Constitucionalismo y anticonstitucionalismo en España

 

           

    Continuando con el artículo anterior, “Antecedentes hispánicos a la democracia y el liberalismo”, debemos concluir que Carlos IV se asustó por el levantamiento popular de Aranjuez. No estaba en su propósito asumir personalmente las responsabilidades de Gobierno, así que abdicó en su hijo Fernando VII, el Rey Deseado para unos, el Rey Felón para otros, el 18 de marzo de 1808. La muerte de ocho de sus hermanos le situaba como heredero ¿Habrían sido casuales todas esas muertes? Pero no era éste el deseo de Napoleón: prefería un rey viejo y marioneta, y un Consejo de Ministros en situación de debilidad, enfrentado al pueblo y a los conspiradores, que un monarca joven e impulsivo coronado por la presión popular. Cuando Fernando VII entró en Madrid, pretendiendo ser aclamado como rey, se encontró la ciudad tomada por los franceses, comprendiendo el alcance ilusorio de su título regio. Carlos IV, tal vez inducido por su esposa, escribió el 21 a Napoleón para que se interesara por la vida y libertad de Godoy, añadiendo que él había abdicado para salvar su vida, posiblemente como demostración del aprecio que sentía por él. Napoleón comprendió la oportunidad que se le ofrecía y le escribió citándolo en Bayona, para reflexionar sobre la violencia con la que lo habían forzado a la abdicación y hallar una solución amistosa que mejorase sus relaciones con Fernando VII. Enterado de lo que ocurría éste se apresuró para atajar a Carlos IV y llegar antes que él a Bayona, para convencer a Napoleón de que lo aceptara como rey de España. Pero no eran estas las intenciones del Emperador. En una cena de gala, ante la desconsideración de Fernando VII hacia Carlos IV, Napoleón le gritó: “¡Es usted un malvado y un animal!”. Su madre, que, según la Emperatriz, llevaba un escote que la hacía parecer una momia medio desnuda, le pidió al Emperador que fusilara a Fernando VII.

 

    Indudablemente presionados por Napoleón, que jugaba sus bazas enfrentando a los distintos miembros de la familia real, estos pidieron reunirse con los Infantes, quizás con la intención de reconciliar las relaciones entre ellos. O, tal vez, para superar el ambiente depresivo en el que se encontrarían, comprendiendo el embrollo en el que se habían metido, y las trascendentales decisiones que se les obligaba a tomar, sin permitir la presencia de ninguno de sus consejeros habituales. Sin embargo la servidumbre de palacio, que ya había intervenido en amotinar al populacho en Aranjuez, hizo correr la voz de que los Infantes estaban llorando porque no querían salir de Madrid. Preparada la carroza real aquel dos de mayo, el pueblo se arremolinó a su alrededor, impidiendo que partiera. Cogieron las riendas y las cortaron, así como  los enganches, y soltaron los caballos, arrastrando ellos mismos la carroza. El General Murat, cuñado de Napoleón, ordenó a la caballería ligera mercenaria “mameluca” (posible deformación de Bab-el-Luk, o “Hijo del Diablo”, una construcción populachera que recuerda a bab-el-raguel, que significa “hijo de perra”) que Napoleón se había traído de Egipto, donde quedó asombrado por su valor demencial en combate, que dispersara a la muchedumbre. Esta se resistió y se desató una lucha campal, durante la cual el sevillano Daoiz, comandante del Parque de Artillería del Palacio del Duque de Monteleón, junto con el capitán Velarde, 120 paisanos y medio centenar de militares, resistieron hasta la muerte el ataque de 2.000 franceses. Semejantes hechos llevaron al alcalde de Móstoles a pedir la insurrección general contra los franceses. Multitud de madrileños serían fusilados al día siguiente, cerca del cuartel de La Montaña del Príncipe Pío, para servir de escarmiento. Cuando las noticias llegaran a Bayona, el 5 de mayo, Napoleón consiguió que Fernando VII renunciara al título de rey, a cambio de un castillo y una pensión anual de cuatro millones de reales. A su regreso a España diría que bajo amenaza de muerte.

