Revolución y contrarrevolución

 

            Continuando con el artículo anterior, “Carlismo contra liberalismo”, debemos decir que el hombre fuerte del momento era el ambicioso, acomodaticio y arrojado catalán General Prim. Siendo Subinspector de Carabineros en Andalucía (para entonces ya había conseguido dos cruces laureadas de San Fernando por su arrojo contra los carlistas) impidió que Narváez pudiera cruzar la frontera de Gibraltar para restaurar la regencia de Mª Cristina. Esto produjo la enemistad perpetua entre ambos. Entró en contradicción con Espartero al considerar que el librecambio favorecía a los tejidos ingleses sobre los catalanes, lo que provocaría el levantamiento de Barcelona, considerado separatista, antecedente de situaciones futuras, y su bombardeo, que terminó de separar a ambos miembros del progresismo. En realidad lo que ocurría es que en el reino de Aragón, separado de la colonización americana por voluntad de Fernando El Católico, que no quiso que su reino, arruinado por una guerra civil de 50 años de duración, colaborara en sufragar sus gastos, que consideraba que serían improductivos, estaba excluido del comercio colonial. Esto significaba que tampoco le era de aplicación la ley que prohibía la importación de algodón, materia que, al madurar bajo el sol, como la paja en los campos, produce el fácilmente inflamable y explosivo gas hidrógeno, peligrosísimo en barcos de madera, además de pretender la protección de la artesanía nativa, el tejido y labores “indianas”, que ocupaban menos volumen en los barcos, que debía reservarse para bienes más preciados. La denostada por los catalanes Ley de Nueva Planta, de Felipe V, acabó con las fronteras interiores, permitiendo a los catalanes, los únicos que tenían industria algodonera integral, inundar el mercado interior con sus hilaturas y tejidos.

    Como consecuencia, en sólo siglo y medio, Cataluña había logrado tal diferenciación en su desarrollo capitalista respecto del resto del país que empezaba a cuestionarse la conveniencia de emplearse en lograr su triunfo en todo el Estado o seguir su propio derrotero, recuperando el recuerdo de la República Catalana de 1620. Una pretensión sin sentido, contraria a los intereses de la burguesía industrial, puesto que el librecambismo imposibilitaría la competencia con los tejidos ingleses, la “tela marinera”, mucho más barata, por más que asegurase suministros de trigo más barato que el castellano, mientras que el proteccionismo del resto de España, tras una secesión, impediría la colocación natural de sus productos manufactureros. Prim participó, junto con O’Donnel y Narváez, con la intención de derrocar a Espartero, en la sociedad secreta Orden Militar Española, antecedente de las Juntas de Defensa y del movimiento africanista, que iban a ser decisivas para la confrontación de 1936. En base a ello se pronunció en Reus, junto con Milans del Bosch, a lo que se unió Barcelona, permitiendo la llegada al poder de Narváez, que consiguió adelantársele marchando a Madrid desde Valencia. Una nueva rebelión en Barcelona hizo que se le nombrara Gobernador Militar y Comandante General de Barcelona, a cambio de lo cual combatió a los revolucionarios hasta pacificar Cataluña.  En 1860 España tenía 15.674.000 habitantes, de los que el 62’5% seguían dependiendo de las actividades agropecuarias, vinculadas a la climatología, o a la pesca. El inmenso crecimiento demográfico en el reinado de Isabel II debe relacionarse con una mejora de las condiciones sanitarias e higiénicas, pero también con el fin de la sangría que había supuesto la colonización americana en los tres siglos anteriores.

