Carlismo contra liberalismo

 

            Continuando con el anterior artículo “Constitucionalismo y anticonstitucionalis­mo en España”, hay que explicar que la llamada “ley sálica”, una especie de código de los salios, el único que hizo una tribu franca, no ha llegado hasta nuestros días, y nada hace pensar que entre sus normas se incluyese la prohibición de las mujeres a acceder al trono. De hecho varias mujeres francesas, como Leonor de Aquitania, habían heredado títulos nobiliarios, como dicho Ducado de Aquitania, en aquel tiempo más poderoso que el reino de Francia. Pero resulta que todos los reyes francos habían sido varones. Esto se explica porque, en aquella época, la monarquía era electiva: a la muerte de un rey los señores de la guerra se reunían y nombraban a su sucesor. Por entonces el rey era el jefe del ejército, no un cargo político, igual que ocurría entre los vikingos (el origen de dicha palabra parece ser wittikings, que podría significar “los sin reyes”, porque sólo los elegían para las campañas bélicas, durante los veranos) de modo que era lógico que los militares, todos hombres, eligieran a un hombre, a un militar, con experiencia bélica y con probados triunfos en múltiples combates. En 1317 murió Juan I de Francia, con sólo una semana de edad. Debería sucederle su madre, Constancia de Hungría, viuda de Luis X “El Obstinado”, o su hermanastra Jeanne, que ya anteriormente había sido excluida del trono porque su madre, Margarita de Borgoña, había sido acusada por su esposo, el citado Luis X, como adúltera, condenada y muerta en la cárcel. Así que fue coronado Felipe V “El Largo”, hermano de Luis X. Este inmediatamente convocó a la nobleza y al clero para que proclamasen que ninguna mujer podía ser reina de Francia.

Si no hubieran aprobado tal propuesta debían haber coronado a Jeanne, de la que se sospechaba que no era hija de Luis X o a Constancia de Hungría. Ambas podrían casarse, y nadie sabía quién pudiera llegar a ser su marido, el auténtico rey de Francia, como Enrique II, el esposo de Leonor, había sido el auténtico Duque de Aquitania, aunque careciese de ningún derecho a tal título, salvo el de ser consorte, es decir “con (la misma) suerte”, “consorcio”. Fue en tiempos posteriores cuando se trató de explicarlo como una norma de la tribu salia, los primeros francos que invadieron la Galia romana en el siglo V. De forma que la llamada “ley sálica”, que prohibía a las mujeres reinar, era una falacia. Quizás por ello, en 1789, Carlos IV, bajo el Gobierno del Conde de Floridablanca, hizo que las Cortes abolieran el Auto acordado de 1713. Pero no llegó a promulgarse para no provocar enemistad con los borbones franceses, entonces en dificultad por la situación pre-revolucionaria por lo que atravesaban. Fernando VII había tenido tres esposas y ningún hijo. Se sospecha que era estéril. En 1829, con 45 años, se casó con su sobrina Mª Cristina de Borbón-Dos Sicilias, hija del rey Francisco I de Dos Sicilias (es decir, Nápoles y Sicilia) aparentemente liberal, vinculado con los hechos revolucionarios de 1820, aunque, tras ser coronado, pasó toda su vida encerrado, temiendo que lo asesinaran. Todo esto puede ser significativo respecto del derrotero que iba a tomar la monarquía española en los años siguientes.

En 1824, a la muerte de Luis XVIII de Francia, le había sucedido Carlos X, que pretendía retornar completamente a la época despótica. Así que promulgó una ley que compensaba a la nobleza por las expropiaciones revolucionarias, a cargo de sus actuales propietarios. Comoquiera que estos constituían la alta burguesía, que controlaba el voto censitario, se encontró con que el poder legislativo se volvió en su contra, por lo que debió disolverlo y convocar sucesivamente tres elecciones en 1829 y 1830, endureciendo cada vez más la censura y la legislación electoral para conseguir sus propósitos. Esto demostraba que nada podía volver a ser como antes: lo que obtuvo fue la denominada “Revolución de Julio”. Con todo ello Austria comenzó a encontrar dificultades para imponer su política. Gran Bretaña comenzó a intervenir en el Continente, en especial impidiendo una guerra contra la independizada Bélgica. Prusia entraba en competencia por el predominio en Alemania, y Rusia por el de los Balcanes, de forma que la Santa Alianza desapareció. En tales circunstancias, Fernando VII no podía contar con los apoyos  a los que debía su vuelta al absolutismo. De modo que promulgó en 1830 la Pragmática Sanción (ley de prerrogativa real, sin necesidad de aprobación en las Cortes) que ponía en vigor la anulación del Auto acordado de 1713. Poco después nació la que sería Isabel II, que se sospecha que no era hija del rey. Su madre, viuda de Fernando VII en 1833, se casó muy poco después con Agustín Fernando Muñoz y Sánchez, palafrenero de palacio, posteriormente intitulado Marqués de Rianxares, en matrimonio morganático (del alemán morgangeba o “dádiva de la mañana” o dote pagada tras consumarse el matrimonio, por la que las mujeres plebeyas deseaban casarse con nobles acaudalados) del que tuvo siete hijos.