Simultáneamente compró la abdicación de Carlos IV a cambio de varios palacios y una renta de treinta millones de reales, que nunca cobraría. Este, convencido de que no era rey, sino que ya había abdicado en Fernando VII, firmó creyendo que engañaba a Napoleón, que le vendía algo que no valía nada. De este modo, aunque no honestamente, la corona pasó a Napoleón I, legítimo rey de España. Convocó una asamblea de 150 notables, la llamada Junta Española de Bayona, para debatir la primera Constitución de España, entre el 15 y el 30 de junio. Sólo acudieron la mitad, y tras pocas rectificaciones, aprobaron el proyecto de Napoleón. El 7 de julio, Napoleón abdicó en su hermano José. El 8 de julio se proclama la Constitución de Bayona. Algunos la consideran una Carta-Otorgada, o un Estatuto, por la escasa participación de aquellos a los que iba dirigida. Pero, en aquella época, las cosas se hacían así ¿A quién representaban, o cómo fueron elegidos, los 200 representantes que aprobaron la Constitución del 19 de marzo de 1812, la “Pepa” de Puerto Real, debatida en Cádiz? ¿O la Asamblea Nacional francesa? ¿Quiénes han aprobado o debatido el Tratado anti-constitucional (puesto que anula todas las Constituciones nacionales en lo que se oponga a los imperativos ¿neo?liberales del mismo) Europedo? ¿No fueron también un grupo de notables no elegidos ni en representación o mandato de nadie? Para profundizar sobre dichos conceptos sugiero la lectura del primer artículo de este blog “Pero… ¿qué democracia?” Dicha Constitución promulga la existencia de unas Cortes, de carácter estamental, que deben ser oídas antes de aprobar ninguna Ley. Anteriormente las Cortes Españolas, que tampoco eran representativas, sólo se convocaban para modificar (es decir, aumentar) los impuestos: podían transcurrir decenios sin que fueran convocadas

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  Declaraba la judicatura independiente del poder real, aunque eran nombrados por el rey. Este tenía que respetar los derechos de los ciudadanos incluidos en la Constitución: libertad personal, inviolabilidad del domicilio, derechos del detenido y del preso, abolición de la tortura. En su artículo 1º se establece que la religión católica, apostólica y romana es la única permitida en España y sus posesiones. Separaba el Tesoro Público de la Hacienda Real, suprimía las aduanas interiores (como ha hecho, respecto de Europa, la Unión Económica) y creaba un Tribunal de Contaduría para el examen de cuentas. Era, por tanto, un conjunto de normas liberales, liberalizadoras, y continuadoras del Antiguo Régimen, en parte por exigencia de los notables que la debatieron, en parte para que fuese más aceptable para el retrasado pueblo español. Se produce entonces una paradoja que va a afectar al futuro de España: gran parte de la alta nobleza, secular y eclesiástica, frente a la abdicación legal y a la autoridad regia constituida, deciden acatarla, incluso la Constitución, mientras el pueblo llano, incluidos el bajo clero, la pequeña burguesía y la intelectualidad, le consideraron rey intruso. El ejército, poco a poco, fue desertando y pasando al bando opositor, sobretodo conforme los franceses iban incrementando la ferocidad de sus represalias fascistas, como hoy hace Israel. Se inicia así un antecedente de lo que iba a caracterizar al ejército español hasta tiempos muy reciente: la deslealtad a la autoridad constituida, la desobediencia al poder civil y el posicionamiento político, actuando como ente autónomo, independiente de la estructura del Estado de la que se supone que forma parte.