    Prim fue nombrado Marqués de Castillejo y Grande de España de Primera Clase por la batalla del mismo nombre en Marruecos. Otro Grande de España, quizás para hacer notaria la contradicción con su progresismo liberal, le hizo ver que, ya, ambos eran iguales, a lo que le respondió que sería igual que su antecesor, que se hubiera ganado tal título, pero no a él que sólo lo había heredado. Durante su misión de apoderarse de la aduana de Veracruz, junto con Gran Bretaña y Francia, para cobrar la deuda mejicana, que Benito Juárez había aplazado unilateralmente, comprendió el deseo imperialista de Napoleón III, por lo que ordenó la retirada de las tropas, junto con las británicas. La reina estuvo de acuerdo con ello, y los hechos posteriores, incluida la entrada en acción de Estados Unidos, demostraron que su decisión fue acertada. Pero ni el Gobierno ni Serrano, entonces Capitán General de Cuba, estuvieron conformes con su actuación unipersonal, lo que le enemistó definitivamente con O’Donnell, perdiendo la esperanza de una transformación de la situación española por la vía democrática. En septiembre de 1868 el Almirante Topete, instigado por el Duque de Montpensier, sublevó la escuadra anclada en Cádiz, al grito de ¡Viva España con honra! (lo que recuerda la honra sin barcos de 1898 y ¡Viva la República honrada! de Queipo de Llano en 1936) iniciando la llamada “revolución septembrina” o “La Gloriosa”, que también recuerda al “glorioso alzamiento nacional(ista)” de 1936.

    En tierra las tropas gubernamentales fueron derrotadas por el General Serrano –nombrado Duque de la Torre y Grande de España por la dura represión de la sublevación del cuartel de San Gil, instigada por Prim, sólo dos años antesen la batalla del puente de Alcolea la Real, por lo que Isabel II huyó del país separándose de su esposo -antecedente de lo que harían con su nieto, Alfonso XIII- y, en 1870, abdicó en su hijo Alfonso. Nunca se la dejaría residir permanentemente en España, pues ni el General Prim, ni Amadeo I, ni la I República, ni su hijo, ni Cánovas del Castillo lo consideraron conveniente para la estabilidad política de España. Como escribió Pérez Galdós, fue una inmadura, una niña hecha reina prematuramente, a la que no se la dejó hacerse adulta. Prim estaba en el mismo buque que el Almirante Topete durante la rebelión. Tras su desembarco dominó toda la provincia de Cádiz, antecedente de lo que haría Franco, y se dirigió por el litoral sumando provincias a “la gloriosa”, hasta llegar a Barcelona. No se trataba de un simple pronunciamiento militar: se excitaba, y se conseguía, la participación de las masas, a las que les distribuyeron armas, antecedente de lo que ocurriría tras la sedición de los generales de 1936. El proletariado empezaba  a adquirir protagonismo en España. Esto estaba relacionado con un movimiento migratorio desde las ciudades de tamaño medio, antes prósperas por un agricultura hortelana, hacia las grandes ciudades y zonas industrializadas del norte. Un nuevo mundo estaba naciendo. En Figueras se había proclamado la república, por lo que tuvo que empezar a contemporizar con unos y otros, defendiendo el cambio dinástico pero manteniendo la monarquía. Se implantó el sufragio universal para los varones mayores de edad y se convocaron Cortes constituyentes. Estas acordaron mantener la monarquía, pero con un cambio dinástico.

La Constitución de 1869, la primera española auténticamente democrática, proclamaba la soberanía nacional, representada exclusivamente en las Cortes, imponía una absoluta división de poderes, limitaba el regio a la representación institucional y exterior, consolidaba el sufragio universal masculino (con un 80% de analfabetos es difícil entender cómo pudo conseguir mayoría el Partido Progresista: sólo puede explicarlo la politización alcanzada por la criticada vida de Isabel II, los siete cambios de Gobierno ocurridos en sólo dos años, y el paso triunfal de Prim por toda la periferia mediterránea) establecía la libertad de prensa, asociación y reunión, la inviolabilidad de domicilio (algo que en la actualidad no se respeta, gracias a la “guerra a favor del terrorismo”) y correspondencia, y libertad de enseñanza y de culto, aunque el Estado se comprometía a sostener el católico. Se cambia el patrón monetario a la peseta, a los tiempos de José I Bonaparte. Un exponente más, demostrativo de que se estaba produciendo un cambio dinástico, pero también de sistema político, revolucionario, “definitivamente” basado en la democracia. Pero también se trataba de una devaluación encubierta. Se acuñaron en aleación de cobre y plata, como los reales “de vellón”, similares al vellocino o pellejo de oveja, especialmente las rubias de Astrakán, en las que se debe basar el mito griego del vellocino de oro. También, por eso, se las llamaba “rubias”, aunque algunos confundían con el nombre de rupias, la moneda hindú. Por primera vez se adoptó en España el sistema monetario decimal, como había hecho los revolucionarios franceses: se dividió la peseta en cien céntimos. Las monedas fraccionarias se acuñaron en una aleación de aluminio de ínfima calidad. Como figura se utilizaron los leones del Congreso, pero, tan mal hechos, que más parecía perros que leones. Por ello a las monedas de céntimo de las denominó “perros chicos”. A las de 2 céntimos “perro gordo”. A la de 5 céntimos “perra chica”, y a la de 10 “perra gorda”. A las de 5 pesetas de las llamó “duros”, por ser el facial más semejante a los 16 reales.

