que debía sustituir a la borbónica. Así que, desde el principio, se optó por la propia familia real española: la endogamia directa. Se eligió a su prima, la sevillana Mª de las Mercedes de Orleáns y Borbón, hija del Duque de Montepensier, que tanto había influido en el derrocamiento de aquella, que, por tanto se opuso al enlace (decía Cánovas que esto lo haría más deseable para el pueblo) y la Infanta Mª Luisa Fernanda, hermana de la madre del rey. Cinco meses después de la boda, en 1878,  murió la joven reina, de tifus, sin haber llegado a tener hijos. Se supone que el contagio pudo deberse a la visita anterior de la reina a un hospital con tales enfermos. Sin embargo el tifus era, por entonces, endémico en España, debido a las malas condiciones higiénicas, especialmente de las aguas residuales y las condiciones de suministro a las grandes ciudades, que el Canal de Isabel II no había mejorado en gran medida.

Cuatro meses más tarde Cánovas urdió un nuevo matrimonio para el rey. La nueva consorte sería Mª Cristina Von Habsburg-Lorraine, sobrina del emperador Francisco José I. Para entonces tanto España como el Imperio Austro-Húngaro, que actuaba como un fiel vasallo del Imperio Alemán, habían dejado de ser dignas de consideración. Y la situación internacional de Francia tampoco era la más idónea como para oponerse a tal enlace. Así que pudo celebrarse sin mayor injerencia extranjera. Durante este periodo sólo en 1875 y 1879, transitoriamente, Cánovas se vio obligado a dejar la presidencia del Gobierno, a favor de Jovellar y el General Martínez Campos, respectivamente. En 1881 tendría que cederla al Partido Liberal-Fusionista, dirigido por Sagasta, aunque se sospecha que fue creado por indicación de Cánovas, que comprendió el descrédito que había supuesto que Isabel II apostase en exclusiva por los “moderados”, aunque con turnismo personal entre O’Donnell y Narváez. El procedimiento era la dimisión del Gobierno, generalmente por el descubrimiento de algún asunto de corrupción, y, según las prerrogativas del remedo “constitucional”, el rey nombraba a otro gabinete. Como éste carecía de respaldo parlamentario, disolvía las Cortes y convocaba nuevas elecciones. Mientras tanto el nuevo Gobierno, a través del Ministro de Gobernación, designaba a los Gobernadores Civiles, que, a su vez, nombraban a los Presidentes de las Diputaciones Provinciales y a los Alcaldes. Estos convocaban las Juntas de Amillaramientos de cada localidad, cuya misión era agrupar a los contribuyentes de menos de 1.000 reales para elegir un representante que ejerciera el voto único para todos ellos a favor del candidato escogido. Y se hacía de tal modo que favoreciese al Partido del Gobierno. Es lo que se conoce en términos de sociología política como Gerrymandering, salamandra o mandarín de Gerry.

Este era el congresista más antiguo de Estados Unidos. Muchos sociólogos trataron de explicar el motivo de la repetición de sus triunfos electorales. Pero, analizando sus programas y métodos electorales, no encontraron diferencias con otros candidatos derrotados. Hasta que un grupo de sociólogos decidió entrevistas directamente a un número significativo de sus votantes, para preguntarles el motivo de su elección. Entonces cayeron en la cuenta de la peculiar disposición del distrito electoral de Gerry: tenía el perfil de una salamandra o camaleón. Como no podían comprender el motivo de tan peculiar distribución, opuesta a la regularidad, casi cuadriculada, de los demás, investigaron cómo se había aprobado la misma. Entonces descubrieron que su distrito electoral se había modificado en cinco ocasiones, cada vez tras un estudio sobre la propensión de votos en sus alrededores: Gerry había estado consiguiendo modificaciones en su distrito electoral para irlo adaptando a los cambios de su electorado. Es lo mismo que se hace aún en los seis de los nueve condados del Ulster aún dominados por Gran Bretaña: se concentran todos los votos católicos en uno o dos de los condados, formando inmensos y muy poblados distritos electorales, pero con muy pocos representantes, proporcionalmente. En cambio en el resto de distritos se consigue que los católicos sean minoría respecto de los colonos escoceses con los que repoblaron tales territorios, para consolidar la supremacía británica sobre los nativos irlandeses. Es lógico que, desesperados de poder reunificar el país por métodos democráticos, y estimulados por la impunidad del terrorismo de los escoceses y las tropas imperiales británicas, el Partido “Nosotros solos” (en gaélico Sinn fein) creara, muchos años después, su propio brazo terrorista, el Ejército Republicano Irlandés, I.R.A., en siglas inglesas.