A su vez las clases bajas, especialmente la eclesiástica, pretendían el restablecimiento del despotismo en la persona de Fernando VII, mientras que la intelectualidad, incluyendo los clérigos más ilustrados, y las clases medias aspiraban a una monarquía parlamentaria, como la existente entonces en el Imperio Británico, y los franceses habían impuesto en diversos Estados, o la que hay actualmente en España. Pretendían, con ello, impedir un nuevo acaparador de poderes, como Godoy, o, anteriormente, el Duque de Sanlúcar del Arroyo de La Mayor y Conde de Olivares, implicase a España en aventuras guerreras que la llevaran a mayores desastres. Pretendían, con ello, impedir un nuevo acaparador de poderes, como Godoy, o, anteriormente, el Duque de Sanlúcar del Arroyo de La Mayor y Conde de Olivares, implicase a España en aventuras guerreras que la llevaran a mayores desastres. A estas dos españas, en función de su asunción o rechazo del liberalismo, a su vez divididas en dos, las que, asumiendo dicha línea política, acataban o rechazan al nuevo rey, se añade otra división, geográfica: el norte mayoritariamente tradicionalista, aldeano (es decir, pagano, en sentido etimológico) totalitario, religioso, despótico, encerrado en sí mismo, violento, y el sur desproporcionadamente librepensador, civilizado y civilizador, cosmopolita, comerciador ultramarino, abierto a las influencias extranjeras, progresista, descreído e incrédulo, reformador, innovador, filosófico, político, dialogante, pacífico. Las dos hispanias, celta e ibera, citerior y ulterior, goda y bizantina, de religión única y de religiones varias, que parecían haber desaparecido tres siglos antes, bajo el yugo unitario reconquistador. O, al menos, desde hacía cien años, con la España unificada borbónica, pero que siguen existiendo hasta la actualidad. 

José I de España no fue un mal rey. A los 20 años concluyó los estudios de Derecho, por lo que es el único rey de España que ha tenido título universitario. Nombró Primer Ministro a Urquijo, integrando entre sus ministros a Cabarrús. Abolió la Inquisición y bajó el precio tasado del trigo, lo que supuso un duro golpe para los aristócratas latifundistas, entre ellos la Iglesia Católica (como dice el refrán: “una cosa es predicar y otra dar trigo”) en beneficio de las clases más bajas. En vista de la altísima cifra de alcohólicos, que aún hoy hay en España, incrementó el impuesto sobre tales bebidas. Esto, en cambio, le granjeó la antipatía de todas las clases sociales, sobretodo las más bajas, las que más dificultad tenían para pagar precios más elevados. Se corrió la voz, injustificada, de que lo que intentaba era acaparar el vino para él, por lo que lo motejaron de Rey de Copas, Rey Beodo o Pepe Botellas, lo que supone una interferencia entre la inicial de su apellido (en realidad, como corso que era, el auténtico fue Buonaparte) y la “Pepa” de Puerto Real. Embelleció Madrid construyendo multitud de plazas y plazuelas, casi todas ellas sobre los solares de iglesias y conventos (muchos otros fueron utilizados como acuartelamientos, señalando el camino de la futura “desamortización”, o expropiación forzosa sin indemnización de bienes productivos en “manos muertas”, que se suponía que no los explotaban racionalmente, como hicieron los revolucionarios franceses) la mayor de todas la Plaza de Oriente, dando vista al palacio real. Por ello también fue motejado de El Rey Plazuelas. El ayuntamiento de Madrid rotuló la calle que separa el palacio de dicha plaza con el nombre de Bailén, para su desagrado. En Sevilla demolió las iglesias de La Magdalena y del barrio de Santa Cruz, y el convento de La Encarnación, construyendo las plazas del mismo nombre.

No obstante, los apremios de su hermano, el Emperador, para que le remitiera fondos para sus guerras, a parte del coste de la que se libraba en España, le obligó a subir los impuestos, lo que aumentó la antipatía popular hacia él. El 26 de mayo llegó a Sevilla un personaje al que, en aquellos momentos, se le denominó “El Incógnito”, y más tarde se supo que era Nicolás Tap y Núñez de Rendón, provisto por los ingleses de abundante oro. Aquella noche consiguió amotinar a los 9.000 soldados de la guarnición, que cercaron el Ayuntamiento con artillería, obligando al Asistente y su Cabildo Civil a disolverse y constituirse reconociendo la legitimidad de Fernando VII. El mismo día 27 se constituyó en el Ayuntamiento la Junta Suprema de Gobierno de la Nación, bajo el mando de “El Incógnito”, pero presidido por Saavedra, junto con Antonio de Esquivel, notario del Cabildo Eclesiástico, el arzobispo Laodicea, y Joaquín de Goyeneta, entre otros, que declaró la guerra a Francia, propuso un alianza a Gran Bretaña y repartió armas            al pueblo para la lucha contra los franceses: todo un anticipo de los que iba a repetirse durante los 125 años de historia siguientes. Como bandera Esquivel entregó una rica colcha encarnada sobre la que se cosió una estampa de Jesucristo y el lema “Religión y patriotismo triunfarán del francesismo”. El Ayuntamiento envió a su procurador, el Conde del Aguila, para deslindar los cometidos de ambas instituciones. El pueblo interpretó que se trataba de un afrancesado, contrario a los sentimientos patrióticos exultantes del momento, por lo que lo apresó y condujo a la Junta Suprema. Esta lo remitió al castillo o torre de la Inquisición, en la Puerta de Triana, custodiado sólo por dos alguaciles, quizás con la intención de que fuese objeto de las iras populares, como así fue: lo tirotearon y su cadáver fue colgado del balcón de la Puerta de Triana.