        De inmediato se comenzó a debatir sobre qué persona debería ser rey de España. Se rechazó a la familia Braganza, que habían perdido el Imperio de Brasil, por su política despótica, contraria a los presupuestos liberales. Las potencias extranjeras volvieron a intervenir, como en el matrimonio de Isabel II. Así se impidió que ninguna dinastía, reinante o no, con aspiraciones al trono de Francia, pudiera ocupar el de España. Esto dejó en la cuneta al Duque de Montpensier, que tanto había contribuido, desde Sevilla, a la caída de su cuñada. Francia, en respuesta, impidió ningún entroncamiento con la británica reina Victoria, como haría Alfonso XIII, Tampoco era un enlace popular en España, ya que, aparte de la alianza durante las guerras napoleónicas, había sido la enemiga tradicional, y se la acusaba de haber propiciado la pérdida de la mayoría de las colonias, y de colaborar con el carlismo, con su larga y cruel guerra y sus múltiples levantamientos posteriores. Entonces el Príncipe Von Bismarck presentó la candidatura de los Hohenzollern. Tal como Bismarck suponía esto exasperó a Napoleón III que, en reciprocidad por haberse rechazado la dinastía bonapartista, de tan amargo recuerdo en España, exigió la retirada de dicha candidatura, que dejaría a Francia, como en tiempo de los Habsburg, aprisionada entre dos aliados por dos fronteras opuestas. Guillermo I lo rechazó en el célebre telegrama de Ems, que Bismarck modificó para que resultara ofensivo, lo que provocó la guerra franco-prusiana de terribles consecuencias. Entre ellas la llegada de la III República francesa, que los prusianos cobraran inmensas indemnizaciones de guerra, preparar las condiciones de venganza para la Gran Guerra Europea, I Mundial, y, tras la reiteración, en sentido contrario, de las indemnizaciones contra Alemania, de la II Guerra Mundial.

   

Como dirigente del Partido Progresista, al vencer en las elecciones de 1869, Prim fue nombrado Presidente del Gobierno. Los Hohenzollern finalmente rechazaron la corona: quizás no cuadraba en sus planes ser deudores del Partido Progresista, de sus espadones militares ni del proletariado que les respaldaba. Prim ofreció la corona a Espartero, Duque de la Victoria (título concedido, junto con el de Grande de España, a Su Alteza Real el Regente por haber derrotado a los carlistas, en cuyo honor se cambió el nombre de la Plaza del Duque de Medinacoeli de Sevilla, frente al palacio ducal, hoy El Corte Inglés; era el mismo título que los carlistas habían dado a Zumalacárregui, al parecer envenenado por sus correligionarios, un cúmulo de envidiosos y arribistas, y que Franco ratificó a sus descendientes, aunque cambiando su denominación a Duque de la Victoria de las Amezcoas, con Grandeza de España) sabiendo que lo rehusaría. Apostó entonces por el Duque de Aosta, bisnieto de Carlos III de España por línea materna, segundo hijo del rey Victor Manuel II de Italia (más exactamente de Cerdeña y el Piamonte)  de la casa de Saboya, ducado que, por cierto, había sido anexionado, junto a la ciudad de Niza, por Napoleón III, en pago de la ayuda prestada durante la primera parte de la unificación italiana. Esta familia real se había distinguido por su capacidad diplomática: aunque no habían ganado una sola batalla, consiguieron que el pequeño reino del Piamonte se aprovechara de los éxitos de Garibaldi, de Napoleón III y de Prusia, anexionándose el reino borbónico de Nápoles (Dos Sicilias) la mayoría de los territorios italianos del poderoso Imperio Austro-Húngaro, los Reinos Pontificios y todos los demás pequeños reinos y principados, unificando Italia. Habían respetado el liberalismo y el parlamentarismo democrático, por lo que consideraba que sería un buen aliado, que facilitaría la estabilidad española y sus relaciones internacionales. Fue una apuesta personal en la que Prim puso en juego todo su prestigio.