Esta es la base del turnismo que caracterizará la primera fase de la restauración borbónica. Esto era posible en un país que seguía siendo fundamentalmente agrícola, y analfabeto en un 75%. El gallego Pablo Iglesias, sin padre, con su hermano muerto de tuberculosis y su madre sin recursos económicos, fue criado en un Hospicio en Madrid. El anarquismo se había extendido de tal modo por España que la había convertido en el principal bastión de su ideología en la Asociación Internacional de Trabajadores, la Internacional ó I Internacional, relegando a los marxistas. Al final estos tendrían que retirarse y constituir la II Internacional, o Internacional Socialdemócrata, hasta que, a partir de la revolución bolchevique, se desgajara en la III Internacional o Internacional Comunista. En 1869, Marx, comprendiendo el peligro que significaba, y la oportunidad de la situación revolucionaria española, envió a su yerno, Paul Lafargue, un francés que había pasado su infancia en Cuba, donde su padre poseía cañaverales, para constituir la Sección Española de la Internacional Obrera. Lo consiguió, pero sólo con un grupo de intelectualoides, sin llegar a entroncar con el movimiento obrero. En 1870 Pablo Iglesias, entonces tipógrafo autodidacta, tomó contacto con ellos. Desde entonces sufrió persecuciones y despidos. En 1874 consiguió la presidencia de la Asociación General del Arte de Imprimir. En 1879 fundó el Partido Socialista Obrero Español. Ya durante el proceso cantonalista, iniciado en Alcoy a consecuencia de la muerte de un manifestante por la jornada de 8 horas, a disparos de la policía, la prensa publicó falsas noticias de sacerdotes crucificados y hombres quemados vivos, remedando a los Autos de Fe inquisitoriales. Con ello se estaba creando una corriente que confluiría en los ataques a la Iglesia Católica y la quema de sus edificios.

    En 1882 un campesino de Arcos de la Frontera murió a consecuencia de una disputa, según declaró en juicio el hermano de la víctima. El primer sospechoso fue puesto en libertad al confirmarse su coartada. Se apresaron entonces a otros dos, a los que se acusó de asesinato por “confesiones reservadas”, por haberse negado el fallecido a afiliarse a “La Mano Negra”, condenándolos a cadena perpetua y 14 años de cárcel, respectivamente. El fiscal añadió que también podía haber sido motivado porque la víctima debía 53 duros (cantidad increíblemente alta para la época) o había acosado a una familiar de los sospechosos. Se aportó a juicio documentación existente desde 1879 (entre ella un Reglamento de la Federación de la Tierra, anarquista, inventado por la Guardia Civil, ya que adolece de algunos anacronismos, como considerarse una organización ilegal o designar a sus militantes por números, cuando ya había sido legalizada) anterior al crimen, que se ocultó a los acusados. Las torturas consiguieron confesiones por las que fueron condenados a garrote vil  otros siete, y otros cinco a otras penas de cárcel. Quizás sea momento de explicar qué era el garrote vil. Su origen son los Autos de Fe del Santo Oficio de la Inquisición (investigación, pesquisas, búsqueda, interrogatorio) de Herejes. A los que confesaban las acusaciones se les expropiaba el patrimonio familiar, que se repartía entre el rey, el Papa (que, a su vez, compartía con la Iglesia española) el Santo Oficio y sus familiares, es decir, delatores, cómplices. A los que morían inconfesos no se les podía expropiar nada. Así que tenían mucho cuidado en que los atormentamientos fueran dolorosísimos, pero no mortales. Domínguez Ortiz documentó un caso en el que se le torturó durante tres años.