Un indicio más de que Isabel II no era realmente descendiente de Fernando VII. Los Carlistas le cantaban a la regente:

                                                                           Lamentaban los liberales

                                                               que la reina no paría,

                                                               y ha parido más muñoces

                                                               que liberales había  

La Pragmática Sanción mencionada, pero, sobretodo, el nacimiento de la Infan­ta, enfureció a los carlistas, partidarios de que el heredero legítimo era el hermano del rey,  así que comenzaron abiertamente a conspirar. Son curiosas las contradicciones d la Historia: precisamente esto fue lo que llevó al absolutista y antiliberal Fernando VII, en los últimos años de su vida, a buscar el apoyo de los mismos liberales a los que había perseguido. Puede que en esto influyera la reina, dados sus antecedentes familiares. La “Revolución de Julio” derrocó a Carlos X, llevando al trono de Francia a Luis Felipe, hijo del Duque de Orleáns, que cambió su nombre por Felipe “Igualdad” durante la Revolución Francesa, y cuyo voto fue uno de los decisivos para aprobar el guillotinamiento de Luis XVI y consolidar la I República de Francia. Luis Felipe parecía seguir los pasos de su padre, al cambiar su título por el de Rey de los Franceses, lo que podía interpretarse como que debía su designación a los representantes de la Nación, que le habían votado. Sin embargo, buscando consolidar su apoyo en la alta burguesía, la que había derribado a Carlos X y a la que debía su nombramiento, se desentendió de las condiciones de los trabajadores. Pero los tiempos habían cambiado: ahora fueron estos los que se rebelaron en 1831, lo que repetirían en 1834, de modo que Luis Felipe volvió a la censura y represión de Carlos X. Con todo ello los absolutistas podían contar de nuevo con el apoyo francés. Así, durante una grave enfermedad de Fernando VII, en 1832, los carlistas le convencieron, bajo amenaza de guerra civil,  para que firmase un decreto que derogaba la Pragmática que había puesto en vigor la anulación del Auto acordado de 1713, por el que se instauraba en España la llamada “ley sálica”.

Quizás le hicieran ver la sospecha de que la Infanta Isabel, heredera en base a tal Pragmática, no fuese auténticamente hija suya. Sin embargo el rey mejoró de salud, y el Primer Ministro, Francisco Cea Bermúdez, le convenció para poner de nuevo en vigor la Pragmática que había anulado mediante decreto. Tal vez le argumentaron que, con dicho decreto, estaba haciendo públicas las dudas sobre su paternidad. Pocos meses después, en 1833, murió Fernando VII, a los 49 años de edad. La enfermedad del rey tras, su oportuna recuperación y su conveniente muerte, hacen sospechar que fuese envenenado por los liberales. Quizás por la propia reina. Con ello se impedía que nadie pudiese reinstaurar la “ley de los salios”. De inmediato los carlistas iniciaron una guerra civil para conseguir el trono para su pretendiente. Era la vuelta a la Edad Media, a las guerras dinásticas, algo que, en el resto de Europa, había sido superado por el parlamentarismo, y su capacidad decisoria en caso de dudas de legitimidad. Durante la guerra los carlistas contaron con el apoyo de Portugal, debido tanto a lo retrógrado y despótico de su dinastía reinante como al odio respecto de España y su deseo de venganza, y posible recuperación, por la pérdida de Olivenza y la orilla derecha del Guadiana, y la colaboración española con la invasión napoleónica. Todo esto confirmó aún más la necesidad de la reina regente de aliarse con los liberales. Así se consiguió una amnistía general para los “afrancesados”, que pudieron salir de la cárcel o volver a España. Se reabrieron universidades, se creó un Ministerio de Fomento para reformar las infraes­truc­tu­ras y se dividió España en provincias.