   

Cuando Amadeo I, que era masón, con licencia secreta del Papa para simultanear dicha secta con su catolicismo, viajaba hacia España, Prim fue asesinado por una cuadrilla dirigida por el republicano Paúl y Angulo. Hay sospechas de que se trataba, más que de una venganza de los republicanos, que habían fracaso en su pretensión, teniéndola tan cerca, de la del Duque de Montpensier y el General Serrano, pues los asesinos fueron reclutados por personas de confianza de estos. Con Prim terminan 55 años de predominio de los militares con aspiraciones políticas, liberales y antiliberales, y, entre estos, los vergonzosos y posibilistas, que se autotitulaban “moderados”, y los irredentos retrógrados del carlismo. Pero en todos ellos, aparte de su posicionamiento ideológico, se escondían unas inmensas ambiciones de poder y engrandecimiento personal, como queda constancia por los títulos nobiliarios que obtuvieron. Creo que, en el fondo, era la figura de Godoy (ver el artículo anterior “Antecedentes del liberalismo en España”) el objeto de comparación. Habría que esperar 53 años para que Primo de Rivera y Franco recuperasen esta ambición militarista desmedida. Pero entonces no iban a defender el liberalismo, ni a ocultar su conservadurismo bajo el eufemismo de moderantismo: abrazarían sin ningún escrúpulo el fascismo y el nazismo, aunque con sus propias peculiaridades. Al llegar a España Amadeo I se encontró con que su principal valedor había sido asesinado por adversarios políticos, expresamente antimonárquicos, en todo caso antisaboyistas, la Constitución limitaba enormemente su capacidad de decisión y actuación política, en las Cortes eran mayoría los radicales progresistas, aunque la alianza de los demás Partidos tenía fuerza suficiente para impedir la acción de Gobierno, el cumplimiento de su programa electoral, así como un electorado mayoritariamente inculto y radicalizado por los acontecimientos de los últimos años. Amadeo I no hizo el menor esfuerzo por aprender español, lo que le enemistó con el pueblo y la aristocracia.

   

Toda la oposición, desde el carlismo hasta el republicanismo, pasando por los alfonsinos, se unió contra él. No era la primera vez que semejante contradicción se producía en España. Se dice que, paseando en carroza por Madrid, su secretario le señaló la casa de Cervantes, a lo que replicó que algún día se acercaría a verlo, aunque él no hubiese ido a verle. Esta anécdota hizo correr la voz de su incultura, lo que, hasta entonces, no había sido problema para ningún rey de España. Incapaz de comprender las dificultades políticas españolas, solía repetir “Ah, per Bacco, non capisco niente!”. Castelar, en un discurso en las Cortes, le recomendó que se marchara, no fuese a tener el mismo fin que Maximiliano I en Méjico. En España se había desarrollado el anarquismo, fruto de la desesperación del campesinado y del analfabetismo, pues sus fundamentos políticos, basados en el voluntarismo revolucionario, el idealismo de la supresión inmediata del Estado y la abstención electoral, eran mucho más intuitivos que el sesudo marxismo, que implicaba el análisis de la situación política, la evolución económica, social y tecnológica, y las posibilidades de pactos interclasistas. Esto iba a tener una importancia crucial durante los siguientes setenta años. El 19 de julio de 1872 Amadeo I sufrió un intento de asesinato, presumiblemente anarquista. La dispersión electoral y el carácter absolutamente proporcional (al contrario de lo que ocurre en la actualidad) que, democráticamente, la Constitución de 1869 otorgaba a sus resultados, así como el poder que, también democráticamente, otorgaba al Parlamento, obligaba a Gobiernos de coalición. La diferenciación de posturas, en muchos casos irreconciliables (librecambismo frente a proteccionismo, republicanismo frente a monarquismo, centralismo frente a federalismo, etc.) hicieron imposibles tanto las coaliciones como los Gobiernos restringidos, sin sólidos apoyos parlamentarios, que, en realidad, sólo se conseguían para temas muy concretos y de modo efímero.