    Para conseguir sus pecuniarios propósitos, a los “ajusticiables” inconfesos les seguía un cortejo de curas con largas cruces, insistiéndole en que confesara sus crímenes para ir al cielo, incluso dentro de la hoguera. Un suplicio más. Se consideraba que habían aceptado las acusaciones si besaban o parecían besar la cruz que los curas ponían en sus bocas mientras eran quemados vivos, por lo que abrían la boca gritando o buscando oxígeno. Para estimular la confesión se introdujo la “gracia del garrote”. A los relajados al brazo secular, de forma que la Iglesia se desentendía de cualquier responsabilidad en la ejecución de la sentencia, se les ataba a un poste, al objeto de que el fuego tardara más en llegar a los órganos vitales y, con ello, se prolongara el tormento. No se les ataba los pies, que subían uno tras otro, intentando huir del fuego, en lo que se conoció como “el baile de San Bito”. Los vestidos ardían y, con ello, también las cuerdas, por lo que, a veces, saltaban en llamas fueran del quemadero, y había que golearles hasta dejarlos inconscientes para volverlos al fuego, con lo que el espectáculo desmerecía. Así que se les terminó inmovilizando con cadenas de hierro. Aunque a veces el fuego las oxidaba y también las partían las fuerzas que hacían los desgraciados. Al quemarse los vestidos también lo hacía el vello púbico. Se dice que, entonces, los hombres solían entrar en erección, pero hay pocos testimonios que lo ratifiquen. Las muchas enaguas y vestidos femeninos impedían el disfrute completo de todos los pormenores. De modo que se decidió crear un uniforme, ligero, de seda, que se levantara con el calor del fuego y dejara a la vista las desnudeces. Era de color amarillo, como el hábito de San Benito, o San Bito, con llamas rojas. Para que no ardiera antes de tiempo llegaba sólo hasta por encima de las rodillas. Cuando ardía no incendiaba los cabellos, porque estos iban recogidos en un gorro cilíndrico, a juego con el hábito.

    De esta forma se podía ver con claridad como salía el humo por las orejas cuando la sangre comenzaba a hervir. Sólo entonces, cuando las partes inferiores habían pasado del rojo sangrante al negro carbonizado, se asistía a la cremación de la melena, la última diversión del festejo popular. Para que el espectáculo pudiera apreciarse al completo se ataba una cuerda, más tarde una cadena, al cuello de las víctimas, para mantenerlas erguidas. La “gracia del garrote” consistía en introducir un palo o palanca por dicha cuerda o cadena, y dar media vuelta, hasta estrangular al condenado. Debía hacerse con rapidez y disimulo, pues si los espectadores se daban cuenta del engaño, que se les estropeaba la diversión (¿quién puede disfrutar con la cremación de un cadáver? Lo atractivo es el ensañamiento con un ser vivo, que sufra) protestaban. Como se comprendió que esta forma de muerte requería un cadalso menos complejo que el ahorcamiento, se generalizó. La cadena, que podía romperse, se sustituyó por un grillete, y el apalancamiento por un tornillo, que oprimía el grillete hasta provocar la asfixia. Pero el tornillo propendía a perforar el poste. Así que a alguien se le ocurrió aguzarlo, hasta convertirlo en una puntilla que descabellara a la víctima. Al tiempo el grillete se convirtió en una especie de tenaza que estrangulara con mayor precisión.

  El único indicio de “La Mano Negra” fue un impreso justificando la eliminación de los traidores a los trabajadores, con una mano estampada en tinta como única firma, que encontró el comandante Pérez Monforte, de la Guardia Civil, bajo una piedra, manifiestamente semejante al falso Reglamento de la Federación de la Tierra. Se sospecha que fue la Guardia Civil la que realizó tal documento como “prueba” para perseguir a los anarquistas. Meses más tarde, en una venta de Jerez de la Frontera, aparecieron los dueños y un desconocido muertos a tiros. Este llevada en su sombrero un número de la “Revista Social”. Por tal motivo se vinculó con “La Mano Negra”, se detuvo a un sospechoso y, sin más pruebas, se le ajustició, aunque el pueblo de Jerez de la Frontera había pedido su indulto. Meses más tarde se encontró un cadáver descompuesto en el Cortijo de la Parrilla. El inicio del juicio coincidió con una huelga general en toda Andalucía. Hubo diecisiete condenas a muerte y diez cadenas perpetuas. En ningún lugar del mundo se han producido tantas penas de muerte por un único asesinado.  Como uno de los condenados a muerte se encontró ahorcado en la cárcel, se le sustituyó en el cadalso por otro de los diez a los que se le había conmutado tal pena por la de cadena perpetua ¿Qué más daba? Una prueba irrefutable de que no se pretendía justicia, sino aterrorizar: se trataba de puro terrorismo. Para asegurar el orden público durante los agarrotamientos se envió a Jerez de la Frontera al General Polavieja, al mando de un batallón de caballería. Meses más tarde fue asesinado un posadero en El Puerto de Santa María. El representante de la burguesía agraria declaraba que era necesario “anteponer la justicia a la libertad”. Es decir, una justicia basada en la represión de las libertades.