La Junta Suprema ordenó la movilización de toda Andalucía, la requisa de caballos, la toma de fortificaciones y el ataque a los franceses utilizando la táctica de guerrillas. Cuando se les unieron tropas británicas se les enviaron contra Andujar, donde estaba concentrado la mayor parte del ejército francés en España, al que cortaron la retirada, obligándoles a entablar combate en Bailén, en situación del todo desfavorable para ellos. Tras la rendición de Bailén, la primera de un ejército napoleónico en Europa, José I tuvo que huir a Francia. La moneda fuerte de los reinos visigodos era el solidus o sueldo, equivalentes a la indemnización por licenciamiento o jubilación (equivalente a la pensión capitalizada de los “modernos” fondos de pensiones incentivados por los ¿neo?liberales y experimentados por imposición por Pinochet) de un legionario romano. Los reinos cristianos que se iban independizando acuñaron el dinero, imitación del dinar marroquí, que, a su vez, imitaba al denario romano, la décima parte (una rodaja) de un as, un pequeño lingote de oro equivalente al precio de una vaca o res, figura estampada en ambos extremos. Alfonso X ordenó falsificar la moneda de plata almorávide (es decir, al-mus-al-rabid u “hombre de la Rábida o Rápita”, o convento fortificado)  de gran aceptación en toda Europa, incluyendo sus invocaciones en árabe a al-Laj. Acuñaciones posteriores las convertirían en simples garabatos, más por ignorancia que para evitar su significado religioso. Popularmente el nombre se deformó, hasta convertirlo en maravedí. Posteriormente su valor se depreció, hasta convertirse en fraccionaria del real, que era la moneda oficial. A la moneda de 8 reales se le denominaba peso o ducado, por equivaler a la moneda veneciana, por lo que, popularmente, a la moneda de un real se la denominó ochavo, chavo en Sudamérica, y cuarto a la de dos reales. A la de 16, peso fuerte, duro o doblón. A la de 32, dobla.

El escudo equivalía a 40 reales, 5 doblones, y la onza de oro a 320 reales, 8 escudos ó 40 doblones. Las monedas de los primeros borbones s denominaron pelucones o pelucos, por la larga melena rizada de sus efigies, a la moda francesa. En Cataluña se llamaban pesetes a las monedas de medio peso. Es decir, a los cuatro reales. Con José I se acuñaron pesetas por primera vez, con esta denominación, en castellano, quizás para evitar interpretaciones de que estaba rotulada en francés, en un lenguaje extranjero, invasor, sin su efigie y con el escudo condal de Barcelona, ya que, tras el avance de los ejércitos de la Junta Suprema y británico, sólo le quedaba soberanía al norte del Ebro. Más tarde añadiría al escudo de sus monedas, ya con su efigie, imitando a los emperadores romanos, como hacía Napoleón, las columnas de Hércules, distintivo de hispanoamérica que, hasta entonces, sólo utilizaban las pocas monedas acuñadas allí. Con el retorno de Fernando VII se dejaron de emitir pesetas, pero, a ambos lados de los escudos, se incorporaron las columnas de Hércules, unidas por una estola con el lema plus ultra, aludiendo al Tratado entre Cartago y Roma que prohibía a los romanos navegar más allá (non plus ultra) de Mastia, posiblemente Cartagena, y, por tanto, salir del Mar Mediterráneo. Cuando los estadounidenses imitaron la dobla como modelo de su dólar de plata, hicieron desaparecer, lógicamente, el escudo real, pero mantuvieron las dos columnas y la estola, sin leyenda, que, estilizado, ha permanecido como símbolo del dólar: $. La derrota de Bailén obligó al Emperador a intervenir personalmente, al mando del grueso del ejército, compuesto de unos 300.000 hombres, llegando a las murallas de Cádiz sin encontrar apenas resistencia.