   

En dos años y pico de reinado se habían sucedido seis gobiernos distintos. El largo episodio de guerra, de diez años de duración, por la declaración de independencia de Cuba, y el comienzo de lo que se conocería como 3ª Guerra Carlista terminaron de colmar su resistencia. El 11 de febrero de 1873 decidió dimitir, sin siquiera abdicar, justificándose en que le era imposible conocer cuál era la verdadera voluntad mayoritaria del país, si es que la había. En el fondo era un reconocimiento a su propia torpeza. Ese mismo día, aprovechándose de la falta de acuerdo entre las distintas facciones monárquicas, cada una con su propio candidato, excepto los amadeístas, que, faltos de uno, sumaron sus votos a los republicanos, proclamaron la I República Española. En Francia había ocurrido igual con las tres primeras repúblicas. En realidad la Historia avanza siempre en base a oportunidades coyunturales que se saben aprovechar convenientemente. Cuando no es así todo termina en fracaso. Pero, como dichas oportunidades no pueden sustituir un apoyo mayoritario, masivo, al final el experimento no termina de cuajar. De inmediato la polémica sobre si la República debía ser unitaria o federal tomó carta de naturaleza. Los federalistas ponían como ejemplo los Estados Unidos de (norte)América, algo fuero de lugar, dada la inmensa dimensión de aquel cuasi subcontinente, así como la dispersión de su capacidad productiva y las múltiples facciones de la burguesía con sus intereses antagónicos.

        En España existían cuatro facciones diferenciadas, con distinto grado de evolución y desarrollo, y localización geográfica. La burguesía industrial se establecía en Cataluña y Madrid, y, en menor medida, en el País Vasco. La agrícola, deudora de las desamortizaciones, ocupaba, fundamentalmente, la meseta castellana, el interior de Andalucía, y Cataluña. La comercial, en declive por la pérdida de las colonias y las políticas proteccionistas, de restricciones arancelarias y aduaneras, ocupaba todo el litoral, especialmente el mediterráneo, más Sevilla, País Vasco y Cantabria. La financiera estaba más relacionada con el comercio (eran Bancos y sociedades de descuento comercial, no de financiación comercial, imitando el modelo inglés, no el alemán) se estableció en Madrid, Cádiz, Jerez de la Frontera, Sevilla, Málaga, Barcelona, Bilbao y Santander. Indudablemente no era un desarrollo que favoreciera el centralismo, pero tampoco podía dar soporte ideológico o intereses económicos al federalismo.

    Entonces ocurrió un fenómeno, algo insospechado, que iba a ser típico de España. Los anarquistas, que se desentendían de las cuestiones políticas, llamaban a la abstención electoral, impidiendo la adecuada representación parlamentaria del proletariado, especialmente el más concienciado, y de origen rural, dificultando el apoyo al progresismo, decidieron apostar por el federalismo. En la concepción simplista de su ideología, pretendían la voluntarista e inmediata disolución del Estado. Tenían como antecedente, sólo un par de años antes, la disolución, por decreto, del Estado francés. No les importaba el final catastrófico, cruel, que había acarreado. Dedujeron que, igual que los anarquistas franceses habían apostado por la Comuna, en especial la de París, debían hacerlo en España por un Estado federal, que era lo más próximo que conocían respecto de la disolución del Estado. No comprendían que también era lo más próximo al mínimo Estado, al menor Estado posible, que pretendían los liberales. Es decir: la dictadura del empresariado. Sólo un Estado fuerte y dominado por los sectores más vanguardistas puede asegurar la protección de los obreros, el apoyo legal que modifique las circunstancias de su explotación laboral. Al menos hasta que se constituyan en clase social dominante, no por su cuantía, como debería ocurrir en cualquier sistema propiamente democrático, sino por la expansión de sus presupuestos ideológicos: empresa pública, planificación económica, control obrero de la producción, salarios y precios, enfoque de la producción hacia la satisfacción de necesidades populares, y no a la consecución de beneficios, la competitividad, la superexplotación, el consumismo, los bienes de lujo y la aniquilación de los recursos naturales disponibles.