En 1834, el Jefe del Gobierno,

Martínez de la Rosa, retornado del exilio, consiguió de la regente un Estatuto Real que restablecía el mismo sistema representativo de las Cortes de Cádiz, mediante democracia censitaria (véase, al principio de este “blog”, el artículo “Pero… ¿qué democracia?”) como se establecía en el resto de Europa. España tenía entonces 13.380.000 habitantes. Quizás debido a la guerra una epidemia de cólera se extendió por toda España, especialmente por el sur, lógicamente, debido a su climatología. Pero se corrió la voz de que la Iglesia, que apoyaba a los carlistas, había envenenado los pozos y canales de abastecimiento de aguas, lo que produjo asaltos a iglesias y conventos: un antecedente de lo que iba a ser iterativo durante más de un siglo. Un amotinamiento popular acabó, definitivamente, con la Inquisición española, quemando sus archivos, con lo que se perdieron datos que servirían para un mejor estudio crítico: un antecedente de una reiterada conducta durante más de un siglo. Los que quedaron disponibles se agruparon en el Archivo Histórico Nacional de Simancas, donde se hizo desaparecer la gran mayoría de ellos. La regente nombró Jefe de Gobierno a José Mª Queipo de Llano, pero repetidas insurrecciones populares y la creación de Juntas Revolucionarias, similares a las surgidas durante la guerra napoleónica, que llegaron a tomar el control de varias provincias, le obligaron a dimitir. Muerto Zumalacárregui en el sitio de Bilbao –muestra de la división del País Vasco entre aldeanos nostálgicos del despotismo y fuerismo del pasado, y la población progresista afincada en las grandes ciudades, relacionada con el comercio ultramarino y el trabajo fabril- en 1835, los carlistas quedaron a expensas de ineptos, empezaron a perder terreno, aunque en 1837 estuvieron a punto de entrar en Madrid, a agotar sus recursos y, con todo ello, el crédito para conseguir ayudas del extranjero.

En 1835 la Hacienda del Estado estaba exhausta, debido a la guerra civil, por lo que Alvarez Mendizábal, entonces Jefe del Gobierno, suprimió todas las órdenes religiosas que no se dedicaran a la beneficencia, sacando a subasta todos sus bienes en grandes lotes. Es lo que se conoce como primera “desamortización” (expropiación de bienes en “manos muertas” o en producción mortecina) eclesiástica. El antecedente de ello hay que buscarlo en el análisis enciclopedista sobre el mayor desarrollo económico de los países con Iglesia Reformada (“protestantes”) sobre los católicos. Entre las diferentes respuestas estaba la expropiación de bienes eclesiásticos durante las guerras religiosas. La desaparición de las órdenes monásticas, con su ejército de apartados del mundo, que comían a costa de los impuestos de la Iglesia Católica: los diezmos, o diez por ciento de todo lo que se producía, y primicias, o primer día de cosecha, primer parto o primer producto vendido cada año. La inexistencia de dichos impuestos en la Iglesia Reformada, cuya subsistencia, en la mayoría de los casos, debía basarse en los donativos de sus seguidores. La inexistencia o existencia mínima de jerarquías eclesiásticas y, en todo caso, la pobreza como ejemplo evangélico, la huida del lujo, del oro de los altares y la megalomanía de los templos católicos. La concepción del interés como usura, como actividad judaica: se aceptaba el alquiler o renta de la tierra, puesto que producía cosechas, o del ganado, que paría, pero no del dinero, que no producía ni paría nada. Era la incomprensión del valor de cambio del dinero, que puede acumularse en capital, sustituyendo y representando cualquier bien productivo. La visión del trabajo como un castigo divino, impropio de los estamentos elevados, sino sólo del pueblo vil, constituyendo la oración, la penitencia y el perdón sacerdotal la única forma de santificación.