Tomó directamente la dirección del Estado, suprimiendo los derechos feudales, el Consejo de Castilla, y tomando represalias contra los grandes de España, que habían comenzado un doble juego: toda una auténtica revolución. Restaurada la autoridad de José I, éste abolió los títulos de Grandes de España, los últimos vestigios de la administración del Antiguo Régimen, exclaustrando y secularizando a frailes y monjas. Organizó España en prefecturas, en lugar de Reynos, a imitación de la distribución de Francia, modelo en que se basa la actual distribución provincial. Sin embargo esta medida no fue efectiva, porque, en vista de la situación militar, Napoleón había ordenado la anexión de grandes zonas (el norte del Ebro, Cataluña, Levante) para el directo control del ejército. Aprovechando el bautizo del heredero imperial, el Rey de Roma (del que se dice “por la puerta asoma”, ya que se dedicaría toda su vida a dar sablazos y conspirar para hacer efectivo el título de Emperador, que reclamaba por herencia) se enfrentó con su hermano para que le devolviese el control de tales zonas, pero sólo consiguió la promesa de envíos de dinero desde Francia para compensar la quiebra del Tesoro español. Como por todas partes surgían Juntas, unas asumiendo la obediencia de Fernando VII, otras dejando pendiente la deliberación sobre quién era el rey legítimo, unas más liberales, otras más reaccionarias, se acordó nombrar una Junta Central que aglutinara, unificara y disciplinara a todas, a imitación de la que había dejado instaurada Fernando VII cuando acudió a Bayona, y que no había sido operativa. Se estableció primero en Madrid, después se trasladó a Aranjuez, más tarde a Sevilla, finalmente a Cádiz, conforme avanzaban las tropas francesas, y, burlando por mar el sitio de la ciudad, para evitar los bombardeos, se trasladó a la Isla de León (posteriormente denominada de San Fernando) o a Puerto Real.

Se opusieron a dicha Junta Central los elementos más liberales, por lo que, en 1810,  se convocaron “elecciones” (más bien designacio­nes, como se hacía en las Cortes bajo el despotismo, nombrados por los ayuntamiento en representación de las mayores ciudades; sin embargo en esta ocasión también se convocó a los pueblos, lo que obligaba a realizar nueva selección de segundo nivel, a imitación de la Asamblea Nacional francesa) siguiendo la recomendación de Fernando VII, aunque llegaron a la conclusión de que debían debatir una nueva Constitución. Esta forma de designación primaba a los liberales, puesto que los ayuntamientos se consideraban centros inferiores de poder, despreciados entonces por la nobleza, por lo que los comerciantes contaban con bastantes miembros. El sesgo entre la aristocracia, sumisa a José I, y los comerciantes y campesinos, reacios o carentes de medios para abandonar sus tareas, daba mayoría a la intelectualidad inquieta y desocupada, los eclesiásticos de nivel inferior y los altos funcionarios, designados por Godoy, aunque más tarde desafectos a su gobierno corrupto y a la subordinación a los franceses. Las zonas controladas por los franceses o los leales a José I no remitieron delegados. Así que, cuando llegaba a Cádiz alguien de dichas localidades, se le ofrecía participar en las Cortes, sin más requisitos, en representación de las mismas. Esto daba primacía a los comerciantes ultramarinos, cosmopolitas, aumentando el sesgo a favor de los liberales. De este modo participaron indianos y criollos, a los que las Cortes de Cádiz sirvieron de escuela revolucionaria, lo que tendría sus consecuencias cuando Fernando VII se negó a acatar la Constitución de 1812, o a reinstaurar la autonomía, más bien descentralización, económica y administrativa, aunque no política, ensayada por Carlos III, y anulada por el mismo cuando se comprobó las consecuencias de aumento de corrupción y comercio ilegal con los británicos que producía.