    En tales circunstancias los carlistas se sublevaron en el norte, alentando los motines. Es lo que se denomina 3ª Guerra Carlista, aunque ya se puso en duda que la 2ª fuese una auténtica guerra, sino un conjunto de partidas que se dedicaban al bandolerismo más que a otra cosa. El pretendiente al trono (tanto del español como del francés) en esta ocasión era Carlos VII de los carlistas, XI para los legitimistas franceses. Era nieto de Carlos Mª Isidro, y el más inteligente de todos los carlistas. Organizó la Comunión Católica-Monárquica, que actuó como Partido Político legal, admitiendo la representación en el Congreso (que sus antepasados habrían rechazado) logrando 50 diputados y 30 senadores. Cambió la imagen fanática y clerical del carlismo por la defensa de la descentralización y el fuerismo. En realidad era una añagaza para atraerse a los federalistas, puesto que los fueros no eran más que conjuntos de tradiciones y leyes medievales, basadas en el poder de la aristocracia y las municipalidades, absolutamente trasnochados. Para entonces se había elegido como Presidente del Poder Ejecutivo (mezcla de Jefe de Estado y de Gobierno, puesto que aún no se había dado legalidad a la República) al progresista barcelonés Estanislao Figueras, que formó una coalición de progresistas y federalistas. El Ministerio de Gobernación recayó en el barcelonés federalista Pi y Margall, que había colaborado con Prim en la sublevación del cuartel de San Gil, por la que debió exiliarse. En Francia trabó amistad con Proudhon, un comunista utópico (es decir, revolucionario, pero no marxista) que acabaría convirtiéndose en padre del anarquismo francés.

    Al hacerse cargo del Ministerio emitió una circular en la que recalcaba que la República había llegado de forma pacífica, al contrario de los vaticinios catastrofistas que se hacía, y que todas las fuerzas del orden debían colaborar en que continuara igual, respetando todos los derechos de los ciudadanos. Tan bellas palabras no podían sino ser interpretadas como la autorización para acabar con la República, por cualquier medio, sin temor a ninguna represalia. El 23 de febrero el radical Cristino Martos, entonces Ministro de Gracia y Justicia, intentó un golpe de Estado a favor de la República centralista, utilizando a la Guardia Civil para ocupar el Ministerio de Gobernación, y a la Milicia Nacional para tomar el Congreso. La reacción no fue muy adecuada, pues, para asegurarse el federalismo, se sustituyeron a los Ministros progresistas por otros que apoyaban tal opción. Cesó el servicio militar obligatorio, aprobándose que cada soldado cobraría una peseta y un chusco diario, más una milicia de voluntarios de la República, que cobrarían 50 pesetas al alistarse, más dos pesetas diarias y un chusco. Era una medida poco apropiada para la situación de guerra que se atravesaba. Un antecedente de lo que iba a ocurrir en 1936. El 9 de marzo se proclama el Estat Català dentro de la República Federal, antecedente de lo que ocurriría en 1934, que logró sofocarse mediante comunicación telegráfica con dirigentes catalanes. El 23 de abril Cristino Martos y los alfonsistas, sobretodo militares, intentaron otro golpe de Estado, esta vez con el auxilio del Gobernador Civil de Madrid, el Partido Progresista de Sagasta y miembros de la Unión Liberal. Sin embargo el Ministro de Gobernación consiguió sofocarlo.

    El 10 de mayo se convocaron Cortes constituyentes para dar forma a la República. No se presentaron a ellas ni los alfonsistas ni los republicanos unitarios. Pero tampoco los anarquistas. Los federalistas obtuvieron 343 escaños frente a 31 del resto de Partidos Políticos. Los derrotados no reconocieron tal resultado electoral. Algo semejante a lo que actualmente hacen los pepero-populistas. Las demoras en los debates parlamentarios exasperaron a los anarquistas, partidarios siempre del voluntarismo y la acción directa. Pero las circunstancias habían cambiado. Ahora no se trataba de apoyar a los liberales en su visión de unos Estados Unidos a la europea. Ya que los liberales estaban debatiendo el federalismo decidieron dar un paso más, y apostaron por el confederalismo, tomando como modela la Confederación Helvética (es decir, Suiza) o la derrotada Confederación de Estados de América. Así que decidieron constituirse directamente en cantones independientes. Aunque Figueras intentó mantenerse como Presidente, los resultados electorales y la falta de apoyo de su propio Partido, que había decidido no presentarse a las elecciones, no le dejó otra opción que abandonar. El 11 de junio le sustituyó Pi y Margall.