 

En cambio la Iglesia Reformada alentaba el trabajo para todas las clases sociales, como forma de santificación, expiación de los pecados, individualmente, sin intromisión de intermediarios eclesiásticos, y forma de consecución de la humildad evangélica, de luchar contra la soberbia y la avaricia. Esto único desde luego que no lo consiguieron. La Iglesia Católica consideraba el comercio como un trabajo, por lo que también lo despreciaban. Más aún, puesto que se basaba en la especulación, la acaparamiento, que consideraban una forma encubierta de usura. No es extraño que el comercio con las Indias estuviese en manos de extranjeros, excluidos del ámbito del Santo Oficio de la Inquisición de Herejes. Para ser “asentador de Indias” se exigía tener “solar conocido” (que pudiese ser embargado en caso de condena judicial) en el Reino de Sevilla. Los terrenos de menor precio eran los “cabezos” calizos de Jerez, impropios para la agricultura. Fueron estos los que compraron los “asentadores” extranjeros. Descubrieron que eran el mejor terreno para la viticultura y elaboraron vinos al gusto inglés, secos y de alta graduación, impropios para el consumo en la climatología andaluza y la cultura heredada del mahometanismo. No es extraño que sus apellidos sean foráneos: Terry, Byass, Domecq, Osborne, Sandeman, etc.. Por último, la Revolución Francesa expropió los bienes de la aristocracia emigrada y, después, de la Iglesia Católica, que se les oponían. Con ello consiguieron sufragar las guerras contra los ejércitos reaccionarios, antirrevolucionarios, y crear una clase media agrícola que aún tiene un inmenso poder electoral en Francia, obligando a la Unión Europea a mantenerles subvenciones que, con iguales requisitos, se niegan a los españoles y otros países consocios. En España las cosas no se hicieron así. No se hicieron bien. Fue la alta burguesía la que consiguióLa alta burguesía consiguió, de tal modo, extensísimas posesiones a precios irrisorios.

 

Al convertirse en nuevos latifundistas, además de su integración en los negocios bancarios, se fue formando una nueva facción más cercana al conservadu­ris­mo y proclive a pactar con la aristocracia, con la que compartía iguales sectores pro­duc­ti­vos, que se denominaron moderados. Por el contrario, tras dicha escisión ideológica, se formó un liberalismo radicalizado, que cifraba sus esperanzas en la insurrección o la extensión del sufragio, disminuyendo el límite impositivo para ser integrado en el censo electoral. Una explicación más detallada se puede encontrar en el artículo “Pero… ¿qué democracia?” al principio de este mismo “blog”. Por otro lado la Iglesia no explotaba directamente sus propiedades (por eso se decía que eran “manos muertas” o producción “mortecina”) sino que las arrendaba en pequeñas parcelas o colonatos, a largo plazo, con renovación automática y hereditaria, lo que supuso un innúmero de pequeños agricultores expropiados de sus tierras tradicionales. El nuevo sistema productivo implantado fue el cerealístico, el más rentable para las grandes extensiones, lo que los condenó al trabajo a jornal, sólo durante la siembra y la cosecha, y al desempleo, la miseria, la vagancia, la humillación y el hambre el resto del año. Una nueva facción social surgía en el campo, enemiga mortal del liberalismo y sus consecuencias. A veces militaría en ideologías ultraconservadoras, como el carlismo en España. A veces en otras ultraizquierdistas, como el anarquismo. Pero siempre violentas. En toda Europa ocurrió casi igual, excepto que, en España, la insurrección fue generalmente militarista, no popular, y que el sector bancario tuvo menor importancia y amplitud, por lo que los pactos con la aristocracia, típicos de dicho sector, fueron más difíciles. Quizás alarmados por el avance carlista hacia Madrid, Mendizábal pactó la conversión de las Juntas Revolucionarias en Diputaciones Provinciales.

 

Dominada la situación, la regente, contraria a la desamortización, destituyó a Mendizábal y comenzó a pactar con los moderados. Esto produjo el motín en 1836 de los sargentos de la Granja de San Ildefonso, que consiguió que se reinstaurase la Constitución de 1812. Un nuevo Gobierno aprobó la primera Ley española que reconocía la libertad de imprenta. Con Mendizábal como Ministro de Hacienda se concluyó la desamortización eclesiástica y se suprimió el “diezmo”, impuesto abusivo del 10% de todo los que se producía (“en cascada”, es decir, que se volvió a cobrar dicho impuesto sobre los impuestos y cantidades anteriores, a cada transacción comercial o proceso productivo) que cobraba la Iglesia. Sin embargo la situación había cambiado desde 1812, y dicha Constitución ya no satisfacía las aspiraciones liberales, ni de radicales ni de moderados, por lo que