Las publicaciones periódicas indicaban como afiliados a “La Mano Negra” a los de la Federación de la Tierra anarquista. Meses más tarde fue asesinado un posadero en El Puerto de Santa María. En un rápido proceso se condenaron a muerte a cuatro personas, luego sustituidas por trabajos forzados a perpetuidad, debido a un manifiesto en que se amenazaba con incendiar la ciudad si se ejecutaba tal sentencia. La única relación con “La Mano Negra” era que uno de los condenados fue, con anterioridad, dirigente socialista. Se acusó al campesino Manuel Sánchez Alvarez de propiciar un incendio. En juicio declaró que se trataba de una venganza del Comandante Pérez Monforte, de la Guardia Civil, que había dirigido las “investigaciones” sobre “La Mano Negra”, por haberse negado a incendiar cosechas y cortar cepas, bajo soborno, para inculpar a los anarquistas. El acusado fue absuelto, tras pasar 20 meses en prisión preventiva. El origen de todo ello era la consternación de los grandes hacendados por el crecimiento del anarquismo campesino, su negativa a llegar a cualquier tipo de transacción o concesión, prefiriendo el camino del terrorismo, aunque con la implicación ceremonial de fiscales y jueces. Dicho terrorismo institucionalizado impidió realmente el desarrollo de un sindicalismo reformista de estilo europeo: para los que veían morir de hambre a sus hijos, ya que no podían convocar huelgas durante las únicas épocas en la que había trabajo (¿se puede hacer huelga cuando se está en paro, incluso huelga de hambre cuando no se tiene para comer y a nadie parece importarle?) durante la siembra y la cosecha, optaron por quemar estas últimas, como forma de presión para conseguir sus reivindicaciones: o trabajo mejor pagado o fuego, para que no pudieran beneficiarse los amos y sus esquiroles. Y, lógicamente, la espiral terrorista de la Guardia Civil.

La situación actual de persecución de dirigentes y afiliados combativos de Comisiones Obreras, el Sindicato de Obreros del Campo o los trabajadores del aeropuerto de El Prat, aplicándoles leyes anticonstitucionales, algunas franquistas, como la consideración de sedición militar la obstrucción de los aeropuertos por sus trabajadores (mientras que a los sediciosos Franco, Pinochet o los seiscientosmil militares que los apoyaron aún no se le ha juzgado) guarda alarmante relación con tal persecución sindical. Sólo que en la actualidad no están los conservadores en el poder, sino el PSOE. En 1885 Pablo Iglesias logró la presidencia de la Federación Tipográfica Española.

El 25 de noviembre de 1885 murió de tuberculosis Alfonso XII. El 17 de mayo de 1886 nació Alfonso XIII. No resulta muy creíble que un tuberculoso agonizante estuviese predispuesto a engendrar hijos. Se decía que un miembro de la guardia real era idéntico al rey. Aunque la regencia teórica correspondía a la reina madre, Cánovas ejerció las auténticas funciones de Jefe de Estado hasta que fue asesinado. Este mismo año se produjo el pronunciamiento republicano del General Villacampa, Pablo Iglesias publicó la revista “El Socialista”, que aún continúa editándose, y se autorizó, tras larguísimas negociaciones y protestas de la Santa Sede, el matrimonio civil para los que no fuesen católicos. La Reina Gobernadora no veía con buenos ojos a Cánovas, sus deseos de controlarlo todo, incluso a ella, y de utilizar la represión como único programa político. Así que nombró Presidente del Gobierno a Sagasta, con la intención de que cambiara dicha forma de actuar, que podía ser nefasta para el futuro de la dinastía. En 1888 Pablo Iglesias fundó el sindicato Unión General de Trabajadores, y participó en el congreso fundacional de la II Internacional, representando a España y al P.S.O.E..

En 1890 se volvió a instaurar el sufragio universal masculino, con lo que volvimos a asemejarnos a lo que se hacía en Europa occidental. Sin embargo esto no supuso la democratización del país. El artículo 29 de dicha Ley Electoral (aún se dice “por artículo 29” para indicar que algo se ha hecho por violencia, por voluntad injustificada) permitía que se ahorrase el proceso electoral en los distritos en los que sólo se presentase una candidatura. Algo aparentemente inocente, incluso lógico. Pero la consecuencia es que al segundo candidato, no pactado en el turnismo oficial, se le daban dos tiros. Otro método era que el candidato “que debía resultar elegido”, según el “turno” de Partidos, prometía pagar todas las deudas por alimentos suministrados por determinado colmado. El tendero era el que administraba dicha promesa electoral, más barata que las actuales campañas publicitarias, cuantificando el límite de crédito a cada familia, en función de sus posibilidades de pago. En una población hambrienta la presión de cada familia para que resultara elegido el candidato “oficial” era inmensa. Nada de esto podía realizarse en las ciudades, donde existían múltiples candidaturas pluripersonales, era más fácil esconderse, vengarse contra el candidato “oficial” si resultaba elegido por tales métodos, o pagar las deudas alimentarias de todo un distrito electoral. Por ello el voto rural no tenía la misma consideración que el urbano. Esto iba a tener su importancia en el advenimiento de la II República, en el que no importó que los caciques hubieran obtenido mayoría en sus pueblos, y que los monárquicos hubiesen acumulado más alcaldes. Lo importante era el resultado en las grandes ciudades. Por ejemplo, en Barcelona resultaron electos 3 concejales republicanos por cada uno monárquico.