    Su programa de Gobierno incluía el reparto de tierras entre arrendatarios, colonos y aparceros, el restablecimiento del ejército regular, con reclutas obligatorias, la separación de la Iglesia y el Estado, como imponía la Constitución de 1869, la abolición de la esclavitud (en realidad era una exigencia de Estados Unidos, tras la derrota sudista; ya en 1817 España había firmado un Tratado con Gran Bretaña para abolir la esclavitud, pero Fernando VII se negó a sancionarlo, a promulgarlo; este mero programa de Gobierno desató entre los hacendados cubanos, cuyo segundo negocio era el tráfico ilegal de esclavos con los terratenientes sudistas, ya prohibido por la Unión, victoriosa de la secesión confederada, el segundo episodio de la guerra de independencia de Cuba; sólo el General Prim se había atrevido a abolir el tráfico de esclavos, pero no la esclavitud en sí misma, tratando de contentar a unos y a otros) la enseñanza obligatoria y gratuita, la limitación del trabajo infantil, el derecho a la sindicación obrera y la jornada de trabajo de 8 horas ¿Era demencial tal programa de Gobierno? En aquella época sí. Aún conserva Pi y Margall una glorieta a su nombre, que posiblemente no signifique nada para quienes den con ella en la actualidad, en el sevillano Parque de Mª Luisa, frente al pabellón de Guatemala de la Exposición Iberoamericana de 1929, aledaño a la Plaza de los Marineros Voluntarios, nombre engañoso que hace alusión a los marinos mercantes obligados por Franco, en cuanto tocaban puerto, a sumarse a la marina de guerra de los sediciosos nacionalistas, bajo amenaza de fusilamiento inmediato si se resistían a su enrolamiento “voluntario”. Incoherente con semejante homenaje, más como literato y filósofo que como político, el 30 de junio el Ayuntamiento de Sevilla se proclamó República Social.

    El 7 de julio los anarquistas iniciaron una huelga general revolucionariaen Alcoy, que terminó con asesinatos y ajustes de cuenta entre revolucionarios y patronos. El movimiento cantonalista, incluyendo huelgas generales y asesinatos de oficiales y alcaldes, hasta sumar un centenar de muertos. se extendió por Levante y Andalucía, sobrepasando el ámbito regional para llegar al provincial, como en Valencia y Málaga, o al comarcal, o incluso al local, como los cantones independientes de Cartagena, Alcoy, Sevilla, Cádiz, Almansa, Torrevieja, Castellón, Granada, Salamanca, Bailén, Andujar, Tarifa, Algeciras, Jumilla o Camuñas. La nación jumillana proclamó su deseo de vivir en paz con las demás naciones vecinas, en especial con la de Murcia, pero que si esta se excedía de sus límites amenazaba con tomar su “justísimo desquite”, como los héroes del 2 de Mayo, llegando hasta ella, para no dejar piedra sobre piedra. Demostración irrefutable de que la mágica palabra “nación” no asegura, por sí misma, la desaparición de las guerras o la violencia, ni calma ni colma las ambiciones ni los separatismos. El cantón de Cartagena acuñó moneda, el duro cantonal, y se apoderó de la Armada, enviándola a recaudar fondos a “potencias extranjeras”, es decir, Almería y Alicante. Al negarse estas se las bombardeó, desembarcaron sus tropas y se tomaron el botín directamente. Al volver a puerto les esperaban una fragata acorazada británica y otra alemana, que atraparon la flota, declarada pirata por el Gobierno de la República. Según Castelar, incluso los funcionarios del Ministerio de la Guerra notificaban a las Cortes que habían asumido todos los poderes. Jaén declaró la guerra a Granada. La bondad de Pi y Margall le llevaba a pedir paciencia con el cantonalismo.