se promulgó una nueva Constitución en 1837. Fue una Constitución de consenso entre radicales y moderados. Se reconocía capacidad legislativa tanto al rey, al que se conferían numerosas prerrogativas, como a las Cortes, que se establecía en un sistema bicameral, de Congreso de los Diputados y Senado, de los que se eliminaba cualquier carácter estamental, aumentando el sufragio censitario, hasta llegar a ser de un voto por cada 58 españoles, aproximadamente, reconociendo la libertad de prensa  y recopilando los derechos individuales, que en la Constitución de 1812 estaban dispersos en distintos títulos.  Una serie de gobiernos moderados trataron de conseguir la aproximación al Vaticano y una Ley que permitiera la intervención estatal en los ayuntamientos. Tales hechos desagradaron a la población, lo que, junto a los éxitos del General Espartero, provocaron el triunfo de los radicales en las elecciones de julio de 1839 en Madrid y el sur peninsular.

 

En dicho año se produjo el Pacto de Vergara o Convenio de Oñate, sin contar con delegación de facultades para ello, los Generales carlista Morato, y liberal, Espartero, el fin de la guerra, con el abrazo de ambos. Tal pacto suponía amnistiar a los carlistas de los crueles asesinatos terroristas cometidos y los bombardeos de la población civil, y admitirlos como un partido político, que podía seguir actuando y defendiendo sus pretensiones dentro del orden constitucional. Un antecedente de la impunidad con que pensaban actuar la extrema derecha y los nacionalismos más retrógrados en el futuro en España. También se acordó incorporar al ejército nacional todos los grados militares concedidos por los carlistas. Así dicha guerra civil no sólo no sirvió para consolidar el predominio militar de los liberales, sino que volvió a dejar la herencia de un ejército dividido por dos ideologías que se demostraría que eran irreconciliables, y que pretendían imponer, sucesivamente, sus concepciones del Estado, cuando los sufragios no les fueran favorables. Ante tal cúmulo de acontecimientos la regente pactó con Espartero, que había recibido el título de Príncipe de Vergara, su nombramiento como Jefe del Gobierno. Este puso como condiciones la disolución de las Cortes y la independencia municipal respecto del Gobierno. La regente aceptó tales condiciones, nombrando por primera vez en la Historia de España a un militar profesional (no un aristócrata con cargo militar) como Jefe del Gobierno. Pero, quizás presionada por los moderados, aprobó la Ley sobre el gobierno municipal, considerando que Espartero no tendría más remedio que aceptar el hecho consumado, si pretendía ejercer como Jefe del Gobierno.

 

Pero no fue así, sino que dimitió, lo que produjo toda una serie de levantamientos populares en Barcelona y Andalucía que llevaron a la regente al exilio, y a Espartero, no sólo a Jefe del Gobierno, sino a convertirse en regente. Bajo el patrocinio del nuevo Partido Progresista abolió los mayorazgos, es decir, bienes vinculados a los títulos nobiliarios, lo que suponía su libertad de venta. Impuso el librecambismo y organizó una Milicia Nacional para eludir la ascendencia aristocrática en el ejército. Se creó un Partido Democrático que exigía el sufragio universal masculino, la legalización de las organizaciones obreras y el reparto de tierra entre los campesinos. De él se desgajó el Partido Republicano. Los moderados temían que la ascendencia de Espartero sobre los militares, junto con tal acaparamiento de poderes, le llevara a una dictadura de hecho, por lo que propusieron una regencia colegiada, compuesta por tres personas. Se produjo así la confrontación entre unitarios y trinitarios, que llegaría a los pronunciamientos militares, como el del “moderado” General O’Donnell, en 1841. En 1842, enfrentamientos entre librecambistas y proteccionistas del comercio en Barcelona acabaron asaltando la ciudadela, a lo que se respondió con el bombardeo de la ciudad. Como consecuencia Espartero perdió las elecciones de 1843, por lo que las impugnó. Es lo mismo que había hecho Carlos X en Francia y le costó la corona. Esto supuso la alianza de moderados y liberales en Andalucía para acabar con lo que se configuraba como una dictadura personalista, que se extendió a Galicia, Cataluña, Zaragoza y Valencia. La exiliada reina madre estimuló activamente el levantamiento, antecedente de la repetida conducta de la dinastía borbónica. En otros países semejantes hechos se habían evitado decapitando a los reyes derrocados. Ante el avance de los Generales O’Donnell y Narváez, que derrotó a Espartero en Torrejón de Ardoz, éste éste huyó a Londres.