Mientras tanto Fernando VII le escribía cartas a Napoleón felicitándole por sus éxitos en España, pidiéndole la mano de alguna de sus sobrinas, quizás la primogénita de José I, “para quitarle a un pueblo ciego y furioso el pretexto de continuar cubriendo de sangre la patria”, firmando como “el más humilde súbdito de Su Majestad Imperial y Real”. Es decir, reconociéndolo como rey de España. En 1811 es fusilado González Cuadrado en Sevilla, al encontrársele documentos cifrados. Aprobada la Constitución de Cádiz, José I la contrarrestó convocando elecciones a Cortes, pero en 1813 se vio obligado a huir de nuevo, para no regresar. A su paso por Vitoria sufrió otra nueva derrota, luchando en retirada, acompañado, entre otros, por la madre de Godoy. En ella perdió el botín que se llevaba a Francia, en obras de arte (además de las muchas que ya se habían remitido allí, algunas de ellas aún no recuperadas) el Tesoro Público (¿aún quedaba?) y las joyas reales. Estas no llegaron a recuperarse. Fernando VII sostenía que no fue José I quien se las llevó, sino su madre, la esposa de Carlos IV, y Godoy. Vuelto a España Fernando VII ordenó registrar los domicilios de las amantes de Godoy, donde no se encontró nada. Sin embargo estas, al huir a París, hacían gala de inmensas fortunas en joyas, con algunas de las cuales compraron palacios. Finalmente José Bonaparte se estableció en Estados Unidos de América, con nombre falso, ayudando a la huida de los bonapartistas, a través de la red masónica, como harían los nazis mediante la sociedad secreta Odessa, controlando hoy los descendientes de estos importantísimos puestos de la dinastía (am)Bush. La Constitución de 1812 establecía unas Cortes permanentes, de forma semejante a la de Bayona, aunque estipulando que su elección debía realizarse mediante sufragio. Garantizaba la libertad de imprenta y de industria, abolía la Inquisición y ordenaba el reparto de tierras.

Es decir: era mucho más revolucionaria que la de 1808. Todo un antecedente para lo que iba a ocurrir durante los 125 años posteriores. Acosado por sus enemigos Napoleón pactó con Fernando VII su reinstaura­ción a cambio de que se comprometiera a no continuar la guerra contra Francia y a respetar a los que habían sido leales a la dinastía bonapartista. Dicho pacto llevó a los demás aliados a no considerar a España como potencia vencedora, marginarla del contexto europeo del futuro Congreso de Viena y toda su actividad diplomática, lo que interesaba sobremanera a Gran Bretaña, pues sus planes eran estimular el independentismo americano, sacando provecho de la falta de una Armada adecuada, y conseguir el flujo económico de todos sus inmensos dominios. Al llegar a España, el 16 de abril de 1814, le estaban esperando representantes de las Cortes de Cádiz, unos con la exigencia de que jurase la Constitución de 1812 para reconocerle como rey, tal como en ella se establecía, y otros representantes del absolutismo, o “serviles” (mantenían la persistencia de la servidumbre de la gleba, como si nada hubiera pasado) con un manifiesto firmado por 69 diputados de dichas Cortes (los liberales le llamaron “El Manifiesto de los Persas”, porque comenzaba relatando una presunta antigua costumbre de los persas de permitir cinco días de asesinatos y desórdenes tras la muerte de cada rey para que los súbditos desearan el orden despótico del nuevo monarca) pidiendo que la aboliera. Al día siguiente el Capitán General Elío puso a disposición del rey sus tropas para que recuperase el poder absoluto. Así lo hizo diecisiete días después, tras ser aclamado tumultuosamente por el pueblo madrileño, que sustituyó sus caballos para tirar de la carroza, al grito de ¡Viva el rey absoluto! O ¡Vivan las “caenas”! Era las respuestas a las reiteradas proclamas de los franceses, que intentaban justificar su presencia repitiendo que pretendían traer la libertad a España.