    Mientras, los carlistas, apoyados por la República Francesa, que les permitía recibir armamento por sus fronteras, habían constituido un Gobierno, emitían su propia moneda y extendía sus partidas pseudobandoleras por toda la zona peninsular de la República. De esta forma, el 18 de julio, Pi y Margall no tuvo otra opción que dimitir. Realizadas nuevas elecciones volvieron a ganar los federalistas, bajo la dirección de Salmerón, más moderado que Pi y Margall. Mantuvo a los mismos Ministros. La magnífica gestión económica de aquél había acumulado grandes reservas, a pesar del cantonalismo y la guerra carlista. Salmerón no encontró apoyo en el ejército para reprimir el cantonalismo, de forma que tuvo que hacer uso de los Generales Pavía y Martínez Campos, a sabiendas de que eran contrarios a la República Federal. En poco tiempo hicieron su labor: sólo Cartagena resistiría hasta el siguiente 12 de enero. Salmerón había defendido la abolición de la pena de muerte como Ministro de Gracia y Justicia de Figueras. Así que, cuando el 5 de septiembre le pasaron varias sentencias de muertes a soldados desertores contra el carlismo, para que las ratificara, dimitió alegando problemas de conciencia. Le sustituyó Castelar, republicano unitario ¿Qué había cambiado? Tal vez la sensación de fracaso, la catástrofe que había supuesto el cantonalismo, el miedo a que tales circunstancias acabaran con la República, o el éxito de los militares antifederalistas. Castelar consiguió poderes extraordinarios de las Cortes para aumentar el ejército, la Guardia Civil y los carabineros, restableciendo así la obediencia al Gobierno. Tras lograrlo, dado que los federalistas seguían siendo mayoritarios, disolvió las Cortes y firmó las sentencias de muerte que había rechazado Salmerón.

    Considerando que la mejora de la situación no había sido suficiente (a estas alturas sólo Estados Unidos de América, la Confederación Helvética, o sea, Suiza, y dos repúblicas hispanoamericanas habían reconocido a la República Española) volvió a convocar a las Cortes para el 2 de enero, para pedir plenos poderes. Era previo la votación de la gestión gubernamental durante el tiempo en que las Cortes habían estado disueltas, situación que no había gustado en absoluto a los defensores del control democrático parlamentario. Comprendiendo lo que iba a ocurrir, Pavía, el Capitán General de Madrid, compañero de Prim en la sublevación de Villarejo de Salvanés, rodeó las Cortes con sus tropas, no se sabe si de acuerdo con Castelar. La Guardia Civil que custodiaba el edificio se puso a sus órdenes y ocupó los pasillos comunicando que Pavía ordenaba la disolución de la Cámara. Pero era tarde: Castelar había perdido la votación y dimitido. Los congresistas abandonaron precipitadamente la sesión, algunos por las ventanas. Pavía propuso a Castelar que continuara como Presidente, pero éste rehusó, considerando que era un procedimiento antidemocrático. Así que se entregó la presidencia al General Serrano, Duque de la Torre. Este constituyó un Gobierno de concentración excluyendo a los federalistas, con monárquicos, conservadores y republicanos unitarios, y prescindiendo de las Cortes, siguiendo el ejemplo del régimen transitorio de Francia tras la derrota de la Comuna. El 12 de enero se sometió Cartagena. Su cabecilla marchó al exilio, pero la amnistía de la restauración borbónica le permitió volver. Serrano delegó el Gobierno a Zabala de la Puente, y, más tarde a Sagasta, mientras él tomaba el mando directo de las tropas contra los carlistas, cosechando continuados progresos.

    Mientras tanto, Cánovas del Castillo, en labor de zapa, persuadía a unos y otros del retorno a la monarquía, sin que Sagasta ni la República tomasen ninguna medida para evitarlo. El 29 de diciembre, con las tropas republicanas concentradas en el sitio de Pamplona, el General Martínez Campos se sublevó en Sagunto, restaurando la dinastía borbónica, pero no a la reina, sino a su hijo, Alfonso XII, en quien aquella había abdicado. La I República había tenido nueve Gobiernos en menos de dos años. Serrano aceptó dicha coronación ¿Influiría en ello que, como se decía, era el padre del nuevo rey? Los historiadores asumen que lo hizo para perpetuarse en el poder, como jefe del Partido Conservador. Sin embargo tanto Alfonso XII como su mentor, Cánovas del Castillo, prefirieron a Sagasta como opción de recambio, tal vez para conseguir el apoyo de los liberales, o quizás para que Serrano no entrase en competencia con Cánovas, con similar posicionamiento ideológica. Así que, desairado, en 1881 decidió escindirse del Partido, creando Izquierda Dinástica.

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