 

Se reconoció la mayoría de edad de Isabel II, de sólo 13 años, que nombró Jefe del Gobierno a González Bravo. Este  restableció la abolida legislación municipal de 1840 y sentó las bases para la creación de un nuevo cuerpo militar, en reacción a la Milicia Nacional, que sería la Guardia Civil. Se implantó el proteccionismo industrial para impedir que la industria británica acaparase el mercado nacional. Coherente con ello fue el proteccionismo comercial, que perjudicaba a los progresistas, y el agrícola, que beneficiaba a los grandes latifundistas castellanos y andaluces, suportes del reaccionarismo autodenominado “moderado”. Todo esto produjo un periodo de prosperidad, especialmente para las facciones oligárquicas soportes del Gobierno. Narváez sustituyó a González Bravo. Su Ministro de Hacienda, Alejandro Mon, reformó el galimatías de impuestos del Antiguo Régimen, dejándolos en sólo cuatro. Creó la Guardia Civil, para proteger las grandes haciendas latifundistas y someter a los campesinos disconformes o revolucionarios. El Estado asumió las competencias en instrucción pública. Cesó la desamortización y venta de bienes del clero. Realizó una centralización administrativa, al estilo francés. Acabó con los jurados en los juicios por “delitos de imprenta”, restringiendo con ello la propagación del progresismo. Hizo aprobar una nueva Constitución en 1845 que compartía la soberanía nacional entre el rey y las Cortes, a las que se denominaban “cuerpos colegisladores”, restringiendo el derecho de sufragio. Dejaba sin límite el número de senadores, nombrados directamente por el rey. En muchas ocasiones Isabel II los utilizaría para apoyar sus gobiernos, mientras el Congreso estaba disuelto o pendiente de una elección. Reconocía a los antiguos fueros, y obligaba a concordar con ellos las libertades y necesidades de la época.

 

España tenía entonces más de 15 millones de habitantes, de los cuales un cuarto de millón eran pobres de solemnidad, dos millones eran jornaleros del campo, pero una cifra muy superior padecía escasez y privaciones. El centro cerealista se empobrecía paulatinamente, mientras la industrialización y el comercio ultramarino, con todas sus restricciones, enriquecía a la periferia, profundizando en la asimetría de la dos españas, con peligrosas consecuencias políticas. Con 16 años se forzó el matrimonio de la reina con su primo, Francisco de Asís de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, Duque de Cádiz -hijo del Infante Francisco de Paula, que, según informó Fernando VII, padre de la reina, al suyo, Carlos IV, no era hijo de éste, sino de Godoy- y Luisa Carlota, Princesa de Dos Sicilias, ambos tíos de Isabel II, precisamente porque era un hombre apocado, por lo que suponían que no interferiría en la política. También influyeron en la elección las potencias extranjeras, que se vetaron mutuamente nuevas uniones con la casa reinante francesa o austriaca, entre otras. Fue un antecedente que iba a repetirse a la sustitución de la dinastía borbónica, con catastróficas consecuencias para Europa. Muchos historiadores afirman que era homosexual. Unos pocos apuntan que era bisexual. Se dice que tenía la costumbre de orinar en cuclillas. Según comentó Isabel II a Pérez Galdós en 1902, odiaba a su marido, que llevaba en el camisón más encajes que ella. Al mismo tiempo que se casaba la reina lo hizo su hermana María Luisa Fernanda (la que legó el Parque de María Luisa a Sevilla) con Antonio de Orleáns, Duque de Montpensier, hijo de Luis Felipe de Francia,  quizás como consuelo al habérsele impedido el matrimonio con la reina. Este, tras el derrocamiento de su padre, comenzaría a intrigar para hacerse con la corona española y, de este modo, conseguir recursos para recuperar la francesa.

 