En 1892 también se aprobó una Ley de Asociaciones que permitía una mayor tolerancia con los sindicatos anarquistas (la U.G.T., más moderada que los anarquistas, casi siempre contó con el beneplácito y el apoyo gubernamental) la libertad de prensa o el jurado popular. Con todo ello volvió a ser legal el Partido Republicano. En el mismo año nació Francisco Franco Bahamonde, hijo de un contable de buque de la Armada, que abandonó la familia, dejando toda la responsabilidad a su esposa. Quizás eso influyó en su carácter tímido y apocado. Era, además, obstinado, vengativo, astuto y extremadamente prudente, desarrollando un sentido de la meticulosidad casi obsesivo. Enclencucho y bajito, su madre, y después su esposa, lo llamaban Paquito. Siempre envidió a su hermano mayor, Nicolás, el preferido por su padre, y al menor, Ramón, simpático, arriesgado y emprendedor, el preferido por su madre. Al parecer ambos formaban parte de la masonería. En 1893 los anarquistas lanzan dos bombas contra el patio de butacas del teatro Liceo, ocasionando una veintena de muertes entre la burguesía barcelonesa. El estallido de la guerra contra Marruecos, por la construcción de un línea de fortines en la zona de delimitación, hasta entonces no ocupada, de Melilla, y el nuevo episodio de la insurrección cubana trajeron el descrédito de Sagasta, que fue sustituido por Cánovas en 1895. El periódico El Resumen publicó un editorial criticando a los jóvenes tenientes que no se presentaban voluntarios para ir a la guerra. Estos asaltaron y destrozaron su redacción. El diario El Globo, partidario de Castelar, publicó tales hechos, por lo que recibió igual agresión, en la que resultaron heridos su director y dos redactores. Era un antecedente de lo que ocurriría una decena de años después, con el asalto al Cu-Cut!, dando origen a la Ley de Jurisdicciones y a la impunidad de las bellaquerías militares, antecedentes, a su vez, de las sucesivas dictaduras.

En junio de 1896 se arrojó una bomba al paso de la procesión del Corpus Christi en Barcelona. A consecuencia de ello se produjo una amplia represión de anarquistas, socialistas y republicanos. Cuatrocientas personas fueron encarceladas, muriendo muchas de ellas inmediatamente por las torturas. Los informes internacionales relataban uñas arrancadas y genitales retorcidos y quemados. Sólo 87 fueron llevados a juicio, 8 fueron condenados a muerte (de tales sentencias, 5 fueron ejecutadas) y otros 9 a largas penas de presidio. El resto, aunque fueron declarados inocentes por el tribunal, serían deportados a Río de Oro, en el Sahara, por orden de Cánovas. Pero el anarquismo había dejado de ser un movimiento desorganizado e inconexo. Para entonces la guerra de Cuba ya había causado medio millón de muertos. En Londres, el anarquista italiano Michele Angiolillo Lombardi tenía vínculos con exiliados cubanos que, presumiblemente, le pagaron el viaje a España. En 1897, tras asesinar a Cánovas declaró que lo había hecho en venganza por los anarquistas represaliados por los sucesos del Corpus. La regenta nombró de nuevo Presidente del Gobierno a Sagasta, su preferido. Para entonces el tercer episodio de la independencia cubana estaba llegando a su fin, por agotamiento de ambos contendientes. Se hacía imprescindible el armisticio. Se negoció una amplísima autonomía, casi un Estado Federal, que sólo excluía las relaciones internacionales (algo que, en la actualidad, se está permitiendo a las Comunidades Autónomas) y la recluta de ejércitos. Los estadounidenses no estaban dispuestos a permitirlo, a perder esta oportunidad expansionista.

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