Fernando VII anuló la Constitución y todos los decretos de la Junta Central. Reinstauró la Inquisición. Prohibió el regreso, a perpetuidad, de su madre, Carlos IV y Godoy. En tales circunstancias Carlos IV abdicó nuevamente en Fernando VII, a cambio de ocho millones de reales. Fernando VII persiguió con saña a los liberales y a la masonería, pero no tanto a los que habían obedecido a los bonapartistas, sino a los que habían luchado contra los franceses y colaborado con las Cortes de Cádiz, que eran los que más le preocupaban, por su ascendencia popular. Lógicamente se expulsó del ejército a los militares que había obedecido a José I, admitiéndose íntegramente a los leales a la Junta Central, que había combatido “al francés”. Pero este ejército estaba constituido por dos sectores, unidos en el objetivo común de recuperar la soberanía nacional, pero sobre dos bases ideológicas muy distintas: los que querían regresar a la situación anterior, a la monarquía despótica, y los liberales, que pretendían el respeto por la Constitución y las Cortes de Cádiz. Se trataba de un ejército esquizofrénico, ideologizado, politizado, que llegaría a considerarse juez y verdugo, superior, del poder civil, y que produciría terroríficos enfrentamientos de las dos españas durante casi dos siglos, y que algunos quieren nuevamente reeditar. Volvió la censura de prensa y se devolvió a la Iglesia todo lo confiscado. Pocos mese más tarde se sublevó el Mariscal de Campo Espoz y Mina, para restablecer la Constitución de 1812, pero fracasó y tuvo que huir a Francia. En 1815 se sublevó el Mariscal de Campo Díaz Porlier (ambos eran héroes de las guerras napoleónicas, impropiamente llamada “de la independencia”, denominación que debe dejarse para las guerras en las colonias americanas) con el mismo objetivo, pero, sin haber llegado a producirse ningún enfrentamiento armado, al ser traicionado, fue preso y ahorcado.

En 1817 se levantaron los Generales De Lacy, Milans del Bosch y Torrijos, al parecer con gran apoyo de las burguesías catalana y andaluza, siendo condenados a muerte. En 1819 se produjo un levantamiento en Valencia, que fue reprimido con extrema crueldad. En 1820 se produjo el levantamiento del Teniente Coronel Riego en Las Cabezas de San Juan, utilizando las tropas que iban a ser enviadas contra los independentistas americanos, a quienes los liberales veían con simpatía. En su honor se compuso el himno que sería símbolo de las dos repúblicas españolas, posteriores a la catalana. Con todo ello Fernando VII se vio obligado a aceptar la Constitución. Se inicia así otra característica de la historia reformista de España: su divorcio, no sólo de la realidad reaccionaria del país, sino de la situación internacional. Efectivamente los tiempos no eran proclives para el constitucionalismo. En Europa imperaba el Congreso de Viena, dirigido por el Príncipe Von Metternich con la colaboración del Zar de Rusia, que intentaba implantar el absolutismo por doquier, con la indiferencia de Gran Bretaña, que, alejada de la política continental, progresaba, contradictoriamente, tras todo lo ocurrido en las guerras napoleónicas (como decía Lenin, la realidad es tozuda; según el análisis marxista son los condicionantes económicos los que terminan imponiendo sus exigencias) el liberalismo, mientras se concentraban en expandir su imperio, su producción y el monopolio comercial ultramarino. Así que, en 1823, por orden del Congreso de Viena, los franceses remitieron los 100.000 Hijos de San Luis (nombre asignado por el Zar, que se empeñaba en una Santa Alianza de la cristiandad contra los turcos, pero que los austriacos veían con su propio interés expansionista) que, tras derrotar a los liberales el 31 de agosto, volvieron a instaurar el absolutismo, declarando nulas todas las decisiones gubernamentales y legislativas de los tres años anteriores.

 

Por ejemplo, se anuló la abolición de la Inquisición y de los Señoríos. Se forzó el exilio de muchos liberales, iniciando un precedente que debería repetirse por los demócratas españoles muchas veces. Sin embargo la situación económica del país mejoró, lo que produjo un proceso de creación de empresas que tendría sus repercusiones en la política. Se perdieron casi todas las colonias. Se reinstauró la censura, y se cerraron periódicos y universidades. Aún así a los reaccionarios les parecía poco, y se producían múltiples levantamientos absolutistas, encabezados por el clero y los partidarios del hermano del rey, Carlos María Isidro, heredero al trono según el Auto acordado (de tal forma se llamaban, en aquella época, las decisiones regias con poder legislativo) de 1713, por la que los borbones traían a España la llamada “ley sálica”.

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