La implantación del ferrocarril apoyó la prosperidad económica, favoreciendo la industrialización del norte para fabricar los raíles, y la consiguiente activación de las minas de carbón asturianas. Por el contrario se impidió, durante mucho tiempo, que el ferrocarril llegara a Sevilla o a Málaga, consiguiendo que sus altos hornos, los primeros de España, que funcionaban con el más eficiente y barato carbón inglés, prohibido o encarecido por las leyes proteccionistas, quebrasen, al no poder suministrarse de combustible en condiciones similares a las de la industria vasca. Con ello se infería un nuevo golpe al progresismo. Poco a poco se iba produciendo un antagonismo que sólo podía terminar con la implicación del proletariado y las situaciones de fuerza. En 1846 el Partido Moderado se escindió, debido a lo impopular de las medidas adoptadas por Narváez, que debió dimitir. En esta situación se produjeron una serie de partidas de bandoleros carlistas, que algunos historiadores elevan al rango de “2ª Guerra Carlista”. Además de los motivos tradicionales, y la coyuntura, que entendían propicia, estaban enfurecidos por porque se había frustrado la candidatura marital del pretendiente carlista con Isabel II, por la que apostaron los carlistas y algunos “moderados”, bastante próximos a ellos. En las partidas colaboraron progresistas y republicanistas, opuestos a los “moderados”, aunque por motivos antagónicos. En 1847 se levantó la expatriación de Godoy, que sobrevivía en París con una modesta pensión concedida por Luis Felipe de Orleáns y de las ventas de sus Memorias en ambos países, y se le devolvieron casi todos sus títulos y bienes. Sin embargo, con 80 años, se entusiasmó con la revolución francesa de 1848 y permaneció allí hasta su muerte, en 1851, por lo que sus bienes, al final, serían expropiados por la I República Española.

 

El fin de la desamortización eclesiástica y la llegada a la presidencia del Gobierno del conservador Bravo Murillo permitió la firma del Concordato de 1851, que establecía compensaciones por los bienes anteriormente expropiados y el culto excluyente a la religión católica, con todas las prerrogativas según la Ley de Dios y los sagrados cánones. Se incrementó la centralización administrativa y el control político de ayuntamientos y universidades. La corrupción era generalizada y la corte era constante motivo de escándalo, que no podía impedirse que llegaran al público. El General O’Donnell, antiguo colaborador de la reina Mª Cristina, se unió al ala más liberal de los moderados, y, junto con Cánovas del Castillo, se enfrentó al ejército nacional en 1854, en la localidad madrileña de Vicálvaro, en lo que se llamó “la vicalvarada”. El resultado fue indeciso, pero el alzamiento de más tropas en Barcelona y Madrid, junto con el pueblo, al que se le repartió armas y levantaron barricadas, iniciando un antecedente de lo que iba a ocurrir en los siguientes 80 años, decantó definitivamente la situación. Para salir del atolladero nombró Presidente del Gobierno nuevamente a Espartero, que se vio obligado a nombrar Ministro de la Guerra a O’Donnell, aclamado por las multitudes y con gran ascendencia sobre amplios sectores militares. Este formó la Unión Liberal, que, a pesar de su nombre, era el reducto de lo que quedaba de los “moderados”, que tampoco lo eran. Se aprobaron las leyes de ferrocarriles, bancos, sociedades, fundamentales para el desarrollo económico y del liberalismo.

 

Espartero apostó por la Ley de Desamortización de los señoríos aristocráticos de Pascual Madoz, y el incumplimiento del Concordato, mediante una Ley que impedía que nadie pudiera ser molestado por sus creencias, así como la continuación de la desamortización eclesiástica, y el debate de una nueva Constitución mucho más progresista que, entre otras cosas, permitiera la libertad de cultos, y expulsó a la reina madre y a su esposo, no sólo por la influencia que tenían sobre Isabel II, sino porque estaban implicados en todos los negocios corruptos y fraudulentos. Todo ello acabó con las relaciones entre el Jefe del Gobierno y la reina. Previendo lo que podía ocurrir, Espartero movilizó a la Milicia Nacional y a la prensa contra los ministros “moderados”. En tales circunstancias los carlistas se sublevaron en Valencia, por lo que la reina, que comprendió que ya no lo necesitaba,  prefirió dar el Gobierno a O’Donnell. Este derrotó a la Milicia Nacional, mandada por Madoz, y la disolvió, pero dio muestras de querer contemporizar con los progresistas, situación que parecía lógica, dada su mayoría parlamentaria. Así, aunque impidió la promulgación de la Constitución debatida, añadió un Acta Adicional a la de 1845, suavizándola. La reina no estaba dispuesta a permitirlo, por lo que lo sustituyó por el General Narváez, que anuló dicha Acta Adicional y centralizó la instrucción pública. Este trueque de gobernantes va a ser el antecedente del turnismo del último cuarto del siglo decimonono y primera década del vigésimo en España. En 1849 es detenido el pretendiente Carlos Luis cuando intentaba entrar en España, mientras que el resto de las partidas, mandadas por el General Cabrera, perseguidas por las tropas leales, salen del país, con lo que se da por concluida la llamada “2ª Guerra Carlista”. Nuevamente una amnistía general para todos ellos los estimulará a repetir sus asesinos intentos.

 

No fue hasta noviembre de 1857, 11 años después de casada, cuando nació el futuro Alfonso XII, que unos sostienen que era hijo del capitán Puig Moltó, y otros del General Serrano, ambos amantes de la reina. El autoritarismo de Narváez no pudo mantenerse, por lo que en 1858 volvió a ser sustituido por la Unión Liberal de O’Donnell, que evoluciona hacia el centrismo bajo la dirección ideológica de Cánovas del Castillo. Se recuperó la economía y se controlaron las elecciones desde el Ministerio de Gobernación, asegurándose la mayoría parlamentaria absoluta: un antecedente del comportamiento electoral corrupto que iba a caracterizar la restauración borbónica alfonsina. Se reinstauró el Concordato de 1851, continuándose con la compensación a la Iglesia por las expropiaciones, pero en títulos de la Deuda del Estado, en vez de efectivo. Esto conllevaba pagar intereses por el aplazamiento, aunque evitaban el aumento de inflación de precios que tal aumento de circulación monetaria habría acarreado. Se intentó recuperar el orgullo patrio, evitar tensiones internas y alejar parte del ejército que pudiera ser peligrosa,  mediante acciones militares de corte imperialista en el exterior. Así entre 1857 y 1862 se intervino en Cochinchina, las actuales Vietnam y Camboya, en beneficio de Napoleón III. Se participó en la guerra de Crimea. En 1859, tomando como pretexto algunos incidentes en Ceuta, el General Prim ganó fama venciendo en Castillejos y Wad Ras, y rindiendo Tetuán. Se intentó la conquista de Tánger, con gran apoyo popular, pero Gran Bretaña no lo consintió. En cambio se consiguió anexionar Ifni, Sahara y Guinea Ecuatorial. Se produjo la sublevación campesina de Loja, la ciudad natal de Narváez, en1860, dirigida por el arquitecto López del Alamo, que acabó con condenas a muerte, lo que no se hacía en muchas ocasiones cuando los que se sublevaban eran militares, sobretodo reaccionarios.

 

Se intervino en la instauración del Emperador Maximiliano en Méjico, en beneficio de Napoleón III. En 1861 se produjo una anexión efímera de Santo Domingo, y en 1863 la guerra contra Chile y Perú, en la que se bombardearon cobardemente Valparaíso, el puerto de Santiago, y Callao, el puerto de Lima. Tal vez influido por el rey consorte, quizás con la intención de acabar con la alocada vida amorosa de la reina, en palacio se fue congregando un ambiente realmente conservador y clerical, oscurantista, especialmente los confesores reales, en particular el padre Claret, y la “monja de la llagas”, sor Patronicio, que hacía profecías para días determinados. Es lo que se llamó “Corte de los milagros”, que no mermó la capacidad sexual de la reina (siguiendo los antecedentes de su madre y su abuela, tuvo once hijos, aunque sólo sobrevivieron cuatro) pero sí contribuyó al descrédito de la misma. En 1865 se destituyó a Castelar como catedrático, por unos artículos en los que denunciaba la venta de Patrimonio Real, del que la reina se llevaba el 25 %. Los estudiantes protestaron en la “Noche de San Daniel”, por ello y por las medidas de Alcalá Galiano, de alejar el racionalismo y el krausismo y mantener la doctrina moral de la Iglesia católica. Se produjo una represión que provocó la muerte de trece estudiantes, ordenada por González Bravo. En enero de 1866 Prim intentó un pronunciamientoen Villarejo de Salvanes, que fracasó. En junio hizo otro intento en el cuartel de San Gil, muy sangriento, que costó sesenta condenas a muerte. Los demócratas, que aceptaban la monarquía por mero pragmatismo, pero que, en el fondo, eran republicanistas, llegaron con los progresistas, en agosto, al acuerdo de Ostende, con el objetivo de derribar a los moderados, lo que era imposible de forma electoral, dado lo restrictivo del sufragio y el nudo de intereses urdidos con tal oligarquía, y cambiar la Constitución.

 

La muerte de O’Donnell en 1867 permitió el regreso de Narváez, que condonó las penas de muertes que aún no hubieran sido ejecutadas, pero continuó con las expulsiones de krausistas y republicanos de las cátedras, la censura y la represión de las manifestaciones. Al año siguiente murió Narváez, lo que parecía propiciar la ocasión para un nuevo intento de Prim.

 

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